"Al ritmo actual, teniendo en cuenta los índices de condena tradicionalmente elevados en los juicios de lesa majestad, Tailandia puede convertirse pronto en uno de los países con mayor número de personas encarceladas por motivos políticos de la región. El gobierno tailandés debe poner fin de inmediato a esta epidemia de lesa majestad y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos."
Según la información recopilada por TLHR, entre el 24 de noviembre de 2020 y el 16 de junio de 2022, 201 personas –entre ellas 16 menores de edad– han sido acusadas en virtud del artículo 112, que impone penas de cárcel a quienes difamen, insulten o amenacen al rey, a la reina, al heredero al trono o al regente. Las personas declaradas culpables de violar el artículo 112 se enfrentan a penas de prisión de tres a 15 años por cada cargo. Algunas de estas personas acusadas de lesa majestad se enfrentan a varios procesos y a penas de prisión que van de 120 a 300 años.
La actual oleada de juicios y detenciones por delito de lesa majestad comenzó a finales de noviembre de 2020, después de que el primer ministro tailandés, Prayuth Chan-ocha, se comprometiera a aplicar "todas las leyes y artículos" contra líderes y manifestantes prodemocracia.
En el momento de redactar este informe, al menos cuatro personas acusadas de lesa majestad se encuentran detenidas a la espera de juicio. Sus nombres son los siguientes: Los miembros de Thalu Wang [1]. Natthanit [apellido no revelado] y Netiporn [apellido no revelado]; el miembro de Pakee Sahai [2] Veha Saenchonchanaseuk y el soldado Mathin [seudónimo]. El 2 de junio de 2022, Natthanit y Netiporn iniciaron una huelga de hambre para protestar por su situación de privación de su libertad. Además, otras dos personas, Anchan Preelerd y Sombat Tongyoi, continúan entre rejas tras ser condenadas a penas de prisión de 87 y seis años, respectivamente.
Diversos mecanismos de supervisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por los juicios de lesa majestad que tienen lugar en Tailandia y la rígida aplicación del artículo 112. También han pedido la modificación o derogación del artículo 112.
Desde agosto de 2012, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA) ha declarado "arbitraria" la privación de libertad de nueve personas detenidas por delito de lesa majestad, debido a que contraviene varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Tailandia es Estado parte. Ocho de estas personas detenidas fueron puestas en libertad tras cumplir sus condenas, mientras que la novena, Anchan Preelerd, continúa encarcelada.
La detención y el enjuiciamiento de niños y niñas debido al artículo 112 son asimismo incompatibles con las obligaciones de Tailandia en virtud del derecho internacional. El inciso 1 del artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), de la que Tailandia es Estado parte, estipula que la infancia tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El apartado b del artículo 37 de la CDN establece que no se debe privar de libertad a los niños y niñas de forma arbitraria y que únicamente se debe recurrir a su arresto, detención o encarcelamiento en último lugar.
La FIDH y TLHR reiteran sus llamados al gobierno tailandés para que se abstenga de llevar a cabo arrestos, procesamientos y detenciones de personas por el ejercicio legítimo y pacífico de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La FIDH y TLHR instan al gobierno tailandés a que enmiende el artículo 112 para que ajuste a las obligaciones de derechos humanos de Tailandia en virtud del PIDCP.