Argentina: aborto legalizado en 2020

Emiliano Lasalvia / AFP

28 de septiembre de 2022. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) entrevista a Julieta Molina, activista argentina y abogada feminista especializada en género y derechos humanos.

Lea el dossier de la FIDH sobre el derecho al aborto en el mundo en 2022.

FIDH: ¿Cómo logró Argentina la legalización del aborto?

Julieta Molina: La lucha histórica del movimiento de mujeres y de los grupos feministas condujo a la creación de la alianza federal de la Campaña Nacional para el Acceso al Aborto Seguro, Gratuito y Legal. En consecuencia, el 30 de diciembre de 2020, se promulgó la Ley 27.610 sobre la interrupción voluntaria del embarazo. De este modo, el país ha dado sus primeros pasos hacia la legalización voluntaria y se ha alejado de la persecución y penalización que han sufrido miles de personas.El caso de Belén, una joven encarcelada por haber abortado, es emblemático de esta situación pasada.

FIDH ¿Qué dice la ley exactamente?

J.M. En estos momentos, las personas embarazadas pueden acceder voluntariamente al aborto hasta la semana 14 de gestación inclusive, no sólo si el embarazo es resultado de una violación o si la vida o la salud de la persona están en peligro. En este contexto, el concepto de salud se entiende en un sentido amplio, siguiendo la definición de la OMS y los términos utilizados en la sentencia F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
Esta ley es obligatoria en todo el país, y, a partir de los 16 años, las personas embarazadas pueden acceder al aborto y decidir por sí mismas. Además, las personas de entre 13 y 16 años deben contar con la asistencia de su tutor/a legal en los casos que requieran hospitalización y las menores de 13 años siempre deben contar con la asistencia de su tutor/a legal. En todos los casos, es necesario firmar un consentimiento escrito.

FIDH ¿Existen disposiciones para los objetores de conciencia?

J.M. La atención postaborto está cubierta para todas las personas que deseen interrumpir su embarazo. Por otro lado, la ley menciona laobjeción de conciencia como un derecho de quienes realizan directamente el procedimiento. Sin embargo, en todos los casos, deben informar a la persona de su derecho al aborto y remitirla inmediatamente a un/a profesional que garantice su práctica. El derecho a la objeción de conciencia se exceptúa cuando la vida o la salud de la persona embarazada está en peligro y requiere una atención inmediata y urgente. Por otra parte, si se obstaculiza o se deniega el aborto, se puede denunciar a través de un número de teléfono nacional gratuito y confidencial, y este acto conlleva sanciones. Sea cual sea la situación, el derecho al aborto debe estar garantizado en la práctica.

FIDH ¿Hubo alguna reacción en contra de la ley tras su aprobación?

J.M. Tras la promulgación de la ley, los/as jueces/as antiderechos de algunas provincias intentaron declararla inconstitucional a través de los tribunales, lo que dio lugar a un debate sobre el sistema de control constitucional. Una de las razones por las que estos intentos no tuvieron éxito es que en Argentina no es posible iniciar un proceso con el único objetivo de analizar la constitucionalidad de una norma, por lo que la declaración de inconstitucionalidad produce unos efectos limitados. Cuando se declara que una ley es contraria a la Constitución esto no produce su derogación, sino que únicamente deja de aplicarse en ese caso concreto. Además, el país ha ratificado numerosos convenios internacionales que no puede ignorar, lo mismo que ocurre como las recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos de las que es parte. El fracaso de estas sentencias fue inmediato y la ley continúa vigente en todo el país.

FIDH ¿Cuáles son los retos actuales para que este derecho sea realmente efectivo en Argentina?

J.M. Hoy en día, uno de los retos es trabajar en favor de una educación sexual integral para que cada una de las personas del país conozca sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a acceder a una interrupción voluntaria y legal del embarazo de forma gratuita y segura. Otro reto importante es la formación de todas las instituciones y personas que componen el sistema sanitario, teniendo en cuenta que garantizar el acceso al aborto es un derecho humano y que, por el contrario, obligar a una persona a dar a luz es una tortura.

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