"Siete años después de la guerra, ninguno de los responsables ha sido procesado y las víctimas siguen esperando una reparación. Esperamos que la CPI traiga justicia y condene a los máximos responsables de los crímenes internacionales cometidos durante la guerra Georgia-Rusia ."
Tras examinar la petición de la Fiscalía de la CPI, que se apoya en aportaciones realizadas en nombre de 6 335 víctimas, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI concluyó que "hay una base razonable para creer que se han cometido delitos cuya competencia corresponde a la CPI" en Osetia del Sur y en sus alrededores. Estos delitos incluyen crímenes contra la humanidad, como asesinato, traslado forzoso y persecución de población, así como crímenes de guerra, como ataques contra la población civil, asesinatos deliberados, ataques dirigidos intencionalmente contra pacifistas, destrucción y saqueo de propiedades, presuntamente cometidos en el contexto de un conflicto armado internacional entre el 1 de julio y 10 de octubre de 2008.
"Instamos encarecidamente a la Fiscalía a que investigue también la expulsión de población georgiana del valle de Kodori y la destrucción de sus propiedades, así como actos de tortura, tratamiento inhumano y delitos de violencia sexual cometidos contra población georgiana prisionera y civil."
Nuestras organizaciones solicitan a la Fiscalía de la CPI que realice una investigación imparcial para garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas que fueron vulnerados durante la guerra de agosto de 2008, así como para ofrecer a las víctimas información sobre las investigaciones en curso. Pedimos a la CPI que comunique lo antes posible con las víctimas, las comunidades afectadas y la sociedad civil. La CPI debería considerar la posibilidad de informar y de cooperar con las organizaciones de sociedad civil que trabajan documentando de crímenes y apoyando a las víctimas.
Instamos al ministro de Justicia y a la Fiscalía General de Georgia a que cooperen activamente con la CPI y, concretamente, a que proporcionen a la Fiscalía de la CPI el material obtenido de su investigación y garanticen que el trabajo de los fiscales e investigadores de la CPI en territorio georgiano no sufre retrasos. Junto a la CPI, las autoridades de Georgia deberían tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas y de los testigos. Las autoridades nacionales y las organizaciones regionales deberían asimismo cooperar con la CPI para garantizar que se detiene a las personas sospechosas.
"Estamos asistiendo a un nuevo capítulo en la historia de la CPI. Con la investigación sobre la situación en Georgia y los exámenes preliminares de la situación en Ucrania, Palestina, Afganistán e Iraq, la CPI se prepara para tener una repercusión mundial. Los Estados Partes deberían aumentar su apoyo político y financiero a este tribunal para que pueda luchar de forma eficaz contra la impunidad de los delitos más graves en todo el mundo."
| Antecedentes En los primeros días de agosto de 2008 se produjo una escalada en los enfrentamientos entre el ejército de Georgia y las fuerzas separatistas de Osetia del Sur, lo que provocó la intervención de las fuerzas armadas de la Federación Rusa del lado de Osetia del Sur, el 10 de agosto de 2008. Hacia el 12 de agosto de 2008 se había negociado un alto al fuego, pero continuaron cometiéndose delitos. Rusia aceptó retirar sus fuerzas el 10 de octubre de 2008. En 2008, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre el conflicto en Georgia, que aún continuaba activo. El conflicto causó principalmente el desplazamiento forzado de miles de personas de origen étnico georgiano. Esta sería la primera vez que la CPI se ocupe de investigar y de juzgar un desplazamiento de población de estas dimensiones. El 13 de octubre de 2015, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, pidió la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación sobre los supuestos delitos graves cometidos durante la guerra entre Georgia y Rusia en 2008. Según la Misión de investigación internacional independiente sobre el conflicto de Georgia (IIFFMCG), fueron asesinados aproximadamente 850 civiles durante el conflicto y más de 100 000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. La ausencia de cualquier intento de cooperación entre las autoridades rusas y georgianas encargadas de la investigación y el hecho de que las autoridades de Georgia no hayan podido realizar tareas de investigación en Osetia del Sur, donde se cometieron los delitos más graves, impiden a Georgia investigar de forma efectiva algunos de los delitos más graves cometidos durante la guerra de 2008, aunque tuviese la voluntad de llevarlo a cabo. La imposibilidad o la falta de voluntad de las autoridades nacionales para realizar investigaciones y enjuiciamientos verdaderos de los delitos establecidos por el Estatuto de Roma hacen que esta situación sea admisible ante la CPI, que con frecuencia se considera un tribunal de último recurso. |