Cabildeo Internacional

COVID-19 – Llamamiento de la sociedad civil para que se proteja a la población

En estos momentos en que el mundo se enfrenta al reto sin precedentes de responder a la pandemia de la covid-19, la población de los países afectados por conflictos se encuentra entre la más vulnerable y la que corre un riesgo mayor de sufrir las devastadoras consecuencias de la enfermedad.
Son personas que viven en países como Afganistán, la República Centroafricana, Libia, Malí, Nigeria, Sudán del Sur, Siria y Yemen, con una infraestructura de salud debilitada o diezmada, donde se ataca a quienes trabajan para atenderlas y donde el acceso de la ayuda humanitaria es difícil.

Las limitaciones impuestas a las operaciones de mantenimiento de la paz, las severas restricciones de los derechos y libertades y los devastadores efectos socioeconómicos de la pandemia pueden contribuir a la desestabilización política, exacerbar los conflictos armados existentes o dar lugar a la aparición de nuevos riesgos en materia de protección de la población civil.
Existe una ventana de oportunidad limitada para responder eficazmente a esta crisis y demostrar la solidaridad mundial.

Ahora más que nunca, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y el sistema de las Naciones Unidas deben adoptar medidas urgentes, audaces y prácticas para responder a los retos pendientes de resolver en materia de protección de la población civil en los conflictos armados.

Hacemos un llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que examinen y apoyen las siguientes cuatro recomendaciones clave antes del próximo Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de la población civil:

1. Reafirmar su compromiso con la protección de la población civil y con la promoción y aplicación del derecho internacional humanitario y otros marcos jurídicos y normativos aplicables, e instar a las partes en los conflictos armados a hacer lo mismo.
Pedir que se ponga fin a la impunidad, en particular mediante la rendición de cuentas de los autores, especialmente ante cualquier ataque deliberado contra instalaciones de atención de la salud y educación, y apoyar los mecanismos internacionales independientes de investigación y enjuiciamiento. El mayor avance en la protección de la población civil puede y debe provenir del cumplimiento por las partes en conflicto de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y otros marcos aplicables;

2. Demostrar liderazgo aplicando las medidas prácticas y las decisiones económicas adoptadas para promover la protección de la población civil.
Asumir compromisos políticos y financieros audaces y con visión de futuro para poner en práctica leyes y normas para salvaguardar a la población civil en las zonas de conflicto. Otorgar a las operaciones de mantenimiento de la paz mandatos para la protección de la población civil, recursos económicos y personal adecuados para llevar a cabo dichas tareas de protección, con asesores expertos en protección, asesores uniformados y civiles en cuestiones de género, asesores sobre protección de las mujeres y la infancia, así como personal de enlace con la comunidad y experto en idiomas.

Priorizar la inversión y el apoyo a organizaciones dirigidas por mujeres y sostenerlas, habida cuenta de los efectos desproporcionados de los conflictos en las mujeres y las niñas y de la escasez de mujeres en puestos de liderazgo. Apoyar la elaboración de una declaración política internacional para reforzar la protección de la población civil contra el uso de armas explosivas en las zonas pobladas.

El daño a la población civil puede prevenirse si los países y los elementos armados adoptan medidas concretas para dar prioridad a la protección. El Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido que se tomen medidas a escala nacional, entre ellas, las siguientes: en primer lugar, la elaboración de marcos normativos nacionales sobre la protección de la población civil; en segundo lugar, el mantenimiento de un compromiso constante y basado en principios con las organizaciones humanitarias y los grupos armados no estatales para negociar un acceso humanitario seguro y oportuno y promover su cumplimiento; y en tercer lugar, garantizar la rendición de cuentas por las violaciones cometidas. Estas recomendaciones siguen siendo tan pertinentes y urgentes como siempre. Además, la Declaración de Compromisos Compartidos sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas incluye una serie de compromisos que, si se aplican, pueden contribuir a que las operaciones de mantenimiento de la paz protejan mejor a la población civil.

Por último, el llamamiento a la acción lanzado por 22 organizaciones de la sociedad civil el año pasado antes del Debate Abierto sobre la protección de la población civil ofrece una amplia serie de recomendaciones prácticas para mejorar su aplicación y proteger mejor a la población civil.

Hay una hoja de ruta para ello. Corresponde ahora a los Estados miembros, a las Naciones Unidas y a la sociedad civil tomar medidas y liderar el camino para llevar a la práctica las leyes y normas que protegen a la población civil;

3. Comprometerse a mantener un diálogo sólido y sostenido con la sociedad civil sobre la protección de la población civil más allá del debate anual.
Se necesita realizar una mayor difusión de la cuestión entre las mujeres y las niñas de las zonas afectadas por conflictos para alentar y permitir su participación plena, equitativa y significativa en las decisiones que afectarán a sus vidas y comunidades. Es necesario una voluntad política sostenida y un debate continuo sobre las buenas prácticas y los problemas pendientes para hacer avanzar el programa en esta cuestión, especialmente en los contextos concretos de cada país.

Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para ayudar a la población civil a protegerse, incluso a través de enfoques no armados. Las organizaciones de la sociedad civil también son fundamentales para la recopilación sistemática de información y datos relativos a las amenazas contra la población civil y los incidentes de daños a la población civil, entre otros, las violaciones graves contra la infancia, ya que permiten poner en marcha soluciones más eficientes y eficaces para la protección de la población civil en los conflictos.

Las organizaciones de la sociedad civil trabajan a escala mundial, nacional y local con las comunidades afectadas por conflictos y están en una posición única para conectar a todas las partes interesadas entre sí. Es fundamental que las voces de las personas a las que atienden, entre ellas, las mujeres, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas desplazados y las más marginadas, se alcen y se escuchen en todo el mundo, en particular en estos tiempos difíciles.

4. Apoyar todos los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y del sistema de las Naciones Unidas para prevenir, responder y mitigar el impacto de la covid-19, en particular en los países afectados por conflictos armados, sin olvidar el llamamiento del Secretario General a un alto el fuego mundial.

La amenaza que plantea la pandemia mundial de coronavirus en los países asolados por conflictos armados y sus efectos desproporcionados en las mujeres, las niñas y los niños, exige que la comunidad internacional, especialmente las partes en conflicto armado, tomen medidas decididas e inmediatas.

Si los combates continúan, las naciones afectadas por conflictos tendrán graves obstáculos para prepararse y responder a la covid-19. A corto plazo, la mayor pérdida de vidas puede provenir de la erosión del acceso humanitario y de la falta de continuidad de los programas. Por lo tanto, es fundamental que los Estados y todas las partes en conflicto aprovechen esta oportunidad para reafirmar los principios humanitarios fundamentales y vuelvan a comprometerse a facilitar que la asistencia humanitaria y la protección de la población civil afectados se realiza de forma segura y oportuna.

Esto incluye la eliminación de las restricciones a la circulación de los trabajadores y trabajadoras humanitarios y de salud, los obstáculos a las cadenas de suministro humanitario, las respuestas desproporcionadas de las fuerzas de seguridad, los obstáculos burocráticos poco razonables y las disposiciones sobre la lucha contra el terrorismo que impiden indebidamente la prestación de asistencia humanitaria.

También incluye velar por que todos los aspectos de las respuestas a la covid-19 se sustenten en un análisis de género sólido, de modo que en lugar de exacerbar las normas sociales perjudiciales o de exponer a las mujeres y las niñas a niveles aún más altos de violencia de género, utilicemos la pandemia como una oportunidad para reconstruir comunidades más equitativas, inclusivas y resistentes.

En el futuro, los gobiernos también deben garantizar que las fuerzas de seguridad actúen con moderación en la aplicación de las medidas relacionadas con la covid-19 y respeten lo dispuesto en el derecho nacional e internacional para no exacerbar el sufrimiento de la población civil.