Nueva oleada de acusaciones de Lesa Majestad daría lugar a 100 años de cárcel, según informe

05/10/2021
Informe
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(Bangkok, París) Una nueva oleada de arrestos, detenciones y procesamientos por difamar a la realeza podría tener como consecuencia que varias personas activistas prodemocracia sean condenadas a penas de prisión de entre 120 y 300 años, según advierte un nuevo informe publicado hoy por la FIDH, Thai Lawyer for Human Rights (TLHR) y Internet Law Reform Dialogue (iLaw).

El informe, titulado "Second wave: The return of lèse-majesté in Thailand" [Segunda oleada: la lesa majestad regresa a Tailandia], documenta el modo en que el gobierno tailandés ha utilizado y abusado del artículo 112 del Código Penal ("lesa majestad") para atacar a las personas activistas y manifestantes prodemocracia por su expresión política en línea y su participación en manifestaciones pacíficas a favor de la democracia.

El artículo 112 impone penas de cárcel a quienes difaman, insultan o amenazan al rey, a la reina, a la persona heredera al trono o al regente. Las personas consideradas culpables de incumplir el artículo 112 se enfrentan a penas de cárcel que pueden variar entre los tres a los quince años para cada infracción.

"Los juicios por lesa majestad socavan gravemente el derecho a la libertad, a un juicio justo y a la libertad de opinión y expresión. Es fundamental que la comunidad internacional manifieste su inquietud por el abuso del artículo 112 que está teniendo lugar, que podría provocar el encarcelamiento injusto de muchas personas durante largo tiempo."

Adilur Rahman Khan, secretario general de la FIDH.

A finales de noviembre de 2020, tras una pausa de unos dos años, el gobierno tailandés retomó el artículo 112 para responder a las crecientes protestas prodemocracia que se produjeron en toda Tailandia durante la mayor parte de 2020. En muchas de las manifestaciones pacíficas a favor de la democracia, las personas participantes rompieron el antiguo tabú político de Tailandia, al criticar directamente a la monarquía y pedir la reforma de esta institución.

Entre el 24 de noviembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, se acusó a 124 personas en virtud del artículo 112, entre las que se encontraban, al menos, ocho niños y niñas (es decir, personas menores de 18 años). Durante ese mismo periodo, las autoridades detuvieron al menos a 19 personas en virtud del artículo 112. A 31 de agosto de 2021, dos de ellas continuaban detenidas.
Casi la mitad de las acusaciones de lesa majestad contra activistas, manifestantes y otras personas prodemocracia que se presentaron durante ese periodo estaban relacionadas con diversas formas de expresión en línea.

Las acusaciones en virtud del artículo 112 suelen estar relacionadas con denuncias presentadas por miembros de grupos monárquicos, cibervigilantes y otros usuarios de Internet y, en algunos casos, se produjeron a raíz de operaciones de información en línea llevadas a cabo por el ejército tailandés.

Las autoridades tailandesas han continuado interpretando el artículo 112 de forma muy laxa y han aplicado la letra de la ley hasta el absurdo, lo que ha dado lugar a que algunas personas tuvieran que responder cargos en virtud de este artículo por criticar la gestión de la vacuna COVID-19 por parte del gobierno, llevar camisetas de tirantes, insultar al anterior monarca o citar una declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre el artículo 112.

En los últimos 10 años, diversos mecanismos de supervisión de los derechos humanos de la ONU han manifestado reiteradamente su preocupación por el artículo 112 y han declarado que su aplicación es incompatible con el derecho internacional. Los miembros de la comunidad internacional también han expresado su preocupación por el uso del artículo 112.

El informe formula recomendaciones prácticas para hacer frente a las violaciones de derechos humanos derivadas de la aplicación del artículo 112 y para garantizar su conformidad con las obligaciones de Tailandia en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional.

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