Empresas deben respetar derechos de las comunidades en riesgo en la frontera petrolera de África Oriental

En una investigación publicada hoy junto con Oxfam y otras organizaciones asociadas, la FIDH destacó los principales riesgos de los proyectos petroleros liderados por el gigante francés de la energía Total en Uganda y Tanzania, que exigirían que más de 12 000 familias perdieran tierras y pondrían en peligro ecosistemas sensibles y vitales.

A pesar de la caída de los precios del petróleo, la pandemia y la crisis climática, los proyectos petroleros siguen avanzando en todo el mundo. Entre los más ambiciosos está la propuesta de explotar algunas de las mayores reservas de África situadas bajo el lago Alberto y de hacer llegar el petróleo a los mercados internacionales a través del oleoducto de petróleo crudo de África Oriental (EACOP). El gigante francés de la energía Total lidera el desarrollo de proyectos junto con la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China (CNOOC) y los gobiernos de Uganda y Tanzania.

Dos nuevas evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad ponen de relieve los graves problemas actuales y los riesgos futuros vinculados a estos proyectos. Aunque se trata de trabajos de investigación independientes, ambos informes ofrecen recomendaciones basadas en la comunidad en las que se insta a las empresas petroleras y a los gobiernos, que están a punto de tomar su decisión final sobre la inversión, a que adopten medidas urgentes para evitar un desastre humano y ambiental.

New Oil, Same Business? At a Crossroads to Avert Catastrophe in Uganda [¿Petróleo nuevo, el mismo negocio? En una encrucijada para evitar la catástrofe en Uganda] escrito por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Fundación para la Iniciativa de los Derechos Humanos (FHRI), examina los impactos pasados y presentes de las actividades de construcción y exploración, así como los futuros sitios de extracción de petróleo iniciales en Uganda.

Empty Promises Down the Line? A Human Rights Impact Assessment of the East African Crude Oil Pipeline [¿Promesas vacías para el futuro? Una evaluación del impacto en los derechos humanos del oleoducto de África Oriental], cuyo autor es Oxfam, Global Rights Alert, Civic Response on Environment and Development (CRED) y la Coalición del Norte sobre Extracción y Medio Ambiente (NCEE), se evalúan los efectos intermedios del EACOP. Las evaluaciones, resumidas en el documento titulado Oil in East Africa: Communities at Risk [Petróleo en el África Oriental: las comunidades en peligro] reflejan el resultado de dos proyectos diferentes de investigación independientes realizados a lo largo de años, que son complementarios, pero cada uno de ellos es exclusivo de su propia organización.

"A pesar de las promesas de empleo y un futuro mejor, las comunidades están preocupadas por la pérdida de tierras, los daños al medio ambiente y las ‘promesas vacías’ del dinero del petróleo. Los riesgos de continuar explotando el petróleo de África Oriental son inmensos. Instamos a las empresas y a los gobiernos a que examinen las conclusiones recién publicadas, que reflejan los temores, las esperanzas y las recomendaciones de las comunidades en relación con los proyectos petroleros del Lago Alberto y ’en el futuro’, y que se comprometan a seguir adelante de una forma diferente".

afirmó Caroline Brodeur, asesora del sector privado para Oxfam.

La empresa británica de exploración Tullow Oil descubrió petróleo en una cantidad explotable comercialmente bajo el Lago Alberto en 2006. Se esperaba que el hallazgo de petróleo se tradujera rápidamente en nuevas e importantes fuentes de inversión extranjera y de ingresos para el gobierno. Sin embargo, en Uganda todavía no ha comenzado la producción de petróleo y los proyectos existentes en la cuenca del lago Albert se han visto empañados por las denuncias de violaciones de los derechos humanos, la lentitud de los pagos, la interrupción de la educación de los niños y las niñas, la pérdida de las fuentes tradicionales de sustento y la opacidad de los procesos de reasentamiento. Las comunidades están seriamente preocupadas por el futuro. Además de la pérdida de sus tierras y medios de subsistencia, les preocupa que la explotación petrolera contamine aún más sus aguas, cause contaminación acústica y atmosférica y tenga un impacto negativo en la salud de la población.

"Después de casi dos décadas de exploración petrolera, muchas comunidades temen que lo peor está por venir. Nuestra investigación revela que estos proyectos ya han causado un fuerte impacto en los derechos humanos relacionados con la tierra, los medios de subsistencia y el medio ambiente de las comunidades de Uganda. A pesar de los esfuerzos del gobierno y las empresas, los riesgos relacionados con las fases venideras son enormes, especialmente en un contexto en el que las personas se enfrentan a crecientes amenazas para la participación cívica".

dijo Rashid Bunya, responsable de investigación e incidencia de FHRI.

Tras años de retrasos, los operadores y las autoridades del proyecto anunciaron que la decisión final de inversión se tomaría en 2020, y que la construcción del oleoducto se iniciaría en marzo de 2021. Sin embargo, continúan existiendo importantes tensiones en la frontera petrolera de la región, especialmente en relación a las comunidades directamente afectadas por el desarrollo petrolero y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre. Los grupos locales afirman que no pueden visitar libremente las aldeas afectadas por los proyectos petroleros e indican que las consultas sobre el desarrollo petrolero suelen ser más superficiales que participativas.

"Las empresas están provocando importantes perturbaciones sociales –que afectan especialmente a las mujeres– al apoderarse de la tierra para transportar el petróleo, a menudo sin una consulta adecuada. Las personas y las comunidades cuyas propiedades han sido expropiadas para el proyecto quieren más información y una compensación justa por las tierras y propiedades que han perdido. Las familias están preocupadas que los proyectos petroleros estén destrozando sus estructuras comunitarias y socavando sus estilos de vida y culturas tradicionales".

dijo María Isabel Cubides, investigadora de la Oficina de Globalización y Derechos Humanos de la FIDH.

"Si los nuevos proyectos petroleros avanzan, las compañías y el gobierno deben replantarse su enfoque y situar a las comunidades en el centro de su toma de decisiones. El futuro de Uganda y Tanzania se basa en la tierra, el medio ambiente y las aspiraciones de la población local"

afirmó Devotha Mbenna, investigadora de la NCEE.

Ambos informes instan a quienes desarrollan los proyectos y a los gobiernos de Uganda y Tanzania a:

1. Escuchar, informar y responder a las comunidades: comprometerse a establecer conversaciones libres, abiertas, informadas y justas sobre el desarrollo petrolero, lo que incluye abordar los riesgos. Publicar contratos, evaluaciones internas de impacto sobre los derechos humanos y revisiones futuras. Tomar medidas sobre las conclusiones y evitar hacer promesas vacías.

2. Defender a las personas defensoras: garantizar que las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y grupos de la sociedad civil sean libres de llevar a cabo su trabajo en las comunidades en riesgo.

3. Asumir su responsabilidad: poner fin a toda conducta indebida de los subcontratistas del proyecto, especialmente a los intentos de restringir, ocultar o limitar los derechos de las comunidades o la sociedad civil. Resolver las controversias de manera justa y apoyar que se lleve a cabo una supervisión transparente y orientada a la ciudadanía.

4. Asegurar el justo valor de la tierra: velar por que los procesos de valoración e indemnización sean justos, transparentes y se ajusten a las mejores prácticas internacionales.

5. Proteger el medio ambiente: poner fin a las actividades de extracción en ecosistemas protegidos y sensibles, incluidas las costas del lago Alberto, y comprometerse a utilizar la mejor tecnología disponible para preservar la cultura, la salud y el futuro de las comunidades afectadas.

6. Invertir en el futuro: apoyar la educación, los medios de subsistencia y la defensa legal de las familias reubicadas y de las personas en situación de riesgo, especialmente las mujeres y las niñas. Velar por que el reasentamiento no empeore la situación de las personas. Prepararse para un futuro más allá del petróleo y evaluar la contribución de estos proyectos a la crisis climática.

Descargar el resumen aquí (EN) o leer a continuación.

Antes de la finalización del informe, hemos transmitido nuestras conclusiones a las entidades gubernamentales y empresariales interesadas, para entablar un diálogo constructivo con vistas a remediar las violaciones. En este contexto, hemos acordado publicar la reacción de Total a nuestro informe, que pueden encontrar aquí (EN).

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