Pérou : des organisations de défense des droits humains demandent d’annuler la libération d’Alberto Fujimori

01/04/2022
Communiqué
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LLs via Wikimedia Commons

Lima, le 1er avril 2022. Plusieurs organisations de défense des droits humains, parmi lesquelles la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), écrivent à la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) pour demander l’annulation de la résolution 78/2022 du Tribunal constitutionnel du Pérou. Cette résolution prévoit la grâce et la libération de l’ancien Président du Pérou Alberto Fujimori, condamné à 25 ans de prison pour crime contre l’humanité. La lettre ouverte est disponible uniquement en espagnol, ci-dessous.

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, escribimos para instar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH que anule la Sentencia 78/2022 del Tribunal Constitucional del Perú, que restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS a través de la cual se acepta el indulto y la puesta en libertad de Alberto Fujimori.

Hasta ahora, Fujimori cumplía con su condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, como autor mediato en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que 25 personas fueron asesinadas y 5 heridas, y del secuestro al periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. A eso se suman otras 4 condenas de entre 6 y 8 años cada una por diversos delitos de peculado doloso, corrupción y usurpación de funciones.

Esta serie de crímenes tuvieron lugar durante una época de gran inestabilidad política en el país, en el marco del autogolpe de Estado de Fujimori (1992-2000), bajo el que se cometieron serias violaciones a los derechos humanos, a través de crímenes como secuestros, esterilizaciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.

Recordamos que en 2018 la Corte IDH emitió una resolución en la supervisión de cumplimiento de sentencia de los casos de Barrios Altos y La Cantuta en la que señala que la ejecución de la condena forma parte del derecho de las víctimas al acceso a la justicia, ya que los beneficios pueden conllevar impunidad. Sin embargo, la Corte señaló que, si la cárcel agrava la situación de salud del condenado poniendo en riesgo su integridad, se tendría que hacer una ponderación de la posibilidad de indulto, pero siempre siguiendo unos estándares. Estos estándares incluyen el cumplimiento de una parte considerable de la condena y el pago de la reparación civil impuesta ; la rehabilitación del condenado y su reconocimiento de la gravedad de los crímenes cometidos ; la participación y conducta del condenado en el proceso de esclarecimiento de la verdad ; y los efectos del indulto y posterior liberación anticipada sobre las víctimas, sus familiares y a nivel social.

Estos estándares no han sido analizados en la Sentencia 78/2022 del Tribunal Constitucional, irrespetando la resolución de la Corte IDH y sus interpretaciones de la Convención Americana, así como los principios del derecho internacional o ius cogens.

Por lo tanto, solicitamos a la Corte IDH que reafirme estos elementos que deben guiar toda solicitud de indulto, y que también anule la resolución del Tribunal Constitucional del Perú que permite el indulto de Alberto Fujimori sin tomar en cuenta estos estándares. Pues esta decisión debe realizarse desde la propia Corte Interamericana, evitando una resolución que obligue a las víctimas y sus familiares a recurrir a través de la justicia interna, alargando innecesariamente su lucha por el pleno disfrute del acceso a la justicia.

Es relevante subrayar que la práctica regional considera la prohibición del indulto en casos de graves violaciones de derechos humanos, en respeto al principio de proporcionalidad en la fijación de las penas y su ejecución.

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  • Co-signataires

    Federación Internacional por los Derechos humanos - FIDH.
    Acción Ecológica - Ecuador
    Centro de Capacitación Social – CCS - Panamá
    Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL- Perú
    Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS - Argentina
    Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – CIPRODEH - Honduras
    Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD
    Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH – Guatemala
    Center for Justice and Accountability – CJA - USA
    Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH - Nicaragua
    Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR – Colombia
    Comisión de Derechos Humanos de El Salvador – CDHES – El Salvador
    Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU - Ecuador
    Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH - México
    Comisión Nacional de los Derechos Humanos – CNDH- República Dominicana
    Comité de Acción Jurídica – CAJ - Argentina
    Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras – COFADEH – Honduras
    Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU - Chile
    Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH – Ecuador
    IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C - México
    Instituto latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos – ILSA- Colombia
    Justiça Global - Brasil
    Liga Argentina de Derechos Humanos – LADH – Argentina
    Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C – Limeddh - Mexico
    Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH Brasil
    Observatorio Ciudadano – Chile
    Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos - Provea – Venezuela

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