“We urge the authorities to act within the rule of law and to refrain from any action that would lead to further violence and violate human rights. Any measure that would use the failed coup as a pretext to silence critical voices and threaten the independence of State institutions, media and civil society must be strongly condemned. All response to the inadmissible acts of violence which we have witnessed on Friday must firmly respect democratic standards, the rule of law and human rights.”
El viernes 15 de julio, una facción del ejército turco realizó un intento de golpe y declaró la ley marcial, cerró los puentes de Estambul, los aeropuertos, el Parlamento turco y algunas comisarías de policía. El ejército turco declaró haber tomado el poder para restaurar el orden constitucional, la democracia y los derechos humanos. En respuesta, el presidente Recep Tayyip Erdogan instó al pueblo a manifestarse para protestar contra el golpe. El Parlamento fue alcanzado al menos por una bomba y los medios de comunicación informaron de enfrentamientos, rendiciones y caos. Doscientas noventa personas perdieron la vida y otras 1 440 resultaron presuntamente heridas en todo el país. Como reacción al intento de golpe de la noche del viernes, el Gobierno turco comenzó a aplicar una serie de medidas contra las personas sospechosas de estar implicadas. Hay más de 6 000 personas detenidas, entre ellas altos cargos del ejército, y se ha destituido a 2 745 jueces y fiscales por su presunta relación con el golpe. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha prometido "eliminar el virus de todas las instituciones del Estado".
La FIDH condena enérgicamente el intento de golpe de Estado y expresa su más profundo pesar a las víctimas, sus familias y a las personas heridas. La responsabilidad de defender los principios democráticos y de garantizar el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos recae en el Gobierno y cualquier cambio en el Gobierno debe realizarse a través de elecciones democráticas, libres y justas y no mediante la fuerza.
La FIDH está profundamente preocupada por la violenta reacción del Gobierno turco, que amenaza con restringir aún más los derechos humanos y las libertades fundamentales y con seguir incumpliendo los principios democráticos en el país. Son especialmente preocupantes las declaraciones de Erdogan sobre su intención de volver a introducir la pena de muerte y de limpiar todas las instituciones de miembros de la oposición política. La virulencia y la rapidez de su reacción, que ha llevado a la detención de miles de personas en pocas horas, aumenta también la preocupación sobre el fundamento de estas acusaciones, que parece desproporcionado en relación al fin que se pretende alcanzar.
"Instamos a las autoridades a actuar dentro del marco del Estado de derecho y a evitar toda acción que genere mayor violencia y contribuya a la vulneración de los derechos humanos. Cualquier medida que use como pretexto el fallido golpe de Estado para silenciar las voces críticas y amenazar la independencia de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil debe ser enérgicamente condenada. Toda respuesta a los inadmisibles actos de violencia que hemos presenciado el viernes debe respetar firmemente las normas democráticas, el Estado de derecho y derechos humanos."
La FIDH también insta a las autoridades a que garanticen que todos los responsables de estos actos rinden cuentas, a través de investigaciones transparentes, imparciales y exhaustivas y actuaciones judiciales que se realicen respetando plenamente las normas internacionales sobre garantías procesales.
Hace asimismo un llamamiento a la comunidad internacional, en especial a la Unión Europea, al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas, para que supervisen estrechamente la situación.
Léase también el comunicado conjunto de las organizaciones miembros de la FIDH, İHD y HRFT, sobre el intento de golpe de Estado en Turquía.