La mentalidad que predomina entre muchos gobernantes de la región de Oriente Medio y Norte de África es la de considerar a las personas defensoras de los derechos humanos como enemigos a los que hay que eliminar, por lo que en los últimos años han sido objeto de feroces ataques por parte de los gobiernos, que han utilizado toda una serie de recursos para impedirles trabajar. Las personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas impunemente, se las ha sometido a detenciones arbitrarias, encarcelamiento y tortura. Han recibido penas de prisión en duras sentencias pronunciadas por tribunales –en ocasiones, antiterroristas– que no cumplen las normas internacionales mínimas de un juicio justo y el debido proceso, con acusaciones inventadas relacionadas con su trabajo pacífico y legítimo en el ámbito de los derechos humanos. Además, han sido objeto de ataques por la actividad pacífica que desarrollan en Internet y se les ha vigilado mediante piratería informática y vigilancia, a veces a través del conocido programa espía Pegasus, como ha revelado el informe sobre el Proyecto Pegasus.
El 9 de junio de 2022, más de una docena de organizaciones de derechos humanos instaron al presidente Biden a establecer condiciones previas firmes para la celebración de una reunión con el príncipe heredero Mohamed bin Salman, como la liberación inmediata de las personas encarceladas por motivos políticos, el levantamiento de las prohibiciones arbitrarias de viajar impuestas a las personas defensoras de los derechos humanos y el fin de la práctica de la vigilancia ilegal y la toma de rehenes por parte del Estado.
Varias organizaciones de derechos humanos propusieron asimismo que Biden se reuniera con un grupo de destacadas personas independientes defensoras de los derechos humanos que trabajan en el exilio para documentar y ayudar a reducir las graves violaciones que se producen en los países de Oriente Medio y Norte de África. Se esperaba que esta reunión fuera acompañada de una declaración clara y contundente por parte del presidente Biden en la que confirmara su respaldo a los derechos humanos y su demanda de puesta en libertad de todas las personas encarceladas por motivos de conciencia en la región, pero todas las esperanzas se desvanecieron rápidamente. Los derechos humanos no se abordaron de forma adecuada durante su viaje, ni públicamente ni entre bastidores, según fuentes locales de confianza. El presidente Biden visitó la región y regresó con las manos vacías en cuanto a garantías de liberación de las personas defensoras de los derechos humanos y otras personas encarceladas por motivos de conciencia.
Tras la visita del presidente Biden a Arabia Saudita, que finalizó el 16 de julio de 2022, las reacciones de los gobiernos represivos de Oriente Medio y Norte de África no se hicieron esperar. Una sucesión de violaciones revela claramente el grave deterioro de los compromisos de estos gobiernos en materia de derechos humanos y la terrible forma en que han aprovechado la visita para encubrir graves violaciones de los derechos civiles y humanos de la ciudadanía.
A los ojos de los altos funcionarios de Arabia Saudita, encabezados por el príncipe heredero Mohamed bin Salman, la visita se utilizó como una luz verde para continuar cometiendo graves violaciones de los derechos humanos.
A la condena de 34 años de prisión dictada el 9 de agosto contra la defensora de los derechos humanos saudí Salma Al-Shehab, le siguió, tres semanas después, la de 45 años contra Nourah bint Saeed Al-Qahtani. El Tribunal Penal Especializado condenó a ambas mujeres por sus actividades en Internet en aplicación de la Ley Antiterrorista y la Ley contra la Ciberdelincuencia. Se trata de las condenas más largas jamás impuestas a una persona activista pacífica en Arabia Saudita y, sin duda, entre el activismo de derechos humanos de esta región, en la que las largas condenas están relacionadas con la visita.
Creemos firmemente que estas sentencias, que no hacen justicia alguna, en realidad envían un mensaje de amenazas e intimidación por parte del príncipe heredero Mohamed bin Salman a todas las personas activistas de Internet de que se castigará duramente la expresión civilizada y pacífica de sus opiniones en favor de los derechos humanos en el país, así como defender a personas inocentes encarceladas por motivos de opinión que se hacinan en las cárceles.
Tras esta sentencia carente de todo respeto por las normas internacionales sobre un juicio y procedimientos justos, manifestamos igualmente nuestra honda preocupación por la suerte de otras mujeres encarceladas, como Lina Al-Sharif. Existen razones de peso para creer que otras activistas en línea pueden sufrir también condenas de décadas de privación de libertad.
En Qatar, la respuesta a la visita no se hizo esperar. El 21 de julio de 2022 se cortaron por completo los contactos con un grupo de personas que anunciaron la "Campaña nacional de ciudadanos/as a quienes se prohíbe viajar", entre quienes se encontraban Abdullah bin Ahmed Abu Matar Al-Mohannadi, coordinador general de la campaña, Saud bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, coordinador de relaciones internacionales de la campaña, e Issa Mardi Juhaim Al-Shammari, su coordinador con los medios de comunicación. Estas personas continúan retenidas por el organismo de Seguridad del Estado en régimen de aislamiento y aún no se les ha permitido contactar con sus familias ni contratar a su defensa legal. Estos tres ciudadanos se encontraban entre los miembros que asistieron a la reunión fundacional de la campaña, ya que se les había prohibido viajar durante muchos años a pesar de no haber cometido ninguna infracción.
En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), las autoridades no han puesto en libertad a 40 personas encarceladas por motivos de conciencia a pesar de haber cumplido sus condenas. Muchas de estas personas forman parte de un grupo conocido colectivamente como EAU94, cuya detención se produjo en 2012 y se las condenó por sus actividades prodemocráticas a penas de entre siete y quince años de prisión en un juicio manifiestamente injusto celebrado en 2013. Otros informes posteriores recibidos por el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) a principios de agosto confirmaron la política continuada de las autoridades de detener a las personas encarceladas por motivos de conciencia tras el cumplimiento de sus condenas, alegando que suponen una amenaza para la seguridad del Estado y que necesitan rehabilitación. Se suele trasladar a las personas encarceladas cuya excarcelación está prevista de la prisión desde Al-Razeen al Centro Munasaha (de asesoramiento), que, a pesar de que su nombre significa tolerancia, no es más que otro edificio de la misma prisión que se encuentra aislado de los demás pabellones.
Según fuentes fidedignas, se ha informado a las personas encarceladas por motivos de conciencia cuya liberación está prevista en los próximos meses de que no serán puestas en libertad, sino que serán sometidas al llamado programa Munasaha, en el que permanecerán detenidas de forma indefinida.
En Egipto, a pesar de la extensa campaña de solidaridad internacional para pedir la liberación de Alaa Abd El-Fattah, este continúa entre rejas en huelga de hambre desde hace más de 150 días para protestar por las malas condiciones de su encarcelamiento y por su privación continuada de libertad en violación de su derecho a la libertad de expresión. Sin duda, la reunión con el presidente Biden ha dado al presidente Abdel Fattah Al-Sisi más poder para desmantelar el movimiento de derechos humanos y mantener a Abd El-Fattah y a otras personas en prisión.
El Reino Unido tiene la responsabilidad de intervenir para protegerlo y debe contribuir a la puesta en libertad de Abd El-Fattah, que tiene doble nacionalidad británica y egipcia. Todavía no ha recibido una visita consular del Reino Unido, se le sigue negando la posibilidad de comunicarse con su equipo letrado británico y continúa pidiendo que un juez investigue las denuncias que él y su familia han presentado por su injusta detención. Entretanto, el tiempo se agota mientras la salud de Abd El-Fattah sigue deteriorándose considerablemente.
Durante su visita a Arabia Saudita, el presidente Biden también se reunió con el primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kadhimi, en medio de una profunda crisis política en el país. Asimismo, en Iraq, las personas defensoras de los derechos humanos se ven constantemente expuestas a ataques y asesinatos, sin que se intente disuadir de modo alguno a sus agresores, en su mayoría miembros de grupos armados. Por otra parte, carecen absolutamente de la protección que el gobierno debe proporcionarles para que realicen su labor pacífica y legítima en defensa de los derechos civiles y humanos de toda la ciudadanía. La defensora de los derechos humanos Riham Yaqoub y el periodista y conocido experto en seguridad Hisham Al-Hashemi se encuentran entre las centenas de personas que se han manifestado pacíficamente y de miembros de la sociedad civil a quienes se ha asesinado mientras el gobierno no ha llevado a los autores ante la justicia, lo que es una clara muestra claramente la cultura de impunidad generalizada en el país.
En otro lugar de Oriente Medio, el 18 de agosto de 2022, las fuerzas israelíes hicieron una redada contra seis grupos de derechos de la sociedad civil palestina en Cisjordania, entre ellos Al-Haq, cuyasoficinas en Ramallah fueron asaltadas, sus artículos confiscados y la entrada principal cerrada con placas de hierro, dejando una orden militar en la que se declaraba a la organización ilegal. Al-Haq es miembro de la OMCT, así como de la FIDH, que protestó por la redada y el cierre. Los otros grupos cuyas oficinas se ha allanado son Addameer, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Defensa de los Niños Internacional-Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Estos seis grupos de derechos humanos fueron ilegalizados por Israel en octubre de 2021 bajo acusaciones inventadas de "terrorismo".
Esta amenaza a la sociedad civil se produce un mes después de la visita del presidente Biden, del 13 al 15 de julio de 2022, a Israel, que ha tenido un papel destacado en la configuración de la política estadounidense en la región. Las organizaciones de derechos humanos también se mostraron decepcionadas por el hecho de que el viaje no se tradujera en justicia para las periodistas palestinas Shireen Abu Akleh y Ghufran Warasneh, asesinadas por las fuerzas israelíes, en el marco de un patrón de asesinatos de periodistas palestinos/as con total impunidad.
Es hora de poner fin al apoyo incondicional que se presta a los gobiernos opresores de la región de Oriente Medio y Norte de África. Los derechos humanos deben ser la principal prioridad en todo momento. Estados Unidos y el Reino Unido –al igual que el resto de gobiernos democráticos– deben mostrar de forma visible su pleno apoyo a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en la región de Oriente Medio y Norte de África.