Informe: la UE debe eliminar barreras de acceso a la justicia para víctimas de graves crímenes internacionales

26/10/2020
Informe
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Hoy, la FIDH, ECCHR y REDRESS publican el informe “Rompiendo barreras: Aceso a la justicia en Europa para las víctimas de crímenes internacionales” que analiza la situación de las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desaparición forzada. Si bien el informe destaca los importantes avances logrados en los últimos años, la conclusión del mismo revela las numerosas barreras a las que deben enfrentarse las víctimas, limitando el ejercicio de sus derechos e impidiendo una participación efectiva en los procedimientos administrativos y judiciales. Basándose en las mejores prácticas emergentes en cinco Estados miembros, el informe ofrece una hoja de ruta para mejorar el acceso de las víctimas a la información, a la protección y a la asistencia especializada.

Para hacer frente al intento de evadir la justicia en el seno de la Unión Europea (UE) de los autores de graves crímenes internacionales, así como para evitar la complicidad de nacionales de la UE en los mismo, la UE ha hecho de la lucha contra la impunidad una de sus prioridades. A raíz de ello, varios Estados miembros han creado unidades especializadas para identificar, investigar y enjuiciar a los posibles autores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desaparición forzada. Muchas de esas unidades también han adoptado medidas para abordar los derechos y las necesidades de las víctimas de estos crímenes.

Si bien la UE se esfuerza por mejorar la posición de las víctimas dentro de la Unión, las víctimas de graves crímenes internacionales a menudo quedan excluidas. Actualmente siguen enfrentándose a numerosos obstáculos que limitan el ejercicio de sus derechos a la información, la participación efectiva, la protección y el apoyo psicosocial, así como a la reparación.

« Nuestras investigaciones han identificado cuáles son las mejores prácticas emergentes que optimizan el acceso de las víctimas a la información, al apoyo y a la protección en los casos de crímenes internacionales. Acogemos con beneplácito estos avances. Pero es necesario seguir trabajando para garantizar que las víctimas puedan ejercer sus derechos y participar activamente en los procedimientos».

Maitre Sarah Finnin, abogada, coordina el proyecto de las tres organizaciones sobre los derechos de las víctimas

Mansour Omari, defensor de derechos humanos sirio, y partícipe en los esfuerzos por hacer que el régimen sirio rinda cuentas de sus crímenes, aclara: “El empoderamiento de las víctimas les permite desempeñar un papel más eficaz en la adopción de un enfoque inclusivo y realista de la justicia. Como superviviente de tortura, aliento a las autoridades europeas a reflexionar sobre cómo mejorar la incorporación de las necesidades y los deseos de las víctimas al adoptar políticias de rendición de cuentas”.

Los obstáculos en el ejercicio de los derechos de las víctimas suelen reflejar las dificultades inherentes en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales a nivel nacional. En particular, resulta difícil proteger a víctimas que siguen viviendo en zonas de conflicto o en situaciones de inseguridad permanente. Pero otros obstáculos – como el derecho a impugnar una decisión de no enjuiciar y el acceso a una reparación plena y efectiva – se derivan del incumplimiento por los Estados miembros de la UE de sus obligaciones así como de decisiones políticas específicas que restringen el acceso a determinados derechos en estos casos.

El informe de 130 páginas es la culminación de dos años de investigaciones y consultas con 140 investigadores, fiscales, defensores de las víctimas y otros expertos, y contiene un análisis detallado de las prácticas de las unidades especializadas de Alemania, Bélgica, Francia, los Países Bajos y Suecia. Sin embargo, las conclusiones y recomendaciones son de más amplia relevancia: tanto para otros países que investigan y enjuician delitos internacionales, como para los responsables de la formulación de políticas para aplicar la estrategia de la UE sobre derechos de las víctimas, un plan quinquenal adoptado en junio de 2020.

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