El 2 de abril del 2015, el presidente de Belarús Alexander Lukashenko firmó el Decreto n.º 3 sobre la prevención de la dependencia de la ayuda social, que establece que los ciudadanos de Belarús que no hayan trabajado durante al menos 183 días en el último año y que, por consiguiente, no hayan pagado los impuestos laborales durante ese mismo período tienen que pagar una tasa especial para financiar los gastos del Gobierno. Tal como establece el Decreto n.º 3, el impago parcial o total de dicha recaudación fiscal acarreará una responsabilidad administrativa en forma de multa o de detención administrativa.
El decreto, que pretende estimular el empleo, obliga a los ciudadanos a trabajar un número específico de horas al día o a pagar un impuesto especial al Estado bajo amenaza de detención. Así, se busca estimular el empleo recurriendo al empleo forzoso y con la amenaza de que ser encarcelado por un corto periodo de tiempo, en lugar de establecer salarios competitivos, prestaciones sociales y garantías.
Esto es contrario al artículo 41 de la Constitución, según el cual el derecho civil a trabajar es la forma más digna posible de autoafirmación y determina un número limitado de casos en los que se permite el trabajo forzado – tras una decisión judicial o a causa de un estado de emergencia o ley marcial.
Las disposiciones del Decreto n.º 3 también son contrarias al derecho internacional en materia de derechos humanos, en particular al Convenio n.º 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), artículo 2, punto 1, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.3, y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 6.1.
Cabe destacar que las autoridades bielorrusas han estado practicando activamente el trabajo forzoso, una situación que ha sido criticada en repetidas ocasiones por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto bielorrusas como internacionales.
En diciembre de 2013, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó que el Gobierno de la República de Belarús aboliera el trabajo forzoso para las personas con adicciones a las drogas o al alcohol, que se actualmente se encuentran internadas en contra de su voluntad en los llamados "centros de actividades terapéuticas". Asimismo, pidió que se aboliera el trabajo forzoso como castigo para las personas que se ven privadas de los derechos parentales.
La recomendación anterior también mencionaba el Decreto Presidencial n.º 9 de 7 de diciembre del 2012 "sobre medidas adicionales para el desarrollo de la industria de la madera," que privaba a los trabajadores de la posibilidad de poner fin a su contrato laboral por iniciativa propia, amenazando a las personas que no cumplan esta ley con multas y otras sanciones financieras. El Comité subrayó que Belarús está obligada a respetar el derecho de los trabajadores por cuenta ajena a dar por finalizados con sus contratos laborales por iniciativa propia.
Por desgracia, el Gobierno de Belarús hizo caso omiso de las recomendaciones del Comité de la ONU. El Decreto n.º 3 establecerá además una infraestructura aún más represiva y permitirá un uso más amplio del empleo forzoso en el país.
A este respecto, el Centro de los Derechos Humanos Viasna y la FIDH piden a las autoridades bielorrusas que anulen el Decreto n.º 3 y que realicen los cambios necesarios a la legislación bielorrusa en el ámbito de los derechos laborales, para que sea conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos y respete las recomendaciones de la OIT y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de forma que se elimine la práctica del empleo forzoso en todas sus formas.