En un nuevo documento, titulado El secuestro del espacio democrático por el Frente Patriótico Ruandés (FPR) (únicamente en francés), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denuncia el amordazamiento de la sociedad civil y la represión que sufre la escasa disidencia que intenta hacer oír su voz. Desde que se hizo con el poder, el FPR ha impuesto un discurso único y coacciona a cualquiera que se oponga a él.
"En Rwanda el espacio democrático ha desaparecido por completo y, aparte del partido en el poder, solo queda una fachada de grupos políticos. La represión asfixia lo que queda de la sociedad civil y de la oposición".
Para ello, el régimen no duda en utilizar todo un arsenal de medidas que aplica de forma masiva –vigilancia, acoso, secuestro, así como asesinatos y atentados disfrazados de desaparición forzada– contra periodistas, YouTubers, profesionales de la música y la literatura, así como la ciudadanía en general. Las libertades de asociación, expresión y opinión distan de estar garantizadas. Mientras tanto, la violencia callejera perpetrada contra el pueblo completa la imagen de un país reducido al silencio.
A pesar de estas prácticas represivas, un acuerdo de abril de 2022 entre el Reino Unido y Rwanda permite al Reino Unido enviar a Rwanda a cualquier persona que entre ilegalmente a territorio británico. En dicho documento se denuncia el acuerdo, que es contrario a la dignidad humana y al derecho internacional, en particular a la Convención sobre los Refugiados de 1951.
Más allá de los evidentes motivos de preocupación ética que suscita un acuerdo de este tipo, la inseguridad generalizada en Rwanda plantea serios interrogantes sobre la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Los casos sobre los que se informa muestran una situación de derechos humanos preocupante, especialmente en lo que respecta a los grupos de población vulnerables. La violenta represión ejercida por las fuerzas de seguridad ruandesas en 2008 contra al menos 12 personas refugiadas que protestaban por la reducción de las raciones de alimentos debería ser una llamada de atención para los socios de Rwanda y un catalizador para retirarse del acuerdo.
La FIDH denuncia tanto al FPR y sus ataques a los derechos fundamentales, así como a las libertades individuales, como el silencio cómplice de los socios internacionales de Rwanda que aprueban estos abusos.
Leer el documento (únicamente en inglés):