Empresas, derechos humanos y medio ambiente

Las desigualdades mundiales van en constante aumento: millones de personas continúan sometidos a desahucios forzados, a un acceso inadecuado a la educación y a los tratamientos sanitarios básicos y a terribles condiciones de trabajo. Los agentes económicos, especialmente las empresas multinacionales, han aumentado su poder en las últimas décadas. La liberalización de los flujos comerciales y de inversión, la protección que se brinda a los inversores extranjeros, el alto grado de dependencia entre las diferentes economías del mundo, así como la deuda externa y las políticas de las instituciones financieras internacionales han restringido la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y quienes participan en protestas para denunciar los abusos empresariales están cada vez más amenazados. Las comunidades luchan por obtener justicia para las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso cuando implican a empresas multinacionales que operan a escala transfronteriza.

La FIDH aboga por el pleno reconocimiento y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y realiza campañas para la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Junto a sus organizaciones miembros, la FIDH trabaja al lado de las comunidades para velar por la rendición de cuentan por parte de las empresas y por la mejora del acceso de las víctimas a la justicia, a través de labores de documentación, de incidencia política y litigación. La FIDH insta a los Estados a que tengan en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos a la hora de negociar acuerdos de comercio e inversión con terceros países y promuevan el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en las inversiones.

La FIDH aboga por la creación de marcos jurídicos más robustos y vinculantes para prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos por parte de empresas multinacionales. Al nivel de Estados Unidos, la FIDH está involucrada en el proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas respecto a los derechos humanos (ver Tratado).

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  • Acuerdos comerciales y de inversión

    La FIDH aboga por el respeto a los derechos humanos en los acuerdos de comercio e inversión. Nustra organización lucha para que las Evaluaciones de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH) se lleven a cabo tanto antes como después de la firma de estos acuerdos. De igual modo, la FIDH defiende la búsqueda del equilibrio entre los derechos de los inversionistas con sus obligaciones y se opone firmemente a los mecanismos de Solución de Controversias Inversionista - Estado (ISDS por sus siglas en inglés), por lo cual, la FIDH hace un llamado para la creación de mecanismos de denuncia que garanticen la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos. La FIDH insiste en la necesidad de integrar un enfoque basado en los derechos humanos en las políticas de desarrollo y dentro de las instituciones financieras internacionales y promueve el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente en la inversión, incluso dentro de su fondo de inversión ético, Liberté et Solidarité.

  • Derechos económicos, sociales y culturales

    La FIDH aboga por el pleno reconocimiento, la realización efectiva y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La FIDH, junto con sus organizaciones miembro, documenta las violaciones de los DESC, que van desde desalojos forzosos hasta violaciones a los derechos laborales en las cadenas globales de suministro o en llas instalaciones de desguace de buques.

    La FIDH apoya a las víctimas a través de mecanismos internacionales y regionales de denuncia y adjudicación como el Comité Europeo de Derechos Sociales. Al hacer parte de la coalición PF-PIDESC, la FIDH hace incidencia para la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que permite a las víctimas acceder a un mecanismo de reparación de las Naciones Unidas.

  • Derechos humanos y Derechos ambientales

    Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes.

    Según ha afirmado el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el profesor John Knox, “aunque un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable es esencial para el pleno disfrute de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos (entre otros, el derecho a la libertad de expresión y la educación) la participación y reparación son vitales para la protección del medio ambiente”. En su informe presentado en 2018 al Consejo de Derechos Humanos solicitaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobación de una resolución formal que reconozca el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como parte integrante del derecho internacional de derechos humanos. Como señala el actual Relator Especial de la ONU, el Sr. David R. Boyd, aunque el derecho a un medio ambiente saludable ha sido reconocido por la mayoría de los Estados en sus constituciones, legislaciones y diversos tratados regionales de los que son parte, este derecho aún no ha sido reconocido como tal por la ONU. La FIDH cree que ha llegado el momento de que la ONU reconozca formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

    Durante los últimos 10 años, la FIDH ha trabajado para reafirmar la pertinencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el debate actual sobre el cambio climático. Los daños ambientales suponen una amenaza directa contra, entre otros, el derecho a la vida, la salud, el agua, el desarrollo, la vivienda, el trabajo, la cultura y contra los derechos de los pueblos indígenas (véase por ejemplo la posición de la FIDH en las negociaciones de la COP21. Las poblaciones afectadas tienen derecho a que se las proteja de los efectos ambientales adversos derivados de la contaminación, la deforestación, la desertificación y de las inundaciones causadas por el cambio climático.

    En Honduras, la aceleración del proceso de transformación del suministro energético realizado de forma errática e irresponsable corre el riesgo de causar daños irreversibles en las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y en la microcuenca del río Cuyamel, principal fuente de agua de casi 7000 personas en el municipio de San Francisco, Atlántida. Vea nuestro informe aquí.

    En Sudáfrica, el declive de la industria minera implica importantes repercusiones en materia de derechos humanos y ambientales debido a la falta de una rendición de cuentas apropiada, tanto por parte de las empresas como de las instituciones públicas. El repentino cierre de la mina de Blyvoorzicht ha dejado abandonada a su suerte a una comunidad de 6000 personas.

    A pesar de la la crisis climática, los proyectos petroleros siguen avanzando en todo el mundo. Entre los más ambiciosos está la propuesta liderada por Total de explotar algunas de las mayores reservas de África situadas bajo el lago Albert y dentro del Parque Nacional de las cataratas Murchison y de hacer llegar el petróleo a los mercados internacionales a través del oleoducto de petróleo crudo de África Oriental (EACOP). Como han documentado la FIDH y la FHRI, además de la pérdida de tierras y medios de subsistencia, a las comunidades les preocupa que la explotación petrolera contamine aún más sus aguas, cause contaminación acústica y atmosférica, tenga un impacto negativo en la salud de la población y degrade los ecosistemas de las zonas protegidas.

    Ni siquiera Europa es inmune a los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente causados por las actividades económicas, como demuestra el informe sobre las violaciones de los derechos humanos causadas por la catástrofe medioambiental de la planta siderúrgica ILVA en Italia.

    En todos estos casos, las comunidades locales están en primera línea, luchando por la defensa de sus derechos y de los derechos de la naturaleza a existir, prosperar y evolucionar en lugar de ser una mera propiedad a explotar por los humanos. Sus luchas afectan a todo el mundo, porque un medio ambiente seguro, limpio y saludable es de suma importancia para el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de todos.
    Sin embargo, los actores estatales y empresariales que contribuyen al cambio climático, a la degradación del medio ambiente y a las violaciones de los derechos humanos siguen beneficiándose de la impunidad

    La FIDH se ha movilizado para luchar contra la impunidad y responsabilizar a los Estados y a las empresas de la degradación del medio ambiente

    Para hacer que los actores empresariales rindan cuentas por su contribución a la crisis climática, la FIDH y sus organizaciones miembros han desarrollado una línea de acción estratégica coordinada e interregional.

    Tras la adopción de una resolución en 2019 en la que se reconoce la interdependencia entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente iniciada por 8 organizaciones de 3 continentes, la FIDH se comprometió a trabajar con las principales partes interesadas en una serie de acciones para defender los derechos de las comunidades afectadas y empoderar a las ligas miembros comprometidas con esta cuestión, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y garantizar la rendición de cuentas y la reparación.

    En septiembre de 2020, la FIDH se unió a más de 1.100 organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para respaldar una Declaración Conjunta de la Sociedad Civil en la que se pedía a los Estados el reconocimiento inmediato del derecho a un medio ambiente saludable. La Declaración se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante su 45º período de sesiones y alentó al Grupo Central (Core Group) sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (que incluye a Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza) a emitir una declaración conjunta en la que se compromete a facilitar el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano.

    En agosto de 2021, el Grupo Central (Core Group) anunció que presentaría una resolución para reconocer universalmente el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. En septiembre de 2021, la FIDH se unió a otras 15 organizaciones para pedir a todos los miembros del Consejo que apoyaran de forma proactiva esta iniciativa en esta sesión. Durante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos (13 de septiembre - 8 de octubre) se propuso una resolución para reconocer universalmente el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Los gobiernos tienen la oportunidad histórica de reconocer este derecho, que no deberían desaprovechar.
    Otro grupo de Estados, compuesto por Bahamas, la Unión Europea, Fidji, Panamá, Paraguay, Sudán y la República de las Islas Marshall, también anunció que presentará una resolución centrada en la ejecución técnica para el establecimiento de un Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

    La FIDH considera que un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es fundamental para el disfrute efectivo del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, y demás derechos. Del mismo modo, la introducción de consideraciones de derechos humanos en las políticas ambientales es esencial para la protección de las poblaciones afectadas por el calentamiento global y para el bienestar de las generaciones futuras.

  • Empresas y derechos humanos

    Los actores privados, particularmente las empresas transnacionales, se han beneficiado ampliamente de la globalización, acumulando un amplio poder que, en contraparte, no ha sido acompañado por el establecimiento de obligaciones correspondientes. A través de sus actividades, tanto a nivel local como transnacional, las empresas siguen causando o contribuyendo a violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente. Las comunidades afectadas por las actividades empresariales luchan por obtener justicia y reparación.

    La FIDH hace un llamado para que los Estados y los actores económicos se aseguren de que sus inversiones, la exportación de bienes y servicios y los proyectos de desarrollo (como la minería a gran escala, los proyectos de infraestructura o la venta de tecnologías de vigilancia) no lleven a violaciones de los derechos humanos y beneficien realmente a la población local. La FIDH documenta casos de violaciones a los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales mediante una metodología de evaluación de impacto en los derechos humanos impulsada por las comunidades afectadas.

    La FIDH recurre a mecanismos judiciales y no judiciales para asegurar la rendición de cuentas de los actores implicados y para que las comunidades afectadas tengan acceso a la justicia. La FIDH propugna por la creación de marcos legales más exigentes para prevenir, sancionar y remediar los abusos causados por las actividades empresariales. En las Naciones Unidas, la FIDH participa en el proceso de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas en relación con los derechos humanos (ver proceso del tratado).

    Asimismo, la FIDH hace parte del Comité Consultivo del Programa Mundial de Cumplimiento Social (GSCP).

    La FIDH también es miembro de la Red-DESC, la OECD Watch, la Coalición contra las exportaciones ilegales de vigilancia (CAUSE, por sus siglas en inglés) el Consorcio ETO y la plataforma de ONG de desguace de busques (NGO Shipbreaking Platform). A nivel europeo, la FIDH es miembro del Comité Directivo (Steering Group) de la Coalición Europea por Justicia Corporativa (ECCJ).

  • Nueva traducción: Derechos humanos y Derechos ambientales

    Les droits humains et la protection environnementale sont interdépendants.

    Comme l’affirmait récemment l’ancien Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains et l’environnement, le professeur John Knox, « un environnement sûr, propre et sain revêt une importance primordiale pour la jouissance des droits humains, et en même temps l’exercice de ces droits, notamment le droit à la liberté d’expression, à l’éducation, à la participation et aux réparations est indispensable à la protection de l’environnement ». Dans son rapport présenté en 2018 devant le Conseil des droits de l’homme, John Knox demandait à l’Assemblée générale des Nations unies d’adopter une résolution reconnaissant formellement que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est intégré au droit international relatif aux droits humains. Comme le souligne l’actuel rapporteur spécial des Nations unies, M. David R. Boyd, bien que le droit à un environnement sain ait été reconnu par la plupart des États dans leur constitution, leur législation et les divers traités régionaux auxquels ils sont parties, ce droit n’a pas encore été reconnu comme tel par les Nations unies. La FIDH considère que le moment est arrivé pour que l’ONU reconnaisse formellement le droit humain à un environnement sûr, propre, sain et durable.

    Durant les dix dernières années, la FIDH a œuvré à réaffirmer la pertinence de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans le débat actuel portant sur le changement climatique. Les dégâts environnementaux menacent directement les droits humains, notamment le droit à la vie, à la santé, à l’eau, au développement, au logement, au travail, à la culture, ainsi que les droits des peuples indigènes (voir à ce propos la position de la FIDH sur les négociations de la COP21). Les populations touchées ont le droit d’être protégées de la dégradation de l’environnement résultant de la pollution, la déforestation, la désertification, les incendies ou les inondations engendrées par le changement climatique.

    Dans certains pays comme le Honduras, le l’accélération des processus d’une transition énergérgétique conduite de façon erratiques et irresponsables menace de provoquer des dommages irréversibles aux aires protégées du Parc National Pico Bonito et du micro-bassin de la rivière Cuyamel, principale source d’eau pour près de 7 000 personnes dans la municipalité de San Francisco, en Atlántida.

    En Afrique du Sud, le déclin de l’industrie minière entraîne des effets considérables sur les droits humains et environnementaux, car les entreprises et les institutions publiques n’assument pas leurs responsabilités.La fermeture soudaine de la mine de Blyvoorzicht a laissé une communauté de 6 000 personnes livrées à elles-mêmes.

    Malgré la crise climatique, les projets pétroliers se développent à travers le monde. Parmi les plus ambitieux, celui du géant énergétique français Total qui prévoit d’exploiter un des plus grands gisements d’Afrique situé sur les rives du lac Albert et au sein du Parc National des Murchison Falls, pour expédier le pétrole vers les marchés internationaux par la Tanzanie via un oléoducgéant (East African Crude Oil Pipeline – EACOP). Comme la FIDH et la FHRI l’ont documenté, en plus de la perte de leurs terres, les communautés craignent une contamination de l’eau et de l’air, faisant craindre le pire pour leur santé et pour les écosystèmes sensibles de la zone.

    L’Europe elle-même n’est pas immunisée contre les effets néfastes des activités économiques sur la santé humaine et l’environnement, comme le démontre le rapport sur les violations des droits humains provoquées par le désastre environnemental de l’aciérie Ilva en Italie.
    Dans tous les cas susmentionnés, les communautés locales sont en première ligne et se battent pour la défense de leurs droits et pour que la nature l’existence de droits de la nature à prospérer et se développer plutôt que de servir comme simple propriété humaine à exploiter. Leurs luttes nous concernent toutes et tous, car un environnement sûr, sain et propre est une condition essentielle pour le respect des droits humains de chaque personne.

    Néanmoins les états et acteurs économiques qui contribuent au changement climatique, à la dégradation de l’environnement et aux atteintes aux droits humains le font trop souvent dans l’impunité. La FIDH est mobilisée pour y faire face et tenir ces acteurs responsables pour la dégradation environnementale qu’ils causent.

    Afin d’accroître la redevabilité des entreprises pour leur contribution à la crise climatique, la FIDH et ses organisations membres ont développé une stratégie de contentieux coordonnée dans plusieurs régions du monde.

    Suite à l’adoption d’une résolution en 2019 reconnaissant l’interdépendance entre les droits humains et la protection de l’environnement initiée par 8 organisations membres de 3 continents, la FIDH s’est engagée à travailler avec les principales parties prenantes dans une série d’actions visant à défendre les droits des communautés affectées et à encapaciter les organisations membres engagées sur cette question, dans le but de renforcer le cadre juridique et de garantir la responsabilité et la réparation.

    En septembre 2020, la FIDH s’est associée à plus de 1 100 organisations de la société civile et peuples autochtones pour signer une Déclaration conjointe de la société civile appelant les États à la reconnaissance immédiate du droit à un environnement sain. Cette déclaration a été remise au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies lors de sa 45e session et a encouragé le Core Group d’états travaillant sur les droits humains et l’environnement (comprenant le Costa Rica, les Maldives, le Maroc, la Slovénie et la Suisse) à remettre une déclaration commune s’engageant à ouvrir la voie à la reconnaissance du droit à un environnement sain.
    En août 2021, le Core Group a annoncé qu’il présenterait une résolution visant à reconnaître universellement le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable lors de la 48ème session du Conseil des droits de l’Homme. En septembre 2021, la FIDH s’est associée à 15 autres organisations pour appeler tous les membres du Conseil à soutenir de manière proactive cette initiative lors de cette session.
    Par ailleurs, un autre groupe d’Etats, composé des Bahamas, de l’Union européenne, de la Fidji, du Panama, du Paraguay, du Soudan et de la République des Iles Marshall, a également annoncé qu’il déposerait une résolution pour créer un Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits humains dans le contexte du changement climatique lors de la 48ème session du Conseil des droits de l’Homme.
    La FIDH est convaincue qu’un environnement sûr, propre, sain et durable est essentiel à l’accomplissement des droits à la vie, à l’alimentation, à la santé, à l’eau, au logement. De façon similaire, l’introduction des considérations relatives aux droits humains dans les politiques environnementales est cruciale à la protection des populations affectées par le réchauffement climatique, ainsi qu’au bien-être des générations futures.

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