"Teniendo en cuenta el continuo incumplimiento de parte del sistema judicial camboyano de investigar de forma adecuada estos graves crímenes y asegurar remedios verdaderos a las personas afectadas, la CPI constituye ahora el camino más realista para que las víctimas obtengan justicia," afirmó el presidente de la FIDH Karim Lahidji. " Esperamos que la implicación de la CPI fomente asimismo procedimientos judiciales justos en el país, ya que la competencia de la CPI es complementaria a la de los tribunales nacionales. "
Richard J. Rogers, el abogado de las víctimas camboyanas probó que en los últimos catorce años, unas 770.000 personas (el 6 % de la población), se han visto afectadas por el acaparamiento de tierras en Camboya. 145.000 personas han sido trasladadas por la fuerza desde la capital Phnom Penh. Los que han sido expulsados de sus tierras siguen sufriendo en campos de reasentamiento condiciones deplorables donde la inseguridad alimentaria y la enfermedad son corrientes. Las minorías indígenas se han visto afectadas de forma desproporcionada por estos traslados forzados, y la mitad de su población ha sido excluida de sus tierras ancestrales.
Las personas que se han opuesto al acaparamiento de tierras han sido brutalmente reprimidas. Los representantes de la sociedad civil, monjes, periodistas, abogados, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, manifestantes civiles y políticos de la oposición han sido asesinados, amenazados o encarcelados por cargos falsos. Solo en 2012, las ONG locales documentaron la detención arbitraria de 232 profesionales y activistas de los derechos relacionados con la tierra. Los autores de estos delitos de motivación política han gozado de total impunidad.
"En una era en la que las violaciones de los derechos humanos relacionados con la tierra han alcanzado niveles alarmantes, esta comunicación proporciona a la Fiscalía de la CPI una oportunidad única de reafirmar el papel crucial del derecho penal internacional en la protección de la población contra los traslados forzados en masa en tiempos de paz," afirma Richard J Rogers. " Una intervención de la CPI obligará al Gobierno de Camboya a que reconsidere su política de acaparamiento de tierras y represión de los disidentes. "
Camboya ratificó el Estatuto de la CPI el 11 de marzo de 2002, lo que proporciona a esta Corte competencia sobre los delitos cometidos desde el 1 de julio de 2002 en su territorio o fuera de él cuando son cometidos por personas de esa nacionalidad. A partir del análisis de esta comunicación y de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de la CPI, la fiscal de la CPI considerará si se debe iniciar una investigación por crímenes contra la humanidad.
La comunicación fue presentada por el abogado internacional - Richard J. Rogers de Global Diligence LLP - en nombre de las víctimas camboyanas individuales, y está respaldado por la FIDH.
Ver resumen de la comunicación remitida a la CPI (en inglés)
Ver las Preguntas & Respuestas (en inglés):