París, 21 de marzo de 2024. La contaminación por clordecona es una violación del derecho a la salud, razón por la cual Francia debe aplicar la Carta Social Europea en todo su territorio. El 18 de marzo de 2024, la FIDH, con el apoyo de la LDH y Kimbé Rèd F.W.I, una asociación de derechos humanos de las Indias Occidentales, presentó una queja colectiva contra Francia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) del Consejo de Europa.
En respuesta a un llamamiento de la sociedad civil de las Antillas Francesas, encabezada por la asociación Kimbé Rèd Antillas Francesas (F.W.I.), se denuncia la violación del derecho al agua potable y al saneamiento en Guadalupe, así como el envenenamiento por clordecona de las poblaciones de Guadalupe y Martinica.
Durante muchos años, la FIDH y la LDH han hecho campaña en los territorios franceses de ultramar por el reconocimiento de los derechos ambientales como derechos humanos (siendo el acceso a agua potable uno de ellos), los cuales garantizan el derecho fundamental a un ecosistema seguro, limpio y saludable.
En Guadalupe, hasta el 80% del agua producida se pierde a través de fugas en las redes, lo que provoca cortes de energía diarios que pueden durar desde varios días hasta más de un mes. Cuando el agua está disponible, no es potable debido a tuberías obsoletas (que no se han mantenido adecuadamente durante 30 años), saneamiento inadecuado (el 80% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no cumplen con los estándares) y contaminación por clordecona.
Al mismo tiempo, el 90% de la población de Guadalupe y Martinica (más de medio millón de personas) se ve afectada por esta contaminación del agua, de la tierra y de los alimentos. En este contexto, la trazabilidad de la clordecona como medida preventiva y la desintoxicación de los seres humanos como medida curativa aún no está garantizada. Es más, a finales de 2023, sólo cuarenta y cinco personas habían sido indemnizadas por los daños sufridos.
Hasta la fecha, Francia se niega a aplicar medidas de emergencia para garantizar el acceso al agua potable en Guadalupe y a conceder reparaciones e indemnizaciones a las víctimas de la clordecona en las Antillas francesas, a pesar de que estas medidas han sido recomendadas por varios organismos de las Naciones Unidas.
Al negarse a asumir sus responsabilidades, el Gobierno francés está violando varios derechos fundamentales de las poblaciones de los territorios franceses de ultramar, los cuales están consagrados en la Carta Social Europea revisada y en numerosos textos internacionales ratificados por el país. Estos derechos incluyen el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a la protección social, así como al usufructo de agua potable y de un medio ambiente seguro, limpio y saludable, los cuales también están consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 y en 2022.
Para defender el acceso igualitario y efectivo a estos derechos, así como a todos los derechos humanos de las personas que viven en los territorios franceses de ultramar, la FIDH, con el apoyo de la LDH, denuncia no solo estas graves y reiteradas violaciones, sino también este trato discriminatorio, inimaginable en Francia continental. A pesar de su compromiso con el principio constitucional de igualdad y respeto del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho a la no discriminación y los derechos sociales consagrados en la Carta Social Europea, Francia no ha reconocido expresamente la aplicabilidad de la Carta y sus protocolos a estos territorios no metropolitanos.
"Es esencial que el Comité aclare la plena aplicación de la Carta y sus protocolos a los territorios franceses de ultramar, para responsabilizar a Francia de las violaciones de los derechos sociales cometidas en los territorios de ultramar", dice Patrick Baudouin, presidente de la LDH.
"Francia no puede seguir ignorando los problemas recurrentes en las Antillas francesas. Han durado demasiado tiempo", afirma Elena Crespi, jefa de la oficina de la FIDH para Europa Occidental. "Debe reconocer finalmente que la Carta Social Europea debe aplicarse a todos sus territorios. Al responder favorablemente a esta queja colectiva, el CEDS invitaría a Francia a tomar más en serio las desigualdades históricas entre Francia y sus territorios de ultramar, y a acercarse a la realización de los numerosos derechos fundamentales en estos últimos", explica.
— -La Carta Social Europeadel Consejo de Europa, contraparte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, garantiza el respeto de los derechos económicos y sociales fundamentales como el empleo, la protección contra la pobreza, la educación, la vivienda, la salud y la no discriminación por parte de los Estados que la han ratificado (también en su versión revisada). Francia ratificó la Carta Social Europea de 1961 en 1973 y la Carta revisada de 1996 en 1999, así como el Protocolo Adicional de 1995 que establece un sistema de reclamaciones colectivas, que prevé su justiciabilidad. Francia es también uno de los Estados que han aceptado todas las disposiciones de la Carta.