Derechos humanos y Derechos ambientales

La FIDH considera que los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes.

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La FIDH considera que los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes.

Según ha afirmado recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el profesor John Knox, “aunque un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable es esencial para el pleno disfrute de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos (entre otros, el derecho a la libertad de expresión y la educación) la participación y reparación son vitales para la protección del medio ambiente”. En su informe, presentado en marzo al Consejo de Derechos Humanos, se solicita a la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobación de una resolución formal que reconozca el derecho a un medio ambiente saludable como parte integrante del derecho internacional de derechos humanos. Este informe supone un paso importante en la comprensión y la aplicación de las obligaciones en materia de derechos humanos relativos al medio ambiente. Es evidente que en los próximos años estos vínculos serán fundamentales para la protección de las personas y del planeta.

Durante los últimos 10 años, la FIDH ha trabajado para reafirmar la pertinencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el debate actual sobre el cambio climático, los desechos tóxicos y la energía. Los daños ambientales suponen una amenaza directa contra el derecho a la vida, la salud, el agua, el desarrollo, la vivienda, el trabajo, la cultura y contra los derechos de los pueblos indígenas (véase por ejemplo la posición de la FIDH en las negociaciones de la COP21. Las poblaciones afectadas tienen derecho a que se las proteja de los efectos ambientales adversos, como la contaminación del agua, suelo o aire, la deforestación y los desplazamientos que resultan de la desertificación o de las inundaciones causadas por el cambio climático.

Como ya hemos documentado, persisten importantes deficiencias en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Agentes estatales y no estatales son, con frecuencia, responsables de violaciones en masa de derechos humanos y ambientales.

Cada vez más, los defensores y defensoras de derechos humanos y, en especial, aquellos que defienden el territorio y el ambiente , son objeto de medidas represivas y la presión sobre la tierra se ha vuelto insoportable. Entre 2011 y 2014, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos documentó 43 casos de asesinatos y 123 hostigamientos judiciales de defensoras y defensores de la tierra, en ocasiones acompañados de detenciones arbitrarias.

Al mismo tiempo, en algunos países como Honduras, el proceso de transformación del suministro energético impulsado por la lucha contra el cambio climático corre el riesgo de causar daños irreversibles en las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y en la microcuenca del río Cuyamel, principal fuente de agua de casi 7000 personas en el municipio de San Francisco, Atlántida.

Mientras, en otros lugares, como Sudáfrica, el declive de la industria minera implica importantes repercusiones en materia de derechos humanos y ambientales debido a la falta de una rendición de cuentas apropiada, tanto por parte de las empresas como de las instituciones públicas. El repentino cierre de la mina de Blyvoorzicht ha dejado abandonada a su suerte a una comunidad de 6000 personas.

Ni siquiera Europa es inmune a los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente causados por las actividades económicas, como demuestra el informe sobre las violaciones de los derechos humanos causadas por la catástrofe medioambiental de la planta siderúrgica ILVA en Italia.

Los Estados tienen la obligación legal de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos garantizando un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Además, los Estados son responsables de la armonización de las políticas públicas y legislaciones nacionales con sus obligaciones, aunque con frecuencia son ineficaces o cómplices de violaciones de los derechos humanos.

Asimismo, es fundamental el papel y la responsabilidad de las empresas y otros agentes no estatales en la vulneración de los derechos humanos y el medio ambiente. Entre otros agentes cabe citar a agencias privadas de seguridad, grupos paramilitares y rebeldes, así como grandes empresas transnacionales, nacionales o estatales. Extraen, contaminan y destruyen recursos ambientales escasos y operan con normativas laborales insuficientes.

La FIDH considera que un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es fundamental para el disfrute efectivo del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, y demás derechos. Del mismo modo, la introducción de consideraciones de derechos humanos en las políticas ambientales es esencial para la protección de las poblaciones afectadas por el calentamiento global y para el bienestar de las generaciones futuras.

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