En octubre de 2021, Salah Hammouri se puso en contacto con FrontLine Defenders (de ahora en adelante FLD) para solicitar la examinación de su teléfono, tras descubrir la infiltración en los dispositivos de otras defensoras y defensores de los derechos humanos palestinos. En noviembre de 2021, FLD concluyó su investigación y confirmó sus hallazgos junto al Citizen Lab y Amnistía Internacional. La investigación reveló que tanto el teléfono del Sr. Hammouri como los teléfonos de otros defensores de los derechos humanos palestinos fueron hackeados por los servicios del Grupo NSO, una empresa tecnológica israelí conocida por su programa de espionaje Pegasus. Es así que, la investigación demostró que el teléfono del Sr. Hammouri había sido hackeado desde el abril de 2021. En diciembre de 2021, el Sr. Hammouri decidió acudir a la FIDH para que esta lo apoyara en la presentación de una denuncia judicial contra el Grupo NSO; el mismo que ha utilizado su software de espionaje para infiltrarse de forma ilegal en su teléfono, así como en toda su vida profesional y privada, privándolo entre otros derechos a su derecho a la privacidad.
"Instamos al Fiscal de París a que abra, de inmediato, una investigación provisional sobre las vulneraciones expresadas en nuestra denuncia,"
Desde los 15 años el Sr. Hammouri ha sido objeto de la persecución israelí. En el año 2000 sufrió una herida de bala y un año más tarde, cuando tan sólo tenía 16 años, fue detenido por primera vez. Desde entonces se ha enfrentado a un acoso constante por parte de las autoridades israelíes que ha incluido: seis periodos de encarcelamiento y de detenciones arbitrarias, varias prohibiciones y restricciones para viajar, el pago de multas y fianzas desorbitadas, arrestos domiciliarios, la separación de su familia, la revocación de su residencia y la amenaza inminente de deportación. A todo lo anterior, el 7 de marzo de 2022, las Fuerzas de Ocupación Israelíes volvieron a arrestar a Salah Hammouri bajo el régimen ilegal de detención administrativa por un periodo total de tres meses; teniendo en cuenta que la detención administrativa está sujeta a renovaciones indefinidas impuestas por el Reglamento de Emergencia que aplica el comandante militar israelí en el Área de Cisjordania.
"Sigo con mi lucha porque quiero que todas las personas palestinas puedan vivir con libertad y dignidad; sé que este momento no llegará sin la lucha y el sacrificio de quienes estén dispuestos a tomar partido,"
El 18 de octubre de 2021, el ministro de Interior israelí emitió la decisión de revocar el carnet de residencia permanente del Sr. Hammouri de la ciudad de Jerusalén. Esta decisión se funda sobre la base del denominado "incumplimiento de lealtad" al Estado de Israel del Sr. Hammouri; cuya formulación es particularmente vaga, carente de significado y se sujeta de las acusaciones de "actividades terroristas" y/o a la afiliación a "entidades terroristas," vinculadas con la "información secreta." Si esta medida se aplica y se lleva a la práctica significará que el Sr. Hammouri, que nació y vive en la ciudad de Jerusalén desde 1985, será expulsado de manera permanente de su país de origen y del centro de su vida, sin poder regresar. La aplicación de esta también sentará un precedente legal extremadamente peligroso a manos de las autoridades israelíes a recurrir y emplear de manera sistemática a la revocación de las residencias de la población palestina residente en Jerusalén como un intento por vaciar la ciudad de la población palestina.
"Beneficiarse de los logros que hemos conseguido en el campo de la tecnología para ir en contra de los derechos humanos no puede continuar sin medidas de responsabilidad y rendición de cuentas. La negación de llevar ante la justicia al Grupo NSO, así como a sus afiliados, es un estímulo para que la persecución de los derechos humanos continúe,"
La FIDH y la LDH condenan estas medidas desproporcionadas y arbitrarias. Los ataques contra Salah Hammouri parecen cumplir con el único objetivo de castigarle por sus actividades, totalmente legítimas, en materia de derechos humanos, principalmente a favor de las personas palestinas presas. Estos ataques forman parte de una campaña más amplia, empleada por el gobierno israelí, para deslegitimar a los grupos palestinos e israelíes de derechos humanos, así como a las defensoras y defensores de los derechos humanos, siendo esta una forma de presión activa para cortar sus fuentes de financiación.
No es la primera vez que el Grupo NSO se enfrenta a una demanda así, ya que tiene varias demandas alrededor del mundo por el uso ilegítimo de sus tecnologías con total desacuerdo con las leyes y principios básicos de los derechos humanos. Un gran número de ONGs, entre las cuales se encuentra la FIDH, instaron a la Unión Europea a incluir el Grupo NSO en su lista de sanciones globales y a tomar todas las medidas necesarias para prohibir la venta, la transferencia, la exportación, la importación y el empleo de las tecnologías del Grupo NSO hasta que se establezcan unas garantías y protecciones adecuadas en materia de derechos humanos. Es vital que se adopten las sanciones y las medidas adecuadas cuando las empresas abusen de los derechos humanos. En ese sentido, y como la FIDH ha incidido en repetidas ocasiones, cualquier regulación a nivel Europeo debe dirigirse a todas las empresas, incluidas las empresas que operan en el sector tecnológico.
La presentación de esta denuncia judicial ha sido acogida con total satisfacción y apoyo por las principales organizaciones de derechos humanos y los principales actores clave para la investigación del Grupo NSO, entre ellos los mencionados a continuación:
Access Now
Amnesty International
Front Line Defenders
Forensic Architecture
Center for Constitutional Rights
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
Al Haq Organization - Law in the Service of Mankind
The Palestinian Institute for Public Diplomacy
7amleh – Arab Center for the Advancement of Social Media