El informe, titulado "Castigados por ser vulnerables: cómo Pakistán ejecuta a las personas más pobres y marginadas de la sociedad", se basa en una investigación llevada a cabo en noviembre de 2018 por las dos organizaciones para analizar la cuestión de la pena capital en Pakistán. La investigación se centró en el derecho a un juicio justo de los acusados de delitos capitales, las condiciones de detención en el corredor de la muerte, la condena y ejecución de menores y el costo que supone para las familias de los condenados el recurso a la pena de muerte. A lo largo de la investigación surgió una cuestión preocupante: las clases económicas más bajas y otras comunidades vulnerables se ven afectadas desproporcionadamente por las deficiencias del sistema de justicia penal de Pakistán.
"Es muy preocupante que quienes están al margen de la sociedad pakistaní tengan más probabilidades de ser condenados por delitos capitales. Aunque la pena de muerte viola los derechos humanos más fundamentales con independencia de donde se utilice, en Pakistán su aplicación discriminatoria es particularmente atroz".
El funcionamiento actual del sistema de justicia penal de Pakistán —desde las investigaciones policiales hasta la acusación formal y los juicios— hace que los sectores más vulnerables de la sociedad tengan muchas más probabilidades de confesar delitos bajo coacción, de ser procesados en juicios sin las debidas garantías y de ser condenados a pena de muerte. Se enfrentan a un sesgo sistémico insuperable que los hace aún más vulnerables a las violaciones del debido proceso y al riesgo de ser ejecutados.
"Hay una necesidad urgente de que el Gobierno pakistaní aborde los numerosos fallos del sistema de justicia penal, no solo para que Pakistán avance hacia la abolición total de la pena de muerte, sino también para que promueva un sistema que respete el derecho a un juicio justo para todas las personas".
La pena capital en Pakistán también conlleva un daño significativo y duradero para los familiares de los condenados a muerte, entre otras, repercusiones de tipo socioeconómico. Es frecuente que los condenados sean los cabezas de familia, y los procesos judiciales —que pueden durar años— pueden suponer costos abrumadores. Además, la experiencia puede causar angustia psicosocial. La mujer de un preso condenado a muerte expresó el efecto que tuvo el encarcelamiento de su marido en ella: "[Mi esposo] ha estado en la cárcel durante 27 años. A él le están castigando dentro de la cárcel y a mí me están castigando fuera de la cárcel".
Aunque las ejecuciones en Pakistán han disminuido en los últimos años, el país continúa siendo uno de los principales ejecutores del mundo. Entre el final de la moratoria de las ejecuciones, en diciembre de 2014, y agosto de 2019, se impusieron cerca de 1800 sentencias de muerte por el conjunto del sistema judicial del país y se ejecutó a 520 personas. Treinta y dos delitos siguen siendo punibles con la pena de muerte en Pakistán, entre ellos, muchos delitos que no alcanzan el umbral de los "delitos más graves" según el derecho internacional. (en inglés)
Este informe da continuidad a un informe conjunto anterior de la FIDH-HRCP, "La lenta marcha hacia la horca: pena de muerte en Pakistán" (en inglés), publicado en enero de 2007.