Las organizaciones de la sociedad civil son Amnistía Internacional, el Center for Justice and Accountability (CJA), Civitas Maxima, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch, REDRESS y TRIAL International. La Coalición por la Corte Penal Internacional, de la que forman parte estos grupos, también ha respaldado la declaración. Los grupos emitieron esta declaración en el Día de la Unión Europea contra la Impunidad, celebrado en La Haya el 23 de mayo de 2022, y organizado por lapresidencia francesa del Consejo de la UE, junto con la Comisión Europea, la Red de la UE contra el Genocidio y Eurojust.
"Este año, el Día de la Unión Europea contra la Impunidad pone de relieve que es necesario un esfuerzo mucho mayor para abordar eficazmente las graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Los países de la UE deben trabajar juntos para ampliar el apoyo del principio de la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas no solo en Ucrania, sino en otros conflictos en los que la población civil sufre abusos generalizados."
Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero, los países de la UE y otros gobiernos se han esforzado por poner en marcha una serie de instrumentos de rendición de cuentas para garantizar el enjuiciamiento de los delitos graves cometidos en el contexto de ese conflicto.
La UE también ha dejado claro que apoya todas las medidas que garanticen que se hace justicia en caso de delitos graves, independientemente del lugar en el que se produzcan. La Unión Europea y sus Estados miembros deben aprovechar este apoyo sin precedentes a la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Ucrania para fortalecer la causa de la justicia en todo el mundo, según afirmaron los grupos de derechos humanos.
Los gobiernos y los organismos judiciales internacionales han puesto en marcha una serie de iniciativas para la rendición de cuentas en respuesta a los crímenes cometidos en Ucrania. El 2 de marzo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la apertura de una investigación formal a petición de un grupo de países miembros de la CPI. Las autoridades de países como Francia, Alemania, Lituania, Polonia y Suecia han abierto sus propias investigaciones penales en virtud del principio de jurisdicción universal. El 4 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de la creación de una comisión internacional de investigación para documentar los crímenes de guerra y los abusos de los derechos humanos. La UE ha manifestado su respaldo a todos estos mecanismos para investigar y reunir pruebas de los crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania.
Tras su decisión de abrir una investigación sobre Ucrania, la Fiscalía de la CPI hizo un llamado a los países miembros de la corte para que proporcionaran a su oficina recursos suficientes para realizar su trabajo en todas las situaciones que investiga actualmente la CPI gracias a aportaciones y personal voluntarios. En respuesta a este llamado, varios países miembros de la UE han anunciado que aportarían al tribunal más recursos económicos y humanos al margen del presupuesto ordinario de la CPI.
Aunque la respuesta positiva de los países miembros de la CPI a la petición de la Fiscalía indica un compromiso con la justicia, también refleja el reconocimiento de que la corte carece de los recursos necesarios para cumplir su mandato, afirmaron los grupos. El hecho de que los países miembros de la CPI hayan hecho estas alegaciones recientemente en el contexto de una situación concreta también entraña el riesgo de que se pueda percibir como una politización y selectividad en el trabajo de la corte, lo que podría socavar su legitimidad.
Los países miembros de la CPI deben adoptar un enfoque de principios para garantizar que la corte cuente con una financiación a largo plazo y con recursos suficientes en el contexto de su presupuesto ordinario para perseguir los crímenes graves de forma eficaz e independiente en todos sus órganos, programas y actividades.
Con la investigación de Ucrania, el número de situaciones abiertas de países que se están investigando ante el tribunal ha aumentado a 16, lo que incluye una investigación sobre los crímenes cometidos durante la guerra de 2008 en Georgia. Otras investigaciones en curso se refieren a graves crímenes internacionales cometidos en todo el mundo, como en Bangladesh/Myanmar, Sudán y Palestina.
"El hecho de que la carga de trabajo de la Corte sea superior a sus recursos no es ninguna novedad, sino que se trata de un problema institucional que requiere una solución institucional a través del refuerzo del presupuesto ordinario de la Corte, para evitar depender de las contribuciones voluntarias. Está claro que la infrafinanciación crónica de la CPI por parte de los Estados a lo largo de los años ha repercutido negativamente en la eficacia del tribunal y ha retrasado el acceso de las víctimas a la justicia."
Todos los países miembros de la UE son partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. La UE debe trabajar para ampliar el alcance de la Corte impulsando a otros países, como Ucrania, Estados Unidos, Libia, Sudán del Sur y Sudán, a ratificar el tratado y a convertirse en miembros de la CPI. Actualmente, 123 de los 193 Estados miembros de la ONU son miembros del tribunal. La universalidad del Estatuto de Roma ampliaría la protección jurídica a las víctimas de crímenes internacionales en todo el mundo y ayudaría a garantizar que los responsables de los crímenes más graves no eluden el alcance de la ley.
El Día de la UE contra la Impunidad tiene lugar en el marco de diversas crisis que se están produciendo en todo el mundo y que han provocado la llegada a los países europeos de personas que huyen de las zonas de conflicto en Ucrania, Siria, Iraq y Afganistán. Esta situación ha generado una oportunidad única para que las autoridades judiciales de los Estados europeos contribuyan de manera significativa a la justicia por las atrocidades cometidas en estos países. El aumento de la presencia de personas refugiadas y solicitantes de asilo significa que las víctimas, los y las testigos, las pruebas materiales e incluso algunos sospechosos que antes no estaban al alcance de la justicia pueden encontrase a disposición de las autoridades judiciales nacionales.
En los últimos años, los tribunales nacionales de un número cada vez mayor de países, en gran parte de los Estados miembros de la UE, han apelado a la jurisdicción universal para enjuiciar casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el extranjero. En enero, un tribunal alemán condenó a un antiguo oficial de inteligencia sirio por crímenes de lesa humanidad y lo condenó a cadena perpetua en el primer caso de este tipo que se ha celebrado. Otros casos en tribunales europeos están relacionados con crímenes cometidos en Rwanda, la República Democrática del Congo, Afganistán, Iraq, Liberia y Gambia, entre otros.
Los casos de jurisdicción universal son una parte cada vez más importante de los esfuerzos internacionales para obligar a los responsables de atrocidades a rendir cuentas, proporcionar justicia a las víctimas que carecen de otra vía de recurso, disuadir de futuros crímenes y ayudar a garantizar que los países no se conviertan en refugios seguros para quienes violan los derechos humanos, afirmaron estos grupos. Sin embargo, el aumento de las exigencias a las autoridades judiciales nacionales pone de manifiesto la necesidad de introducir nuevas mejoras para garantizar el enjuiciamiento nacional efectivo de los crímenes internacionales graves.
Al reconocer el importante papel de los Estados miembros de la UE para acabar con la impunidad, la Unión, en 2002 y 2003, adoptó dos decisiones por las que se creaba una red de personal investigador y de fiscalía que trabaja en casos relacionados con crímenes de derecho internacional, la Red de la UE contra el Genocidio, al tiempo que se recomendaba a los Estados miembros la creación de unidades especializadas en crímenes de guerra. Diversos países de la UE, como los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Francia y Alemania, han creado estas unidades de crímenes de guerra, formadas por policías y fiscales con conocimientos específicos y dedicadas a estos casos. La Red de la UE contra el Genocidio ha mejorado la cooperación y facilitado el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros de la UE.
No todos los Estados miembros de la UE cuentan con legislación nacional en la que se definan los crímenes de derecho internacional, y algunos carecen de jurisdicción para perseguir dichos crímenes cuando se cometen en el extranjero, lo que genera vacíos de impunidad en la UE. Solo una minoría de los Estados miembros de la UE ha creado unidades especializadas en crímenes de guerra, aunque sin duda deberían ser más los que se planteen hacerlo, dijeron los grupos. Incluso los países que cuentan con unidades de crímenes de guerra con frecuencia no cuentan con personal ni recursos suficientes, sino únicamente con unas pocas personas dedicadas a la investigación y a la fiscalía, a pesar del creciente número de casos.
Los gobiernos de la UE deben garantizar que sus servicios de policía y fiscalía cuenten con los recursos y el personal adecuados y proporcionarles formación continua para hacer frente a la diversidad de situaciones en las que se producen crímenes graves.
"El creciente número de casos de jurisdicción universal en toda Europa demuestra que, cuando se cuenta con las herramientas adecuadas, es posible que los tribunales nacionales lleven a cabo la investigación y el enjuiciamiento de crímenes graves. La justicia efectiva e imparcial para los crímenes graves es posible cuando existe una combinación correcta de leyes adecuadas, recursos adecuados, compromiso institucional y voluntad política."