La FIDH y la HRCP llevan varias décadas supervisando y analizando la evolución del uso de la pena capital en Pakistán. En esta nota informativa se ofrece una visión general del uso de la pena de muerte en Pakistán desde 2019 hasta finales de agosto de 2022.
Durante este periodo, se ha producido una considerable reducción del número de condenas a muerte y ejecuciones. Entre enero de 2015 y agosto de 2019, 2454 personas fueron condenadas a muerte. Entre agosto de 2019 y agosto de 2022, la cifra se redujo a 657. Entre enero de 2015 y diciembre de 2019, se ejecutó a 508 personas condenadas a muerte. Entre enero de 2020 y agosto de 2022 no se llevaron a cabo ejecuciones. Esta evolución de la situación se puede explicar por el cese de la jurisdicción de los 11 tribunales militares de Pakistán en marzo de 2019 y el elevado número de absoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo de personas acusadas que se enfrentaban a la pena de muerte. Sin embargo, todavía hay 32 delitos de 11 legislaciones distintas que siguen siendo punibles con la muerte y Pakistán continúa siendo uno de los países con mayor número de personas condenadas a la pena capital.
Según las últimas cifras oficiales disponibles, a finales de diciembre de 2021 había 1143 personas encarceladas condenadas a muerte en el país.
Tras la realización de una misión conjunta en Pakistán en 2006, al año siguiente la FIDH y el HRCP publicaron Slow March to the Gallows: Death Penalty in Pakistan [El lento camino hacia la horca: La pena de muerte en Pakistán], su primer informe sobre este tema. En 2018, la FIDH y el HRCP llevaron a cabo una segunda misión a Pakistán, en la que se analizó la evolución relacionada con la pena de muerte durante la década anterior, y publicaron el informe Punished for being vulnerable: How Pakistan executes the poorest and the most marginalised in society in October 2019. [El castigo por ser vulnerable: Pakistán ejecuta a las personas más pobres y marginadas de la sociedad] en octubre de 2019. El informe concluye que las sentencias de muerte en Pakistán a menudo son consecuencia de una combinación de deficiencias estructurales inherentes al sistema de justicia penal, entre otros, un sistema de acusación débil y un mecanismo de aplicación de la ley sin fondos suficientes.
Con el 20º Día Mundial contra la Pena de Muerte de este año centrado en la relación entre la pena capital y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, merece la pena reflexionar sobre el creciente reconocimiento de que la pena de muerte es incompatible con la prohibición de la tortura en el derecho internacional.
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