Polonia: El aborto es ilegal desde 2020

Francois Devos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Polonia es uno de los países europeos que cuenta con una legislación más restrictiva sobre el aborto. Desde que una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en octubre de 2020 ilegalizara el aborto en caso de embarazo inviable, ahora únicamente se permite cuando la vida o la salud de la mujer embarazada corren peligro o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Antes de esta decisión, los “embarazos no viables” representaban aproximadamente el 98% de todos los abortos que se realizaban cada año.

Lea el dossier de la FIDH sobre el derecho al aborto en el mundo en 2022.

Como puso de manifiesto Krystyna Kacpura, Federación de Mujeres y Planificación Familiar, "la prohibición ha hecho muchas cosas, pero lo que no ha logrado es acabar con los abortos." En la actualidad, las mujeres polacas a menudo cruzan la frontera para buscar ayuda en Alemania. Otras recurren masivamente a los abortos ilegales, mientras incluso en los pocos casos en que siguen siendo legales, el personal médico es cada vez más reacio a llevarlos a cabo. La sentencia del Tribunal Constitucional fue recibida con las mayores manifestaciones públicas del país en décadas, lideradas por defensoras de los derechos humanos que exigen su anulación y la reforma de la legislación polaca sobre el aborto. Además, diversos informes muestran que algunas defensoras son objeto diariamente de amenazas, intimidaciones y demandas judiciales.

Tras esta sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Europea concluyeron que el Tribunal Constitucional polaco no cumple los criterios necesarios para ser considerado un tribunal independiente e imparcial, debido a su falta de independencia respecto a los poderes legislativo y ejecutivo. Doce mujeres presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que son víctimas potenciales de una violación de su derecho a no sufrir malos tratos y a la intimidad, ambos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La FIDH ha solicitado personarse como tercero con otras organizaciones, con el fin de aportar pruebas y análisis basados en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho europeo comparado y las directrices de la OMS.

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