París, Lima, 13 de julio de 2023. La crisis política que empezó en el 2016, con la campaña desestabilizadora de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular dirigida por Keiko Fujimori, tuvo como consecuencia la vertiginosa sucesión de seis presidentes en apenas siete años. En diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, la presidencia del país fue asumida por la vicepresidenta Dina Boluarte. Ante la negativa de convocar elecciones anticipadas, diversas protestas se convocaron en diversas partes del país, con un saldo de 67 muertes, 49 de ellas por la represión desproporcionada en el contexto de las manifestaciones, algunas de las cuales ya han sido caracterizadas como ejecuciones extrajudiciales.
Gloria Cano, Secretaria General de la FIDH y Directora de APRODEH-Perú, señaló que “en el último año, se capturó el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, en los que con el apoyo de una mayoría parlamentaria totalmente impopular, conservadora y autoritaria, se nombraron personas con insuficientes credenciales académicas y jurídicas en procesos altamente cuestionados y que alteran la independencia y autonomía de esas instituciones. Basta con analizar la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional que rompe el equilibrio entre el Congreso y el Poder Judicial”. Asimismo, agregó que “preocupan las graves amenazas de captura que pesan sobre la Junta Nacional Electoral y la Junta Nacional de Justicia”.
Las organizaciones mencionadas concluyen que este viraje autocrático, orquestado por partidos ultraconservadores y aliados con el gobierno de Boluarte, corresponde a un programa de desmantelamiento de los derechos conquistados. A esto se suma un grave precedente judicial con la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que criminaliza la protesta social al señalar que ésta no constituye un derecho fundamental.
Al respecto, Javier Mujica, de Perú-Equidad, indicó que “resultan sumamente preocupantes los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Congreso para revertir derechos sexuales, reproductivos y sobre el enfoque de género, los derechos colectivos en materia laboral, así como para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Las organizaciones miembro de la FIDH recomiendan al Estado peruano dar curso a la mayoritaria demanda ciudadana de convocar elecciones generales en el más corto plazo y en particular, garantizar la autonomía e independencia de todos los poderes del Estado, en particular de los organismos del poder electoral y la administración de justicia. También se reclama investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos y las posibles ejecuciones extrajudiciales denunciadas.
“En previsión a las masivas manifestaciones anunciadas para los próximos días, hacemos un llamado al Estado para que garantice las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta social y escuche los reclamos de la población, cansada de la exclusión, la represión y la corrupción”, señaló Luis Miguel Sirumbal, Director de CEDAL, Perú.
De igual manera, la FIDH y sus organizaciones miembro recomiendan a la comunidad internacional, establecer un mecanismo internacional de seguimiento a la crisis en el Perú que promueva el diálogo entre los diversos actores y condicionar los acuerdos comerciales con el Perú, en particular su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al pleno respeto de las garantías democráticas y los derechos humanos.
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