Las autoridades polacas deben poner fin a su intento de socavar los derechos reproductivos y debilitar la protección contra la violencia de género. Deben comprometerse a proteger a las defensoras de los derechos humanos que han sido objeto de constantes amenazas y ataques desde la sentencia de octubre de 2020. La escalada de amenazas de muerte que se ha producido desde el 9 de octubre contra Marta Lempart, cofundadora de Ognopolski Strajk Kobiet (Huelga de Mujeres de toda Polonia), que ha recibido repetidas amenazas por liderar manifestaciones en apoyo del aborto legal y los derechos de las mujeres, hizo que la policía tuviera que protegerla durante sus apariciones públicas.
"La sentencia del Tribunal Constitucional está causando un daño incalculable a las mujeres y las niñas, especialmente a las que son pobres, viven en zonas rurales o están marginadas".
La dignidad, la libertad y la salud de las mujeres embarazadas están amenazadas porque su propio gobierno les niega el acceso a los servicios esenciales de salud reproductiva
Las organizaciones firmantes son Abortion Support Network, Amnistía Internacional, Center for Reproductive Rights, CIVICUS, Federa, FOKUS, Human Rights Watch, International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, Federación Internacional de Derechos Hummanos (FIDH), International Planned Parenthood Federation-European Network, MSI Reproductive Choices, Le Planning Familial, Riksförbundet för sexuell upplysning/The Swedish Association for Sexual and Reproductive Rights, y Strajk Kobiet/Women’s Strike.
El Tribunal Constitucional de Polonia, cuya independencia y legitimidad se encuentran profundamente erosionadas, es ampliamente reconocido por ser un tribunal políticamente comprometido. El 22 de octubre de 2020, dictaminó la inconstitucionalidad del aborto por "defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenace la vida del feto". El gobierno llevó el caso al tribunal después de que el parlamento no aprobara una legislación con este mismo fin. La sentencia entró en vigor el 27 de enero de 2021.
De este modo, se eliminó uno de los pocos motivos legales para abortar que permitía la muy restrictiva legislación polaca. Anteriormente, más del 90 por ciento de los aproximadamente 1000 abortos legales que se practicaban anualmente en Polonia eran por este motivo. La sentencia se produjo en un momento en el que las restricciones debidas a la pandemia de COVID-19 hacían que viajar para recibir atención sanitaria fuera extremadamente difícil y costoso. La sentencia provocó las mayores protestas públicas del país en décadas, encabezadas por las defensoras de los derechos humanos.
Activistas y grupos de defensa de los derechos de las mujeres informaron de que la sentencia había tenido un importante efecto disuasorio, ya que las personas que solicitaban un aborto y los/as profesionales de la medicina temían sufrir repercusiones. Aborto Sin Fronteras, que ayuda a las mujeres en los países europeos donde el aborto es ilegal o su acceso está muy restringido, informó de que 17 000 mujeres de Polonia se habían puesto en contacto con la organización a lo largo de los seis meses posteriores a la sentencia a fin de pedir ayuda para acceder a un aborto, y que siguen recibiendo unas 800 llamadas al mes.
Federa, una organización polaca de salud y derechos reproductivos, declaró haber recibido aproximadamente 8100 consultas en los 11 meses posteriores a la sentencia, tres veces más que en el mismo periodo de años precedentes. Esto comprende las llamadas a su línea de ayuda y los más de 5000 correos electrónicos relacionados con el acceso al aborto y otros servicios de salud sexual y reproductiva que había recibido.
Desde que el partido Ley y Justicia llegó al poder en 2015, el gobierno de Polonia ha actuado en repetidas ocasiones para obstaculizar aún más la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluso prestando su apoyo a un proyecto de ley de 2016 para la prohibición total del aborto que el parlamento rechazó tras una protesta pública masiva. El gobierno también respaldó un proyecto de ley, presentado por un grupo ultraconservador,
fundamentalmente destinado a criminalizar la educación sexual integral. El proyecto de ley está siendo analizado por una comisión desde abril de 2020. Estos proyectos de ley son "iniciativas ciudadanas", que requieren la presentación de una serie de firmas para someterlas a consideración.
En septiembre de 2021, el mismo grupo presentó en el parlamento un nuevo proyecto de ley de iniciativa popular, "Stop Aborto", por el que se pasaría a considerar el aborto en cualquiera de sus fases como un homicidio y se establecerían sanciones penales contra las mujeres que aborten y contra cualquiera que las ayude, con penas de hasta 25 años de prisión. El proyecto de ley está respaldado por el Instituto Ordo Iuris de Cultura Jurídica, un grupo ultraconservador, contrario al derecho a decidir y a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y los/as parlamentarios/as del partido de la oposición Lewica están reuniendo firmas para un proyecto de ley de iniciativa popular, "Aborto legal sin compromiso", que permitiría el aborto hasta la duodécima semana de embarazo sin restricciones debido al motivo. Se permitiría el aborto después de las 12 semanas en casos de riesgo para la salud mental o física de la persona, un embarazo no viable o un embarazo debido a una violación o incesto.
Los datos demuestran sistemáticamente que las leyes que limitan o penalizan el aborto no lo eliminan, sino que empujan a las personas a lograr acceder a un aborto por medios que pueden poner en riesgo su salud mental y física y disminuir su autonomía y dignidad. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que, en el marco de la obligación de proteger el derecho a la vida de las personas embarazadas, los Estados no deben aplicar sanciones penales a quienes se someten a un aborto ni a los proveedores de servicios médicos que las asisten.
En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anunció que atendería las denuncias de mujeres polacas que pudieran ser víctimas de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales debido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto. El gobierno de Polonia no ha aplicado de forma efectiva las anteriores sentencias del TEDH relativas al acceso al aborto legal, a pesar de los reiterados llamados y de la sentencia dictada en marzo por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
El gobierno de Ley y Justicia también ha atacado a organizaciones y activistas que defienden los derechos de las mujeres. Las personas activistas afirman que la retórica del gobierno y las campañas de los medios de comunicación destinadas a desprestigiarlas, tanto a ellas como a su trabajo, fomentan la desinformación y el odio que pueden hacer peligrar su seguridad. Varias defensoras de los derechos de las mujeres han sido detenidas o se enfrentan a lo que describen como cargos penales por motivos políticos por sus acciones durante las protestas tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto. Las activistas recibieron múltiples amenazas de bomba y de muerte en febrero y marzo debido a su apoyo a los derechos reproductivos, pero afirmaron que, en muchos casos, la policía minimizó los riesgos que esto suponía para su seguridad y no abrió investigaciones o no las llevó a cabo eficazmente. No se ha declarado responsable a nadie por estas amenazas. La policía inició investigaciones y detuvo a un hombre en relación con las amenazas de muerte en línea que recibió Lempart antes de su participación en una protesta el 11 de octubre, y ahora le proporciona protección en actos públicos.
El gobierno ha socavado los esfuerzos para luchar contra la violencia de género e incluso ha iniciado la retirada de Polonia de un convenio europeo histórico sobre la violencia contra las mujeres, el Convenio de Estambul. El gobierno remitió el convenio al Tribunal Constitucional, una instancia políticamente comprometida, para su revisión debido a su definición de "género". Se han utilizado las campañas contra la igualdad de género para atacar los derechos de las mujeres y de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales y de quienes los apoyan.
"Las grandes limitaciones al aborto forman parte de un ataque más amplio del gobierno de Polonia contra los derechos humanos, entre ellos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTI, y contra el Estado de derecho. Toda la ciudadanía debería alarmarse porque esto esté ocurriendo en su patio trasero, por mucho que los gobiernos europeos afirmen ser líderes en materia de derechos de las mujeres y valores democráticos.»
El aniversario de la sentencia contra el aborto tiene lugar en medio de crecientes tensiones entre el gobierno de Polonia y la Unión Europea, tras la publicación de una sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de octubre que rechazaba el carácter vinculante de la legislación de la Unión Europea (UE). Esta sentencia se produjo después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que el debilitamiento de la independencia judicial por parte del gobierno polaco vulnera la legislación de la UE. La Comisión Europea afirmó que "no dudará en hacer uso de sus competencias" en virtud de los tratados de la UE para garantizar la aplicación de la legislación comunitaria y proteger los derechos de las personas.
El gobierno de Polonia debe revertir las restricciones de los derechos reproductivos y garantizar que se mantienen estos derechos de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho a acceder a un aborto seguro. Debe poner fin a los ataques contra los derechos de las mujeres y las personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres y acabar con las medidas para socavar el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deben abordar urgentemente las infracciones del Estado de derecho y sus repercusiones en los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos, en Polonia. La Comisión Europea debe poner en marcha los procedimientos de infracción debido a la utilización por parte de las autoridades polacas de un Tribunal Constitucional políticamente comprometido para erosionar los derechos de las personas en Polonia y socavar los controles y equilibrios democráticos, en flagrante violación de los Tratados de la UE.
La Comisión y los Estados miembros de la UE deben actuar para proteger y apoyar a las personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Polonia. Los Estados miembros deben apoyar activamente a quienes intentan acceder al aborto en Polonia.
La Comisión debe aplicar urgentemente el mecanismo que vincula el acceso a los fondos de la UE al respeto de los valores de la UE y mantener su compromiso de vincular los fondos de recuperación de la UE a las garantías del Estado de derecho. Los Estados miembros de la UE deben avanzar y ampliar el escrutinio que ejercen en virtud del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), adoptando recomendaciones específicas o votando para determinar que existe un riesgo claro de violación grave de los valores de la UE en Polonia, como también ha pedido el Parlamento Europeo.
"A pesar del miedo y de las repercusiones, en Polonia la gente lucha todos los días para proteger los derechos que todas las personas deberían poder ejercer libremente en la UE, incluido el acceso al aborto seguro. Los derechos de las mujeres se encuentran ante un precipicio en Polonia y, a menos que la Comisión Europea y el Consejo tomen medidas para defender los valores democráticos, cada vez más mujeres y niñas sufrirán las consecuencias."
Para más información de la FIDH sobre Polonia, visite nuestro sitio web: https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/poland/