París, 3 de octubre de 2023. Los resultados de las elecciones en Guatemala, que dieron como ganador a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, han sido cuestionados y atacados de forma reiterada por otros órganos e instituciones del estado, en particular la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público, con el objetivo de someter al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y deslegitimar el proceso electoral.
En el contexto de ruptura institucional y crisis del sistema político en el país, la FIDH condena el allanamiento arbitrario que se produjo ayer en las instalaciones del TSE. La sustracción de las cajas 4 y 8, cuyo contenido está relacionado con los comicios que se realizaron este año, es un acto inconstitucional que viola abiertamente los fundamentos de la democracia guatemalteca.
La FIDH hace un llamado urgente a la comunidad internacional, en especial a la Unión Europea y Canadá, para que impongan sanciones individuales de manera inmediata al Juez del CSJ, Fredy Orellana, al jefe de la FECI, Rafael Curruriche, así como a la Fiscal General, Consuelo Torres. Asimismo, se reclama a la Corte Constitucional un pronunciamiento enérgico sobre la violación de la carta magna de Guatemala. Estas tres personas son quienes lideran el golpe judicial actual.
En el informe de junio de 2023 “Democracia quebrantada en Guatemala: Elecciones viciadas y justicia secuestrada” la FIDH denunció de manera detallada el golpe de estado técnico que se estaba gestando a través de la captura de los órganos del sistema judicial, los cuales hoy carecen de independencia. Con los últimos hechos se agudiza este quiebre democrático.
En este marco, es repudiable el clima de criminalización y detención de defensores de derechos humanos, periodistas, jueces, fiscales y opositores políticos que han luchado por el respeto de la institucionalidad democrática. Exigimos la liberación inmediata de todos y todas ellas, incluyendo a Claudia González Orellana, exfuncionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).