UE/Polonia: Retroceso de los derechos de las personas LGBT+ y del derecho al aborto

Durante los últimos tres años, las reformas antidemocráticas del ultraconservador Gobierno de Polonia y los repetidos ataques contra la independencia de las instituciones judiciales del país han provocado una firme reacción por parte de la Unión Europea (UE). Sin embargo, mientras la atención política y mediática se ha centrado hasta ahora en los riesgos que plantea para el poder judicial, un nuevo informe de la FIDH y el PSAL (EN) analiza cómo estos ataques también afectan de manera concreta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a los derechos de las personas LGBT+. En consecuencia, nuestras organizaciones piden a las instituciones europeas que incluyan estos abusos en los actuales debates.

Por primera vez en la historia, en diciembre de 2017, la Comisión Europea activó el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, lo que lanzó un proceso de conversaciones (que podrían dar lugar a sanciones contra Polonia) con el fin de convencer al Gobierno de que vuelva a cumplir con los principios democráticos de la UE. La Comisión expresó su profunda preocupación por los ataques contra la separación de poderes y la independencia del poder judicial, que han sido objeto de una amplia contrarreforma y de una purga sin precedentes desde la caída del régimen comunista.

Las reformas que ha emprendido el partido Ley y Justicia (PiS) durante los últimos tres años, con el pretexto de promover los valores católicos y tradicionales, no solo han afectado a los tribunales superiores del país, sino que también han vulnerado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas LGBT+, en un contexto general de abierto discurso de odio, estigmatización de las minorías y acoso a las ONG de derechos humanos.

Constantes amenazas a lo que queda del derecho al aborto

Según las estadísticas oficiales, durante la era comunista, 500 000 mujeres polacas recurrían legalmente al aborto cada año. Hoy en día, son menos de 1000. Mientras tanto, la Ley de Planificación Familiar, aprobada en 1993 bajo la presión de la Iglesia Católica de Polonia, reconoce explícitamente el "derecho a la vida" desde la concepción y limita el derecho al aborto a tres casos (1), condicionado a procedimientos administrativos y médicos largos y restrictivos que a menudo hacen imposible la interrupción del embarazo.
Toda persona, pertenezca o no a la profesión médica, que ayude a una mujer a someterse a un aborto fuera de los tres casos permitidos, puede ser condenada a tres años de prisión. Por otra parte, cada vez más hospitales (no solo médicos) invocan la llamada "objeción de conciencia" para negarse a prestar servicios de aborto en sus instalaciones. En algunas zonas del país, el acceso a estos servicios es totalmente imposible.

Alrededor de 150 000 mujeres polacas se someten cada año a un aborto ilegal en el país y 200 000 lo hacen en el extranjero. Poco después de su elección, los conservadores intentaron aprobar una ley que prohibía y penalizaba el aborto, incluso por razones médicas (malformación grave del feto), que ahora supone el 98% de los abortos practicados en Polonia. Si bien las manifestaciones masivas (como la "Protesta Negra") hicieron retroceder temporalmente al Gobierno, las personas que se manifestaron fueron, en ocasiones, intimidadas y amenazadas con medidas disciplinarias.

Lo que queda del derecho al aborto está en peligro, ya que constantemente se pone en tela de juicio, como se manifiesta en el proyecto de ley "Alto al aborto" de 2018, que habría convertido su práctica en algo casi imposible. Este proyecto de ley se presentó al Parlamento a principios de 2018, pero los diputados impidieron su adopción en el último minuto. Además, cada vez más farmacéuticos invocan la "objeción de conciencia" para negarse a vender anticonceptivos y ahora una ley de 2017 exige una receta médica para obtener una "píldora del día después" que antes era de venta libre en farmacia. En septiembre de 2018, el Gobierno anunció que comenzaría a registrar el nombre de las mujeres que trataban de obtener este tipo de anticonceptivos de emergencia a través de foros en línea y sitios web extranjeros.

Personas LGBT + silenciadas

A principios de los años 2000, el progreso de la lucha contra la discriminación favoreció a las personas LGBT+, aunque fuera de modo muy imperfecto. Hoy en día, por ejemplo, la legislación laboral polaca prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual. Sin embargo, se trata de una excepción, ya que la ley no reconoce las agresiones físicas o verbales por razones de orientación sexual o identidad de género como "delitos de odio". La calificación de estos delitos se deja a la discreción del juez, mientras que los ataques por motivos de raza, nacionalidad o religión se tipifican como delitos de odio. Además, aún no se reconoce el matrimonio civil para las personas del mismo sexo y, por lo tanto, no existe igualdad entre las parejas heterosexuales y las homosexuales.

Aunque todavía se autorizan los procedimientos de reasignación de género, siguen siendo insuficientes y cada vez más difíciles de obtener desde un punto de vista administrativo, y los esfuerzos que desde 2012 lleva a cabo la primera diputada transgénero de Polonia, Anna Grodzka, para reformar la ley fueron paralizados en última instancia mediante veto presidencial en octubre de 2015.

Desde 2015, el discurso de los funcionarios públicos contra las personas LGBT+ se ha vuelto más agresivo: el ministro de Defensa describió el orgullo gay como un "desfile de sodomitas", mientras que el Ministerio del Interior considera que pintar la bandera polaca con los colores del arco iris es "un acto criminal". En la actualidad, algunas autoridades regionales prohíben el orgullo gay y los ataques homo/bi/transfóbicos se han multiplicado en los últimos años y se siguen subestimando en gran medida. Las autoridades polacas practican una política de negación: en 2015, por ejemplo, contabilizaron 0 agresiones homófobas. En este contexto, las ONG que defienden los derechos de las personas LGBT+ permanecen en silencio y no se atreven a reclamar ningún otro derecho.

Influencia del ejecutivo en los tribunales, asociaciones amenazadas

En los últimos tres años, el creciente control del ejecutivo polaco sobre el poder judicial ha ido de la mano de ataques públicos y políticos contra el derecho al aborto, la salud reproductiva y los derechos de las personas LGBT+. Determinadas categorías de personas, que ya estaban estigmatizadas, son objeto de un discurso público reaccionario y vehemente y de tribunales cada vez más controlados por el ejecutivo.
Paralelamente, las organizaciones de derechos humanos y otras instituciones independientes, como el Tribunal Supremo o la Defensoría del Pueblo, son objeto de calumnias, ataques verbales o ven obstaculizado su trabajo. La UE no puede ignorar ni tolerar las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen contra las mujeres y las personas LGBT+ en un país miembro. Ya es hora de que el Consejo de la Unión Europea tenga en cuenta los retrocesos y ataques sufridos por las mujeres y las personas LGBT+ como parte de su revisión de la situación en Polonia, de conformidad con el procedimiento del artículo 7.

Mira aquí el informe completo (EN):

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