“The UN opinion on Anchan’s case underscores the supreme injustice to which she has been subjected and the recurring and serious human rights violations associated with the enforcement of Article 112. It’s time for the Thai government to break the chain of lèse-majesté arrests, prosecutions, and detentions and heed the growing domestic and international calls for the reform of Article 112.”
"El dictamen de la ONU sobre el caso de Anchan pone de manifiesto la enorme injusticia cometida contra ella y las recurrentes y graves violaciones de derechos humanos ligadas a la aplicación del artículo 112. Es hora de que el gobierno tailandés rompa la cadena de detenciones, juicios y encarcelamientos por el delito de lesa majestad y atienda los crecientes llamados nacionales e internacionales para que se reforme el artículo 112."
El dictamen del GTAD se emitió en respuesta a una queja presentada conjuntamente por la FIDH y Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR) ante el organismo de la ONU el 7 de julio de 2021. En su dictamen, el GTAD consideró que la privación de libertad de Anchan en virtud del artículo 112 era "arbitraria" y pidió al gobierno tailandés su "inmediata puesta en libertad", teniendo en cuenta la amenaza que supone la pandemia de COVID-19 en los lugares de detención, y que "se le conceda su derecho a una indemnización y a otras reparaciones".
El GTAD manifestó su grave preocupación por el patrón de detenciones arbitrarias que se lleva a cabo en virtud del artículo 112, en particular las relacionadas con la expresión en línea, y el "grave daño a la sociedad" causado por la aplicación de la ley.
El GTAD también pidió al gobierno tailandés que ajustara el artículo 112 a las obligaciones de Tailandia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 112 establece penas de cárcel para quienes difaman, insultan o amenazan al rey, a la reina, a la persona heredera al trono o regente. Las personas consideradas culpables de incumplir el artículo 112 se enfrentan a penas de prisión que varían entre los tres y los quince años para cada infracción.
El GTAD declaró arbitrario el encarcelamiento de Anchan porque contravenía los artículos 3, 8, 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y los artículos 2, 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Tailandia es Estado parte. Las mencionadas disposiciones de la DUDH y el PIDCP garantizan el derecho fundamental a la libertad, el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de opinión y expresión.
El GTAD consideró que la privación de libertad de Anchan carecía de fundamento legal, porque se basaba en una detención sin una orden de arresto válida emitida por una autoridad judicial competente, independiente e imparcial. La detención inicial de Anchan en la base militar sin que se la condujese ante un juez también vulneró su derecho a impugnar la legalidad de su detención, que garantizan los artículos 8 y 9 de la DUDH y los artículos 2 y 9.3 del PIDCP. Por otra parte, Anchan fue detenida en virtud del artículo 112, una legislación que el GTAD ha indicado sistemáticamente que "viola expresamente el derecho internacional de los derechos humanos".
El GTAD también dictaminó que Anchan había sido detenida debido a su "ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión". El GTAD consideró que los archivos de audio sobre los miembros de la familia real tailandesa que Anchan subió a las plataformas de las redes sociales "se encuentran dentro de los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión" en virtud del artículo 19 de la DUDH y del artículo 19 del PIDCP.
La FIDH y la TLHR acogen con satisfacción el dictamen del GTAD y reiteran sus llamados para su puesta en libertad de forma inmediata e incondicional de Anchan y de todas las demás personas detenidas en virtud del artículo 112.
Anchan es la novena persona detenida por un delito de lesa majestad cuya privación de libertad ha sido considerada arbitraria por el GTAD desde agosto de 2012. A pesar de la constante preocupación internacional por la ley de lesa majestad, las autoridades tailandesas continúan enjuiciando y deteniendo a personas por violar el artículo 112. Entre el 24 de noviembre de 2020 y el 20 de diciembre de 2021, 164 personas, entre ellas niños y niñas, fueron acusadas en virtud del artículo 112. Cinco de ellas continúan encarceladas, además de Anchan.
La FIDH y la TLHR también piden al gobierno tailandés que modifique el artículo 112 para adaptarlo a las obligaciones de Tailandia en virtud del PIDCP y que se abstenga de llevar a cabo más detenciones, juicios y encarcelamientos de personas debido al ejercicio pacífico y legítimo de su derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión.
Antecedentes
El 19 de enero de 2021, Anchan, ex funcionaria pública, fue declarada culpable y condenada a 87 años de prisión por 29 cargos de lesa majestad debido a unos ficheros de audio que subió y difundió en plataformas de redes sociales y que las autoridades consideraron difamatorios para la monarquía tailandesa. Su sentencia se redujo a 43 años y 6 meses, en consideración a que hubiera admitido su culpabilidad. Tras el veredicto, Anchan fue encarcelada en la Institución Correccional Central de Mujeres de Bangkok.
Anchan fue detenida el 25 de enero de 2015 y retenida en una base militar durante cinco días. Antes de su encarcelamiento, Anchan había pasado tres años y 281 días en detención. Su caso penal en virtud del artículo 112 se juzgó inicialmente ante un tribunal militar, que denegó repetidamente sus solicitudes de establecer una fianza. Anchan fue puesta en libertad provisional bajo fianza el 2 de noviembre de 2018, aunque la causa por delito de lesa majestad contra ella se mantuvo bajo la jurisdicción del Tribunal Militar de Bangkok hasta julio de 2019, cuando la junta militar en el poder, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO), ordenó el traslado de todos los juicios de civiles en tribunales militares a tribunales civiles.