París y Santo Domingo, 20 de marzo de 2024. El 12 de marzo de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional empezó el juzgamiento de cinco implicados en el caso de corrupción de Los Tres Brazos. Estas personas son procesadas por cargos de desfalco y estafa a la Nación, relacionados con la venta que realizó la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), empresa estatal, de los terrenos del sector de Los Tres Brazos a la empresa privada Infepa-Titulatec.
Según los hallazgos de la Comisión creada por la presidencia para examinar el caso, la transferencia de los terrenos se hizo por un precio ocho veces menor al avalúo oficial. Además, afectó el bienestar de los habitantes de los Tres Brazos, quienes fueron forzados por la empresa Infepa-Titulatec a comprar por sumas excesivas los predios que habitaron durante décadas, para regularizar su tenencia de la tierra y no verse expuestos a desalojos.
En la audiencia de juicio celebrada el 12 de marzo, la defensa de las personas acusadas solicitó al Tribunal su pronunciamiento sobre la extinción de la acción penal, aspecto que ya había sido resuelto y denegado por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de diciembre de 2023. Esta solicitud es una muestra más de las múltiples maniobras que ha utilizado la defensa a lo largo del proceso para dilatar su avance efectivo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), organización miembro de la FIDH, representa a 122 habitantes de Los Tres Brazos. Desde 2017, cuando iniciaron las investigaciones vienen enfrentando múltiples obstáculos para el acceso a la justicia. En 2022, las once personas implicadas en el caso fueron absueltas por el Juez Sexto de Instrucción del Distrito Nacional de República Dominicana, quien luego fue destituido por recibir dinero en diferentes casos, entre ellos el de Los Tres Brazos. El 27 de diciembre de 2023, la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió cesar toda investigación en contra de seis de las once personas involucradas en los hechos. Esta decisión fue objeto de un recurso de casación que está pendiente de ser resuelto.
La FIDH recuerda a las autoridades su deber de asegurar el acceso de las víctimas a un recurso rápido y efectivo que no sólo les permita denunciar la corrupción, sino lograr la reparación de los daños sufridos. En este caso, el avance de los procesos es urgente dada la afectación de los derechos a un nivel de vida adecuado y vivienda provocada por los hechos de corrupción y la vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes de Los Tres Brazos, quienes son en una buena parte personas mayores. La FIDH continuará monitoreando y dando seguimiento al avance efectivo del proceso judicial.