A lo largo de los últimos días, hemos sido testigos de una nueva ola de redadas y detenciones de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Se trata de una evidente represalia por su trabajo de denuncia y documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas desde la brutal represión de las protestas pacíficas organizadas tras las elecciones de agosto de 2020. Desde agosto de 2020 se ha detenido a más de 35.000 belarusos por participar en protestas pacíficas, se han abierto unos 3000 procedimientos penales por motivos políticos y se han documentado al menos 2500 casos de tortura ejercida contra belarusos. Creemos que este contexto de violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas podría ser constitutivo de crímenes de lesa humanidad. Se calcula que, a 19 de julio de 2021, había 561 presos políticos en Belarús.
Entre el 14 y el 16 de julio de 2021, se registraron más de 60 viviendas y oficinas de organizaciones belarusas de derechos humanos y de sus empleados, incluyendo el centro de derechos humanos Viasna, dos organizaciones miembros del Comité Internacional para la Investigación de la Tortura en Belarús (Human Constanta y Legal Initiative), el Comité Helsinki de Belarús, la Asociación Belarusa de Periodistas, el Legal Transformation Center (LawTrend) y Ecodom, entre muchas otras. En los registros, las autoridades se incautaron de equipos informáticos como portátiles, teléfonos móviles y ordenadores.
Durante esta última ola de registros, se interrogó a más de 30 personas, 13 de las cuales estuvieron privadas de libertad durante 72 horas, presuntamente por su relación con una investigación de delitos contra el orden público y evasión fiscal. Posteriormente, se puso en libertad a la mayoría, entre ellos Mikalai Sharakh, Siarhei Matskievich y los miembros de Viasna Andrei Paluda, Alena Laptsionak, Yauheniya Babaeva, Siarhei Sys, Viktar Sazonau, Ales Kaputski y Andrei Medvedev. Sin embargo, algunas personas siguen teniendo prohibido viajar y se enfrentan a acusaciones penales. Continúan privados de libertad Ales Bialiatsky, Presidente de Viasna, Valiantsin Stefanovic, Director Adjunto de Viasna y Vicepresidente de la FIDH, y Uladzimir Labkovich, abogado y miembro de Viasna. El 17 de julio se los trasladó a al centro de detención preventiva de Valadarskaha. Otros cuatro miembros de Viasna (Leanid Sudalenka, Tatsiana Lasitsa, Marfa Rabkova y Andrey Chapyuk), así como Aleh Hrableuski, de la Oficina para los Derechos de las Personas con Discapacidad, están en prisión preventiva desde finales de 2020 o inicios de 2021.
Viasna, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país y miembro de las redes de la OMCT y la FIDH, lleva más de dos décadas en el punto de mira del gobierno de Belarús. En agosto de 2011, el presidente de la organización Ales Bialiatsky fue condenado a cuatro años y medio de prisión con acusaciones falsas; fue finalmente puesto en libertad en junio de 2014, después de pasar 1052 días privado de libertad de forma arbitraria y en condiciones desoladoras. Como represalia al valiente trabajo de Viasna y a su inquebrantable defensa de los derechos humanos, las autoridades de Belarús han encarcelado a siete de sus miembros para intentar destruir la organización.
Las redadas comenzaron solo un día después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptase una resolución condenando la situación de los derechos humanos en Belarús en la que exigía la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente y una investigación de las denuncias de tortura y de otras violaciones de derechos humanos.
Los días 8, 9 y 16 de julio de 2021, las autoridades también registraron las viviendas y las instalaciones de varios medios de comunicación independientes y de sus empleados, incluyendo Nasha Niva, uno de los periódicos independientes más antiguos del país, y detuvieron a tres de sus periodistas. Las autoridades registraron también las oficinas de RFE/Radio Liberty y Belsat, el mayor canal de televisión independiente de Belarús, y detuvieron a varios de sus periodistas.
Actualmente, más de 30 trabajadores de medios de comunicación y decenas de blogueros continúan privados de libertad.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes condenamos las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades de Belarús, y creemos que podrían dar lugar a más violencia. La última ola de represión se une a la brutal campaña de los últimos meses para demostrar que el objetivo de las autoridades es que todas las personas defensoras de derechos humanos estén privadas de libertad o exiliadas.
Nos solidarizamos con nuestros compañeros y amigos privados de libertad, hostigados y perseguidos a causa de su valiente trabajo. Nos preocupa y entristece enormemente su lucha, pero su compromiso y su resistencia nos inspiran.
Instamos a las autoridades de Belarús a poner fin al hostigamiento y la intimidación de las voces críticas y a poner en libertad a todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas a quienes se ha privado de libertad injustamente.
Instamos a la comunidad internacional a posicionarse rotundamente en favor de la comunidad de derechos humanos de Belarús y a alzar la voz para pedir la liberación de quienes siguen entre rejas y cuyo único delito ha sido reivindicar una sociedad basada en la justicia y no en el miedo.