Globalización y Derechos Humanos

Las desigualdades mundiales van en constante aumento: millones de personas continúan sometidos a desahucios forzados, a un acceso inadecuado a la educación y a los tratamientos sanitarios básicos y a terribles condiciones de trabajo. Los agentes económicos, especialmente las empresas multinacionales, han aumentado su poder en las últimas décadas. La liberalización de los flujos comerciales y de inversión, la protección que se brinda a los inversores extranjeros, el alto grado de dependencia entre las diferentes economías del mundo, así como la deuda externa y las políticas de las instituciones financieras internacionales han restringido la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y quienes participan en protestas para denunciar los abusos empresariales están cada vez más amenazados. Las comunidades luchan por obtener justicia para las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso cuando implican a empresas multinacionales que operan a escala transfronteriza.

La FIDH aboga por el pleno reconocimiento y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y realiza campañas para la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Junto a sus organizaciones miembros, la FIDH trabaja al lado de las comunidades para velar por la rendición de cuentan por parte de las empresas y por la mejora del acceso de las víctimas a la justicia, a través de labores de documentación, de incidencia política y litigación. La FIDH insta a los Estados a que tengan en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos a la hora de negociar acuerdos de comercio e inversión con terceros países y promuevan el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en las inversiones.

La FIDH aboga por la creación de marcos jurídicos más robustos y vinculantes para prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos por parte de empresas multinacionales. Al nivel de Estados Unidos, la FIDH está involucrada en el proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas respecto a los derechos humanos (ver Tratado).

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  • Acuerdos comerciales y de inversión

    La FIDH aboga por el respeto a los derechos humanos en los acuerdos de comercio e inversión. Nustra organización lucha para que las Evaluaciones de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH) se lleven a cabo tanto antes como después de la firma de estos acuerdos. De igual modo, la FIDH defiende la búsqueda del equilibrio entre los derechos de los inversionistas con sus obligaciones y se opone firmemente a los mecanismos de Solución de Controversias Inversionista - Estado (ISDS por sus siglas en inglés), por lo cual, la FIDH hace un llamado para la creación de mecanismos de denuncia que garanticen la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos. La FIDH insiste en la necesidad de integrar un enfoque basado en los derechos humanos en las políticas de desarrollo y dentro de las instituciones financieras internacionales y promueve el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente en la inversión, incluso dentro de su fondo de inversión ético, Liberté et Solidarité.

  • Derechos económicos, sociales y culturales

    La FIDH aboga por el pleno reconocimiento, la realización efectiva y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La FIDH, junto con sus organizaciones miembro, documenta las violaciones de los DESC, que van desde desalojos forzosos hasta violaciones a los derechos laborales en las cadenas globales de suministro o en llas instalaciones de desguace de buques.

    La FIDH apoya a las víctimas a través de mecanismos internacionales y regionales de denuncia y adjudicación como el Comité Europeo de Derechos Sociales. Al hacer parte de la coalición PF-PIDESC, la FIDH hace incidencia para la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que permite a las víctimas acceder a un mecanismo de reparación de las Naciones Unidas.

  • Derechos humanos y Derechos ambientales

    La FIDH considera que los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes.

    Según ha afirmado recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el profesor John Knox, “aunque un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable es esencial para el pleno disfrute de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos (entre otros, el derecho a la libertad de expresión y la educación) la participación y reparación son vitales para la protección del medio ambiente”. En su informe, presentado en marzo al Consejo de Derechos Humanos, se solicita a la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobación de una resolución formal que reconozca el derecho a un medio ambiente saludable como parte integrante del derecho internacional de derechos humanos. Este informe supone un paso importante en la comprensión y la aplicación de las obligaciones en materia de derechos humanos relativos al medio ambiente. Es evidente que en los próximos años estos vínculos serán fundamentales para la protección de las personas y del planeta.

    Durante los últimos 10 años, la FIDH ha trabajado para reafirmar la pertinencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el debate actual sobre el cambio climático, los desechos tóxicos y la energía. Los daños ambientales suponen una amenaza directa contra el derecho a la vida, la salud, el agua, el desarrollo, la vivienda, el trabajo, la cultura y contra los derechos de los pueblos indígenas (véase por ejemplo la posición de la FIDH en las negociaciones de la COP21. Las poblaciones afectadas tienen derecho a que se las proteja de los efectos ambientales adversos, como la contaminación del agua, suelo o aire, la deforestación y los desplazamientos que resultan de la desertificación o de las inundaciones causadas por el cambio climático.

    Como ya hemos documentado, persisten importantes deficiencias en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Agentes estatales y no estatales son, con frecuencia, responsables de violaciones en masa de derechos humanos y ambientales.

    Cada vez más, los defensores y defensoras de derechos humanos y, en especial, aquellos que defienden el territorio y el ambiente , son objeto de medidas represivas y la presión sobre la tierra se ha vuelto insoportable. Entre 2011 y 2014, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos documentó 43 casos de asesinatos y 123 hostigamientos judiciales de defensoras y defensores de la tierra, en ocasiones acompañados de detenciones arbitrarias.

    Al mismo tiempo, en algunos países como Honduras, el proceso de transformación del suministro energético impulsado por la lucha contra el cambio climático corre el riesgo de causar daños irreversibles en las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y en la microcuenca del río Cuyamel, principal fuente de agua de casi 7000 personas en el municipio de San Francisco, Atlántida.

    Mientras, en otros lugares, como Sudáfrica, el declive de la industria minera implica importantes repercusiones en materia de derechos humanos y ambientales debido a la falta de una rendición de cuentas apropiada, tanto por parte de las empresas como de las instituciones públicas. El repentino cierre de la mina de Blyvoorzicht ha dejado abandonada a su suerte a una comunidad de 6000 personas.

    Ni siquiera Europa es inmune a los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente causados por las actividades económicas, como demuestra el informe sobre las violaciones de los derechos humanos causadas por la catástrofe medioambiental de la planta siderúrgica ILVA en Italia.

    Los Estados tienen la obligación legal de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos garantizando un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Además, los Estados son responsables de la armonización de las políticas públicas y legislaciones nacionales con sus obligaciones, aunque con frecuencia son ineficaces o cómplices de violaciones de los derechos humanos.

    Asimismo, es fundamental el papel y la responsabilidad de las empresas y otros agentes no estatales en la vulneración de los derechos humanos y el medio ambiente. Entre otros agentes cabe citar a agencias privadas de seguridad, grupos paramilitares y rebeldes, así como grandes empresas transnacionales, nacionales o estatales. Extraen, contaminan y destruyen recursos ambientales escasos y operan con normativas laborales insuficientes.

    La FIDH considera que un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es fundamental para el disfrute efectivo del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, y demás derechos. Del mismo modo, la introducción de consideraciones de derechos humanos en las políticas ambientales es esencial para la protección de las poblaciones afectadas por el calentamiento global y para el bienestar de las generaciones futuras.

  • Empresas y derechos humanos

    Los actores privados, particularmente las empresas transnacionales, se han beneficiado ampliamente de la globalización, acumulando un amplio poder que, en contraparte, no ha sido acompañado por el establecimiento de obligaciones correspondientes. A través de sus actividades, tanto a nivel local como transnacional, las empresas siguen causando o contribuyendo a violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente. Las comunidades afectadas por las actividades empresariales luchan por obtener justicia y reparación.

    La FIDH hace un llamado para que los Estados y los actores económicos se aseguren de que sus inversiones, la exportación de bienes y servicios y los proyectos de desarrollo (como la minería a gran escala, los proyectos de infraestructura o la venta de tecnologías de vigilancia) no lleven a violaciones de los derechos humanos y beneficien realmente a la población local. La FIDH documenta casos de violaciones a los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales mediante una metodología de evaluación de impacto en los derechos humanos impulsada por las comunidades afectadas.

    La FIDH recurre a mecanismos judiciales y no judiciales para asegurar la rendición de cuentas de los actores implicados y para que las comunidades afectadas tengan acceso a la justicia. La FIDH propugna por la creación de marcos legales más exigentes para prevenir, sancionar y remediar los abusos causados por las actividades empresariales. En las Naciones Unidas, la FIDH participa en el proceso de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas en relación con los derechos humanos (ver proceso del tratado).

    Desde el año 2000, la FIDH tiene un acuerdo de cooperación con la cadena Carrefour que tiene por objetivo mejorar las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos humanos en toda su cadena de suministro global. Asimismo, la FIDH hace parte del Comité Consultivo del Programa Mundial de Cumplimiento Social (GSCP).

    La FIDH también es miembro de la Red-DESC, la OECD Watch, la Coalición contra las exportaciones ilegales de vigilancia (CAUSE, por sus siglas en inglés) el Consorcio ETO y la plataforma de ONG de desguace de busques (NGO Shipbreaking Platform). A nivel europeo, la FIDH es miembro del Comité Directivo (Steering Group) de la Coalición Europea por Justicia Corporativa (ECCJ).

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