A pesar que en Senegal son frecuentes las violaciones, en especial a niñas menores, el acceso a la anticoncepción sigue siendo limitado y la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida. Esta prohibición sólo puede ser levantada en caso de grave peligro para la vida de la madre, aunque el procedimiento que permite recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo bajo este supuesto, ya de por sí muy restrictivo, resulta inaccesible, por lo que nunca se utiliza. Requiere obtener la opinión de tres médicos, lo que hace que el coste sea exorbitante y que los trámites se prolonguen excesivamente.
La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo impulsa a las mujeres a abortar de manera clandestina. En Senegal, estas intervenciones de riesgo son la causa de entre el 8 y el 13% de la mortalidad materna. El aborto clandestino está sancionado por el código penal y las mujeres que recurren al mismo pueden ser enjuiciadas y se arriesgan a sentencias de hasta dos años de prisión. La prohibición del aborto conduce también a la comisión de infanticidios. Estas dos infracciones constituyen el 38% de las causas de detención de mujeres. El personal médico que practique un aborto también corre el riesgo de ser condenado a penas de cárcel. “La legislación de Senegal en materia de aborto es una de las más represivas del mundo”, señaló Aboubacry Mbodji, secretario general de RADDHO, organización miembro de la FIDH en Senegal.
Los cuerpos de las niñas y jóvenes embarazadas que no pueden someterse a una interrupción voluntaria del embarazo sufren graves daños. Entre 2013 y 2014 el Centro de Orientación Infantil y Familiar contabilizó 420 casos de abuso sexual a menores entre 7 y 14 años. Alrededor del 30% de las mismas resultaron embarazadas y entre el 10 y 15% debieron ser sometidas a cesáreas debido a su corta edad. “El embarazo y el parto implican graves riesgos para la vida y la salud de las niñas que no han terminado su crecimiento y las cesáreas están bien lejos de eliminar los riesgos. Los embarazos no deseados acarrean consecuencias, en especial psicológicas, que resultan desastrosas para las mujeres y jóvenes en general”, afirmó Selma Hajri, médica, miembro de la delegación de la FIDH.
Esta ley viola el Protocolo de Maputo, ratificado por Senegal en 2005, que impone a los Estados la obligación de garantizar el derecho al aborto en condiciones seguras, en los casos de agresión sexual, violación, incesto, peligro para la salud mental y física de la madre o la vida de la madre o del feto. Las organizaciones de la sociedad civil proponen actualmente un proyecto de reforma, cuya adopción le permitiría a Senegal respetar sus obligaciones regionales. “La sociedad civil realiza una gran labor por los derechos de las mujeres. Aboga por una reforma y asiste a las víctimas de esa legislación represiva”, declaró Fanta Doumbia, miembro de la delegación de la FIDH.
Nuestras organizaciones instan al Gobierno senegalés a que presente, lo antes posible, un proyecto de ley sobre el derecho al aborto seguro ante la Asamblea Nacional.
FIDH - Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos
Rencontre africaine des droits de l’homme (RADDHO)
Organización Nacional de Derechos Humanos (ONDH)
Liga Senegalesa de Derechos Humanos (LSDH)
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