París, 19 de octubre de 2023. La decisión de la Corte Constitucionalidad de Guatemala del 18 de octubre vulnera estándares internacionales reconocidos y avalados por el Estado de Guatemala, que reconocen el derecho de la protesta social como un derecho humano, al ser una expresión legítima del derecho a la libertad de expresión y de reunión. Del mismo modo, esa decisión pone en riesgo la integridad y seguridad de miles de personas, al ordenar que se utilicen las fuerzas del ejército, en apoyo de la policía nacional, para desalojar a los manifestantes que se encuentran frente al edificio del Ministerio Publico.
Para Jimena Reyes, Directora de la Oficina de las Américas de la FIDH, “La población guatemalteca está exigiendo el respeto de las reglas de la democracia, que cesen los atentados a la soberanía que radica en el pueblo. El Gobierno de Giammatei debe garantizar la transición gubernamental el próximo 14 de enero de 2024 y la posesión de Bernardo Arévalo como Presidente de Guatemala”
Desde hace 2 semanas, masivas manifestaciones en todo el país, de diversos sectores de la sociedad, se han movilizado exigiendo el respeto a la mayoría votante, que eligió presidente del país a Bernardo Arévalo, contra la ilegal y violenta intervención de miembros del poder judicial y de la Fiscalía que atentan contra la integridad del proceso electoral.
En particular, los manifestantes denuncian la responsabilidad y llaman a la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras, José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, la Fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana. La FIDH denunció en julio el actuar criminal de estas personas que han secuestrado la justicia en el país y se han dedicado a perseguir a periodistas, jueces y fiscales, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos. Ahora de forma arbitraria pretenden invalidar el proceso electoral, que ha sido reconocido y avalado por el Tribunal Supremo Electoral, máximo ente electoral en el país y por la comunidad internacional.
La FIDH llama al poder ejecutivo a garantizar el ejercicio de la protesta social de los y las guatemaltecas y a proteger a los manifestantes de ataques o provocaciones de personas o instituciones. Denunciamos el asesinato de un manifestante, Francisco Gonzalo Velásques, el 16 de octubre por parte de hombres armados en el norte del país que llegaron al lugar de la manifestación y abrieron fuego.