A finales de 2021, reaparece el Movimiento 23 de Marzo (M23) y se reanudan los combates con las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). No es el único grupo armado presente en el este del país, donde al parecer hay más de un centenar de ellos. Ante esta situación explosiva, los ejércitos de los Estados limítrofes han reforzado las fuerzas armadas congoleñas y se han lanzado varias iniciativas de paz y de mediación. Sin embargo, por el momento estas respuestas militares y políticas han resultado ineficaces.
A lo largo de más de 30 años, la región ha sido escenario de la formación, disolución y reaparición de grupos armados, sin que ninguna operación militar haya conseguido calmar la situación. La población, víctima de esta tragedia, manifiesta un fuerte deseo de paz mientras se acercan las elecciones de finales de año.
Ante esta situación, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en la RDC, la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADHO), el Grupo Lotus y la Liga de Electores, condenan las violaciones cometidas por los grupos armados contra la población civil y piden que se ponga fin a esta espiral de violencia.
Sin novedad en el este de la RDC
El este de la RDC se encuentra en el centro de la región de los Grandes Lagos, en la frontera con Rwanda, Burundi y Uganda. Es una región boscosa con un ingente patrimonio ecológico y una gran riqueza en recursos naturales, lo que la convierte en un destino codiciado. Se trata de un enclave rodeado de volcanes y lagos, en el que viven numerosos pueblos.
Desde hace casi 30 años, esta población está sometida a la inseguridad y la violencia que ejercen grupos armados extranjeros y congoleños, así como las fuerzas gubernamentales, quienes supuestamente deberían protegerla. Esto ha dado lugar a desplazamientos masivos de población: los enfrentamientos entre el M23 y las FARDC han causado el desplazamiento de al menos 600.000 personas. Según cifras de las Naciones Unidas, enero de 2023 se volvió a caracterizar por el aumento de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo en Kivu Norte.
Sucesivos ciclos de violencia. En primer lugar, se produjo el genocidio de la población tutsi en Rwanda en 1994, con la huida de los genocidas al Congo, que provocó su persecución por el ejército del Frente Patriótico Rwandés (FPR). Después, el declive del régimen dictatorial de Mobutu en Zaire, con la llegada al poder de la Alianza de Fuerzas Democráticas de Liberación del Congo (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila a partir de 1996, marcó el inicio de la violencia armada [1].
La presencia de fuerzas extranjeras en el este del Congo provocó la aparición de grupos armados nacionales. Su presencia se ha recrudecido debido a la mala gobernanza y la corrupción, lo que ha contribuido a arraigar la violencia y la sistematización de las violaciones de los derechos humanos.
Desde hace 30 años, las organizaciones de la FIDH documentan y denuncian las violaciones que se cometen en la RDC. Es necesario constatar que reina la impunidad: desde los crímenes cometidos por el ejército del FPR en 1994 hasta la búsqueda de los autores del genocidio, pasando por los crímenes cometidos durante las “dos guerras del Congo” entre 1998 y 2003 y los vinculados a los conflictos más recientes en el oeste del país. Es incluso posible orquestar esta impunidad. Los esfuerzos de los miembros de la sociedad civil por abrir investigaciones han sido en vano.
Los grupos armados, el azote del este
El M23 no es nuevo. Surgió en 2012 en Kivu Norte y tomó la ciudad de Goma, antes de que las FARDC y las tropas de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, la MONUSCO, lo dispersaran en noviembre de 2013. Está formada por antiguos milicianos tutsis congoleños procedentes del grupo armado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de Laurent Nkunda [2], una milicia que estuvo activa hasta 2009, cuando se alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno congoleño para que sus miembros se incorporaran al ejército del país el 23 de marzo de 2009. Con el pretexto del fracaso de este acuerdo, los milicianos desertaron y crearon el M23.
Entre ellos, Bosco Ntaganda detenido y condenado por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021 a 30 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ituri en 2002-2003, cuando lideraba las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. A finales de noviembre de 2022, en Kishishe, Kivu del Norte, el M23 habría asesinado a 131 civiles, según cifras iniciales de la ONU, aunque los datos del gobierno congoleño y del M23 difieren. En diciembre de 2022, tras esta masacre, el Congo remitió el asunto a la CPI.
Según el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Congo [3], la RDC y otros Estados acusan al M23 de estar apoyado por Rwanda, con el fin de luchar contra las FARDC y las FDLR, formadas por antiguos genocidas ruandeses aún activos en el país. Al parecer, las FDLR y los Interahamwe contarían únicamente con unos pocos supervivientes de ese régimen y estarían formadas por congoleños que se unieron a sus filas. También se dice que han colaborado con las FARDC para luchar contra el M23, algo que han denunciado tanto Rwanda como el M23 (véase el anexo 49 de ese mismo informe).
Sin embargo, el M23 no es la única amenaza. Otros grupos siembran el terror en el este. El ADF, grupo armado de origen ugandés, actúan en las provincias de Ituri y Kivu Norte. Creadas en Uganda contra el régimen de Yoweri Museveni, presidente desde 1986, para establecer el Estado Islámico, el ADF actualmente opera en suelo congoleño y se ha establecido en la frontera con Uganda. Calificado de grupo terrorista por Estados Unidos por sus vínculos con Daech, está relacionado con los insurgentes del norte de Mozambique, los “Al-Shabaab”, también calificados de terroristas. Daech reivindicó la autoría de los recientes atentados perpetrados por las ADF los días 15, 23 y 29 de enero en la RDC, en el territorio de Beni, en Kivu Norte, y en Ituri, donde murieron decenas de personas. Otro ataque cometido por las ADF en el territorio de Beni dejó 35 muertos y varios heridos. Este mismo grupo reivindicó también los atentados terroristas perpetrados en Kampala a finales de 2021.
Cabe señalar la multitud de grupos armados extranjeros y más o menos informales que operan en el este de la RDC. En este contexto, se plantea la cuestión de una fuerza armada regional.
¿Una fuerza armada regional “para llevar la paz” al este de la RDC?
El 20 de junio de 2022, la Comunidad de Estados de África Oriental (CAO) decidió enviar una fuerza regional para luchar contra los grupos armados en las provincias orientales de la RDC, en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur [4]. Esto se produce tras la celebración de reuniones sobre el este de la RDC a iniciativa del ex presidente keniano Uhuru Kenyatta, después de la adhesión de la RDC a la CAO en marzo de 2022. Además, está en marcha el proceso de paz “de Luanda” entre la RDC y Rwanda, que se acusan mutuamente de provocar el conflicto entre grupos armados –las FDLR por parte de la RDC y el M23 por parte de Rwanda–, liderado por el presidente angoleño João Lourenco. Pero a pesar de las negociaciones, emprendidas incluso a través de la Unión Africana, la situación está estancada.
A finales de 2022 se desplegó en Goma esta fuerza regional dirigida por Kenya. Desde entonces, se han unido a ella varias divisiones de los ejércitos de Burundi y Uganda, y pronto de Sudán del Sur. Tras un acuerdo con la RDC alcanzado en 2021, el ejército ugandés también interviene cerca de la frontera ugandesa [5] con las FARDC y contra las ADF. Según otro acuerdo bilateral, el ejército burundés está presente en Kivu del Sur desde agosto de 2022, junto a las FARDC y contra grupos armados de origen burundés: la Resistencia por el Estado de Derecho en Burundi (RED-Tabara) y las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL). Por último, según otro acuerdo reciente, Angola debería enviar soldados a Kivu Norte para el desarme y la reintegración de los combatientes del M23 en la sociedad civil.
¿Podemos confiar en los ejércitos de los regímenes autoritarios para el establecimiento de la paz?
Los contingentes ugandés, burundés y sursudanés proceden de ejércitos que reprimen los derechos y libertades fundamentales en sus países. En el contexto electoral ugandés, se reprimió a muchos miembros de la disidencia. Esta situación ha sido condenada por la FIDH y sus organizaciones, así como por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo mandato no será renovado por el gobierno ugandés. Desde 1986, el país está gobernado por el presidente Yoweri Museveni. Ante las elecciones ugandesas previstas para 2026, su hijo, Muhoozi Kainerugaba, jefe del ejército de tierra, pretende sustituirle en el poder, por lo que se ha levantado contra él.
En Burundi, el ejército habría recurrido a los Imbonerakure, una milicia a sueldo del régimen, conocida por sus abusos contra la población y la disidencia, sobre todo desde 2015. A pesar de la reanudación de las relaciones diplomáticas con sus socios, desde la llegada de Evariste Ndayishimiye al poder en 2020, la situación de los derechos civiles y políticos continúa siendo precaria.
Oficialmente, Rwanda no tiene contingentes armados en la RDC. La sociedad civil ha criticado extraoficialmente su presencia en Kivu Norte, incluso en apoyo del M23 para luchar contra las FDLR y las FARDC. La Unión Europea ha censurado su apoyo al M23, a pesar de que ha aprobado una ayuda de 20 millones de euros a este mismo país para financiar la intervención en favor de las tropas mozambiqueñas en la lucha contra la insurgencia en la provincia de Cabo Delgado. Se trata de una región en la que la empresa Total explota un yacimiento de gas. Esta presencia ruandesa en el este de la RDC da acceso a los recursos naturales que abundan en la región y permite mantener un clima de inseguridad en la zona. Paul Kagame es presidente de Rwanda desde 2000: ha instaurado un régimen basado en el miedo y la restricción de los derechos y libertades, tanto dentro como fuera del país. El espacio democrático es prácticamente inexistente.
En 2019, cuando Félix-Antoine Tshisekedi llegó al poder en la RDC para reforzar la cooperación con los países vecinos, la idea de un estado mayor único para los ejércitos de la región no se materializó. La sociedad civil, sobre todo en el este, se opuso a ella, por considerarla una puerta de entrada para los ejércitos vecinos, cuya presencia oficial o extraoficial ya se ha denunciado [6]. Existe un alto riesgo de desestabilización de la región.
Una fuerza regional acusada de pasividad e inacción
A principios de 2023 se organizaron manifestaciones en Goma contra esta fuerza regional, que se consideraba e ineficaz, aunque estas manifestaciones fueron violentamente dispersadas.
No era la primera vez, ya que, en julio de 2022, los movimientos en Kivu del Norte degeneraron en ataques contra la MONUSCO en fase de retirada progresiva, cuya presencia e ineficacia se critica regularmente. Al menos 19 personas murieron y 61 resultaron heridas. En julio de 2022, dos soldados de la brigada de intervención de las fuerzas de MONUSCO abrieron fuego en Kasindi y mataron a dos personas. Las investigaciones continúan en curso.
En 2013, se creó la Brigada de Intervención Forzosa (FIB) de la MONUSCO con un mandato ofensivo en virtud del Capítulo 7 de la Carta de la ONU, con derecho a usar la fuerza más allá de la legítima defensa. Esta fuerza está formada por contingentes kenianos, malauíes, tanzanos y sudafricanos [7]. Ese mismo año, la FIB combatió y derrotó al entonces M23, junto a las FARDC [8]. Desde entonces, la FIB también lucha junto a las FARDC contra otros grupos armados, entre ellos elº ADF, aunque sigue sin estar clara la coordinación con la fuerza regional de la CAO.
Une région en état de siège
En mayo de 2021, ante el resurgimiento de la actividad de los grupos armados en el este del país, el presidente Tshisekedi declaró el estado de sitio en Ituri y Kivu del Norte. Sin embargo, no ha dado los resultados esperados. Peor aún, ha provocado violaciones de los derechos y libertades fundamentales en las provincias afectadas por el estado de sitio, que la sociedad civil ha denunciado, constatando que el poder otorgado a los militares y a la policía se ha vuelto contra todas aquellas personas que se atreven a criticar los excesos. Las FARDC, conocidas por sus abusos, continúan sus operaciones junto a la MONUSCO y otros contingentes. Desde el levantamiento de la obligación de informar al Consejo de Seguridad en diciembre de 2022 (embargo de armas), pueden adquirir más fácilmente armamentos, equipos, formación, asesoramiento y asistencia militar para la RDC.
En este contexto, el nombramiento a finales de marzo de 2023 de Jean-Pierre Bemba como ministro de Defensa por el presidente Tshisekedi, unos meses antes de las elecciones presidenciales, suscita gran preocupación a las organizaciones de la FIDH. En 2016, fue declarado culpable por la CPI, antes de su absolución en 2018, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la República Centroafricana entre 2002 y 2003 como líder militar del Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), un grupo rebelde congoleño que también estuvo activo en la RDC. Aunque Jean-Pierre Bemba fue absuelto de todos los cargos que le imputaba la CPI, la Sala de Apelaciones no cuestionó el hecho de que el MLC cometiera crímenes de asesinato, violación y saqueo.
Las organizaciones de la FIDH han llamado la atención sobre los riesgos de desplegar e intervenir con una fuerza alcance regional. Ante la multiplicación de las iniciativas militares en el este de la RDC, se interrogan sobre la conducción y la coordinación de las operaciones entre esta nueva fuerza y las existentes, a saber, la FIB y sus contingentes en la región, el ejército ugandés, el ejército burundés, el ejército angoleño y las FARDC. Sus consecuencias sobre la población es una de las principales preocupaciones de la FIDH. Aunque las soluciones militares y las medidas políticas y diplomáticas en favor de la paz parecen haber fracasado por el momento, la preocupación prevalece, sobre todo porque el destino de la población no parece ser una prioridad a los ojos de las autoridades regionales e internacionales.
La FIDH y sus organizaciones miembros en la RDC temen por tanto una enésima intervención que alimente un nuevo ciclo de violencia sin fin en un contexto de impunidad creciente.
¿Un aire de déjà vu?
Las organizaciones de la FIDH también están preocupadas por las tensiones entre comunidades, que podrían exacerbarse, y advierten contra su instrumentalización en el este de la RDC, especialmente en el contexto de la proximidad de las elecciones, previstas para diciembre de 2023.
La FIDH ha constatado un aumento de las tensiones intercomunitarias y de los discursos de incitación al odio. Tras el resurgimiento del M23 se han producido manifestaciones y nuevas tensiones contra la población ruandófona y la comunidad tutsi así como de las acusaciones de la RDC contra Rwanda, a la que se acusa de apoyar a este movimiento armado. Sus vínculos con Rwanda ya se habían denunciado durante la anterior formación del grupo en 2012. Recientemente, en su informe de mitad de periodo de diciembre de 2022, las Naciones Unidas señalaron “una preocupante proliferación de la xenofobia y el discurso del odio que incitaba a la discriminación, la hostilidad y la violencia contra las poblaciones rwandófonas, a las que se consideraba que apoyaban al M23/ARC, en particular las comunidades banyamulenge y tutsi, lo que a veces conducía a actos de violencia, incluso asesinatos.” En el oeste del país, en la provincia de Maï-Ndombe, dos comunidades se enfrentan también de forma mortífera desde mayo de 2022.
Las organizaciones de la FIDH están alarmadas por la situación en estas provincias en el próximo contexto electoral, con la inscripción de la ciudadanía en las listas electorales y el inicio de las negociaciones para las elecciones presidenciales.
La situación actual recuerda a la vivida antes de las elecciones de 2018, cuando los conflictos degeneraron en masacres en Yumbi, en la provincia de Maï-Ndombe y en las provincias de Kasai. En las ciudades orientales de Beni y Butembo, pero también en Yumbi, se cancelaron y aplazaron las votaciones para las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales debido a la inseguridad y al virus del ébola.