16 de mayo de 2022, Jerusalén/Nueva York/París – Un abogado y activista palestino que ha vuelto a ser encarcelado recientemente insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a que acelere la investigación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personal del Estado israelí, en particular el traslado forzoso y la expulsión de población palestina de Jerusalén Oriental.
En una nueva presentación ante la CPI, Salah Hammouri relata los años de acoso y abusos a los que ha sido sometido por parte del gobierno israelí debido a su activismo, al tiempo que ha explicado las nuevas tácticas empleadas, como la retirada de su residencia de Jerusalén Oriental, la separación forzosa de su esposa, hijos e hija y, actualmente, su encarcelamiento y la amenaza de deportación.
"En estos momentos me encuentro en la encrucijada más difícil de mi vida, desde las lesiones hasta el exilio, pasando por mi detención sin cargos. La ocupación no se limita a matarnos, detenernos y desplazarnos. Persigue nuestros sueños y los asesina. La incertidumbre de no saber dónde puedo acabar cuando me pongan en libertad es una tormenta de pensamientos que me persigue a diario. Afecta a mi moral y mi estado psicológico, es como estar en una montaña rusa."
El 7 de marzo, las fuerzas israelíes allanaron el domicilio de Hammouri y lo pusieron bajo custodia, en régimen de "detención administrativa", por el que el gobierno israelí retiene a las personas sin presentar cargos contra ellas. Su detención se produjo un día después de que publicara un artículo en la revista Jacobinen el que describía los malos tratos que había sufrido a manos de las autoridades israelíes desde su adolescencia y la revocación de su residencia en octubre de 2021 debido a una llamada "ruptura de la lealtad" hacia Israel, la potencia ocupante. Su detención administrativa se ha prolongado durante tres meses y se podría renovar repetidamente, como ha sido la práctica de Israel.
La presentación de Hammouri, que ha realizado en su nombre un equipo de juristas del Centro de Derechos Constitucionales y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), se suma a una serie creciente de pruebas que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, deberá sopesar a la hora de considerar la posibilidad de presentar cargos contra personal del Estado israelí por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, abrió una investigación en marzo de 2021 sobre los crímenes cometidos en el territorio del Estado de Palestina tras un examen preliminar de casi cinco años.
En esta presentación se sitúa el caso de Hammouri en el contexto más amplio de los crímenes que se cometen a diario, en el marco de la empresa colonial de los asentamientos, contra la población palestina de Jerusalén Este, que es donde nació y donde el periodista lucha por permanecer. Entre estos abusos cabe citar los desalojos forzosos, la demolición de viviendas, la restricción de movimientos, la separación de las familias y la detención arbitraria, así como la violencia ejercida tanto por las fuerzas israelíes como por los colonos.
"Instamos a la fiscal Khan a dar prioridad a la investigación de los crímenes cometidos contra la población palestina y avanzar rápidamente para presentar órdenes de detención en algunos casos concretos, como los crímenes cometidos en la Jerusalén Oriental ocupada y el caso de Salah Hammouri. La demora, y la consiguiente impunidad, tienen un alto precio que se está pagando a diario en la pérdida de vidas palestinas y en la negación de la seguridad y la libertad de la población palestina".
La investigación de la CPI se refiere a los crímenes presuntamente cometidos en Palestina –la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental– desde el 13 de junio de 2014. Entre ellos se encuentran la demolición de viviendas y el traslado forzoso de población palestina de Sheikh Jarrah y otros barrios de la Jerusalén Oriental ocupada por parte de Israel, los crímenes de apartheid, persecución y crímenes de guerra derivados de la denegación de derechos fundamentales a la población palestina por parte de Israel y de su empresa de asentamientos, así como los delitos cometidos por Israel durante sus ataques militares a Gaza en 2014 y 2020 en el marco de la operación de cierre de la zona durante 14 años.
Hammouri trabaja como abogado de la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer, que presta asistencia a las personas palestinas encarceladas por motivos políticos en instalaciones tanto israelíes como palestinas. Se sumó al actual boicot a los tribunales militares por parte de las 530 personas palestinas sometidas a detención administrativa en cárceles israelíes.
"El caso de Salah sienta un peligroso precedente en la escalada de la ocupación israelí debido a la revocación de su residencia y la detención administrativa. La prolongada persecución a la que se enfrenta Salah es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad según el estatuto de Roma de la CPI. Es fundamental que la CPI, otros organismos internacionales y los Estados intervengan inmediatamente y exijan a Israel, como potencia ocupante, que ponga en libertad a Salah y revoque su decisión de cancelar su permiso de residencia".
En 2021, se reveló que el Hammouri se encontraba entre las personas defensoras de los derechos humanos de la población palestina cuyo teléfono había sido infectado con el programa espía Pegasus. Hammouri ha presentado conjuntamente una denuncia penal en París contra la empresa israelí NSOpor vigilarle ilegalmente a través de Pegasus.
"Es urgente que los responsables de la persecución de Salah Hammouri y otras personas defensoras de los derechos humanos de Palestina rindan cuentas, incluida la empresa israelí de ciberinteligencia NSO. Aunque esperamos que los tribunales franceses actúen en el caso de Salah Hammouri, instamos al fiscal de la CPI a tomar medidas y llevar a cabo una investigación activa y concreta que rompa con el ciclo de impunidad de los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Palestina, incluida Jerusalén Oriental,"
Aunque Hammouri ha sido detenido y encarcelado en varias ocasiones, la primera cuando solo tenía 16 años, nunca ha sido sometido a juicio. En 2016, cuando su esposa estaba embarazada, el gobierno israelí la deportó a Francia, y ni ella ni su hijo y su hija han podido ir a Palestina desde entonces. Incluso antes de su último encarcelamiento, Hammouri no podía viajar para ver a su familia, ya que se arriesgaba a que no le permitieran regresar a Palestina. En estos momentos ha impugnado la revocación de su residencia en Jerusalén Oriental ante los tribunales, que se basa supuestamente en la legislación sobre la “ruptura de lealtad”y que le ha forzado a permanecer en la localidad de Kafr Aqab debido a las amenazas de deportación.
"Hoy, pueden contar con mi apoyo total a su esfuerzo. Espero que no logren matar mi sueño de seguir viviendo y ser libre."
El 2 de enero de 2015, el Estado de Palestina se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y, el 1 de abril de 2015, Palestina se convirtió en el 123º Estado miembro de la CPI. Palestina concedió a la CPI jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de Palestina, incluido Jerusalén Oriental, o contra miembros de la ciudadanía palestina desde el 13 de junio de 2014.
Leer la presentación de hoy y visitar la página del caso elaborada por el Centro de Derechos Constitucionales.