Camboya: 60.000 nuevas víctimas de la política de acaparamiento de tierras del gobierno desde enero 2014

La comunicación original, presentada en octubre de 2014, demostró que altos cargos del Gobierno de Camboya, de sus fuerzas de seguridad y responsables de empresas relacionadas con el Gobierno perpetraron un ataque contra la población civil, con el doble objetivo de enriquecerse y de preservar su poder a toda costa.

"Las nuevas pruebas de crímenes contra la humanidad relacionados con el acaparamiento de tierras exigen medidas urgentes por parte del fiscal de la CPI. Al iniciar un examen preliminar sobre la situación, la CPI puede hacer llegar al Gobierno de Camboya el mensaje firme de que el acaparamiento de tierras y su política de persecución deben cesar de inmediato" , afirmó el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.

Las nuevas prueban muestran que el frenético acaparamiento de tierras aumentó en 2014 y en el primer trimestre de 2015, con repercusiones negativas sobre 60 000 personas más. Se estima que el número de personas afectadas por el acaparamiento de tierras desde el año 2000 alcanza la increíble cifra de 830 000. Una gran cantidad de víctimas han sido expulsadas por la fuerza de sus casas o han sido objeto de otras formas de persecución. Muchas de ellas continúan en unas terribles condiciones de vida en campamentos de reasentamiento, en los que reinan la inseguridad alimentaria y las enfermedades.

"En una era en la que las violaciones de los derechos humanos relacionados con la tierra han alcanzado niveles alarmantes, este comunicado proporciona al fiscal de la CPI una oportunidad única de reafirmar el papel crucial del derecho penal internacional en la protección de la población contra los traslados forzosos en masa en tiempo de paz", afirmó Richard J. Rogers, abogado de las víctimas.

La comunicación adicional documenta el modo en que los delitos relacionados con el acaparamiento de tierras repercuten de una forma desproporcionada en las mujeres, sobre las que recae la doble responsabilidad de la crianza de los hijos y de contribuir a los ingresos del hogar. La pérdida de la tierra expone a las mujeres a un riesgo mayor de violencia, explotación, desempleo y de sufrir dificultades psicosociales derivadas de ello. Las mujeres que han participado en campañas contra el acaparamiento de tierras han sido brutalmente reprimidas y sometidas a detención ilegal.

"Las mujeres se encuentran en una peligrosa intersección entre violencia y penuria, en la que estos delitos tienen un efecto agravado sobre sus vidas, tanto dentro del hogar como en la esfera pública" , añadió Karin Lahidji, presidente de la FIDH. "De repente, las mujeres se encuentran sin medio de subsistencia, en un contexto de crecientes tensiones en la comunidad, sometidas a un riesgo mayor de ser objeto de represalias por parte de las autoridades si hacen oír su voz".

Una comunicación inicial sobre la cuestión de la apropiación de tierras en Camboya fue presentada a la CPI el 7 de octubre de 2014. El documento demuestra que la élite gobernante efectivamente ha estado llevando a cabo un ataque contra la población civil de Camboya con el doble objetivo de auto-enriquecerse y preservar rl poder, sin tener en cuenta el costo humano de esta política.

Contexto

Camboya ratificó el Estatuto de la CPI el 11 de marzo de 2002, lo que hace a la CPI competente para entender de los delitos cometidos desde el 1 de julio de 2002 en su territorio o cometidos por ciudadanos de este país.

Esta comunicación adicional ha sido presentada al fiscal de la CPI por el abogado Richard J. Rogers, socio de Global Diligence LLP, en nombre de las víctimas y con el apoyo de la FIDH. Refuerza y completa la comunicación original presentada el 7 de octubre de 2014.

Tras el análisis de estas comunicaciones y, de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de la CPI, el fiscal de la corte decidirá si se justifica un examen preliminar sobre los presuntos crímenes contra la humanidad.

Los defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra son cada vez con más frecuencia objeto de medidas represivas, como se explica en el Informe anual del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos

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