El 4 de octubre de 2016, la FIDH y el HRC Viasna estuvieron presentes durante la lectura del veredicto de la condena a la pena de muerte ratificado en apelación por el Tribunal Supremo de Belarús en el caso de Sergei Vostrikov. Ambas organizaciones hacen un llamamiento a las autoridades bielorrusas para que suspendan inmediatamente su ejecución y, en términos más generales, para la abolición de la pena de muerte en el país o para establecer una moratoria como un primer paso para su abolición.
Tras una pausa de casi un año y medio, las ejecuciones en Belarús se reanudaron en abril de 2016, después de que la UE suprimiera la mayoría de las medidas restrictivas que había impuesto al país por vulneraciones de los derechos humanos. Belarús es el último y único país retencionista de Europa. La UE debería alzar su voz y garantizar que la moratoria sobre la pena de muerte figura entre los "principales pasos tangibles" que deben conformar la futura política de la UE hacia Belarús.
Este informe de 84 páginas muestra que en Belarús la tortura y el maltrato se utilizan de forma generalizada para forzar a los sospechosos a incriminarse a sí mismos en ausencia de un abogado. Se vulnera sistemáticamente el derecho a la defensa jurídica. Los abogados y jueces carecen por lo general de independencia, al igual que todo el sistema judicial.
“A lo largo de todo el juicio mi hijo afirmó que sus confesiones habían sido obtenidas durante los primeros interrogatorios, bajo tortura y presión psicológica. La rapidez con la que sentenciaron y ejecutaron a mi hijo y el hecho de que se hiciera salir al Fiscal General y al Ministro de Justicia antes de que el tribunal dictara su sentencia, demuestran que el caso era puramente político,” declaró Lyubov Kovaleva, madre de Vladislav Kovalev, ejecutado en 2012.
En este contexto, existe una altísima probabilidad de que se dicten condenas erróneas y el informe muestra ejemplos de los errores judiciales más flagrantes que han conducido a la ejecución de personas inocentes. También cita ejemplos de violaciones que han ocurrido en cada uno de los pasos del proceso judicial, entre otras, las condiciones de detención, los procedimientos de ejecución y la vulneración de los derechos de las familias.
Mientras se encuentran en el corredor de la muerte, los presos condenados a muerte y sus familias están sometidos a una alta presión psicológica. Las condiciones de detención equivalen a tortura, la humillación es sistémica y el aislamiento de los condenados a muerte hace que sean especialmente vulnerables a los abusos.
“En 2011, pasé cuatro meses detenido en una cárcel en la calle Valadarski en Minsk, en el piso situado encima de donde se encarcela a los condenados a muerte y cerca de donde se llevan a cabo las ejecuciones. Al contrario de lo que ocurre con otros prisioneros, los condenados a muerte no pueden pasear y la comunicación con el mundo exterior a menudo es imposible. Las condiciones de detención en el corredor de la muerte equivalen a tortura”, declara Ales Bialiatski, presidente del HRC Viasna.
A las familias de los condenados a muerte no se les informa por anticipado de la fecha de ejecución, nunca se les da el cuerpo y la ubicación del lugar donde los entierran se mantiene en secreto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en varias ocasiones que la tensión psicológica que padecen las familias de los condenados y ejecutados en Belarús equivale a un trato inhumano y a tortura.
“Yo recibí un aviso de la oficina de correos para ir a recoger un paquete de Minsk. Eran la bata y las botas de mi hijo. Cuando llegué a casa, sencillamente no supe qué hacer”, afirmó de Tamara Selyun, madre de Pavel Selyun, que fue ejecutado en 2014.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó a las autoridades bielorrusas en diez casos distintos que no ejecutaran las sentencias hasta que dicho comité las hubiera examinado, tras haber recibido denuncias individuales. Pero en ocho de esos casos, Belarús ignoró sistemáticamente sus obligaciones para con la ONU y procedió a llevar a cabo las ejecuciones. Lo que ocurra con los otros dos casos es muy preocupante. En seis casos, la ONU estableció posteriormente que las autoridades bielorrusas habían violado varios derechos, incluyendo el derecho a la vida de las personas ejecutadas.
Según la campaña “Defensores de los derechos humanos contra la pena de muerte en Belarús”, desde su independencia en 1991, se ha ejecutado a alrededor de 400 personas en el país. En la actualidad, cuatro personas se encuentran en el pabellón de la muerte, entre ellas la persona cuyo veredicto se ratificó en la audiencia del 4 de octubre durante la misión de la FIDH a ese país.
Antecedentes
El informe “La Pena de Muerte en Belarús: asesinato por motivos (i)legales” (EN) se dará a conocer antes del XIV Día Internacional Contra la Pena de Muerte, que se celebrará el 10 de octubre de 2016. Este año, los activistas en contra de la pena capitalrealizarán labores de sensibilización sobre la aplicación de la pena de muerte por terrorismo y delitos afines. En 2012, Belarús ejecutó apresuradamente a dos condenados a muerte condenados por terrorismo en un juicio que expuso todas las deficiencias del sistema judicial bielorruso.
La organización miembro de la FIDH en Belarús, HRC Viasna, encabeza una campaña llamada "Defensores de los Derechos Humanos contra la Pena de Muerte en Belarús" (EN), lanzada en 2009 con el propósito de obtener el respaldo del público para abolir la pena de muerte en Belarús. Además de actividades de sensibilización, esta campaña se centra en prestar asistencia jurídica a las familias de los condenados a muerte.
La FIDH es miembro fundador de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte. La FIDH y sus 184 organizaciones miembros seguirán oponiéndose a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias y continuarán trabajando por su abolición mundial.
Descargar el informe La pena de muerte en Belarús: asesinato por motivos (i)legales” (en inglés)