La Haya, 01 de marzo de 2024. A través de una decisión emitida hoy, la Sala de Apelaciones de la CPI denegó la apelación del gobierno venezolano, que se oponía a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de reanudar las investigaciones en Venezuela.
Durante la audiencia, al anunciar la decisión, la Sala de Apelaciones coincidió con la Sala de Cuestiones Preliminares en que Venezuela no ha investigado suficientemente los crímenes de lesa humanidad, explicando que "las investigaciones internas sobre actos aislados, sin examinar la naturaleza sistemática de su comisión y sin investigar las alegaciones de hecho que sustentan los elementos contextuales ... no abordan los intereses jurídicos específicos protegidos por los crímenes de lesa humanidad."
La apelación interpuesta por los representantes de Venezuela en junio de 2023 fue la última en una serie de recursos que tenían como objetivo detener la reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI. Esta investigación se centra en los delitos cometidos principalmente en el marco de las protestas de 2017, en donde se reportaron patrones que constituirían crímenes de lesa humanidad.
En abril de 2023, la amplia mayoría de las 8900 víctimas que entregaron sus opiniones a la CPI pidieron de manera categórica que el Fiscal de la CPI reanude la investigación sobre la situación en Venezuela, haciendo referencia a la situación de impunidad y la falta de investigaciones genuinas en el país, lo cual se confirmó durante las audiencias sobre la apelación organizadas en noviembre de 2023.
Cabe recordar que en diciembre de 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existía un fundamento razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución, por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos actuando a favor del Gobierno.
En un contexto marcado por el desmantelamiento del estado del derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro. Un ejemplo de esta persecución, que sigue aumentando en el país, es el caso de Rocío San Miguel, histórica figura defensora de derechos humanos, que fue arrestada y judicializada el 13 de febrero de 2024 de manera arbitraria por supuestos hechos de espionaje y conspiración, acusaciones carentes de evidencia.
La FIDH y PROVEA también manifiestan preocupación sobre el reciente anuncio del gobierno venezolano que ordenó la expulsión inmediata de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del país. En ese sentido, frente a esta nueva decisión, instan al gobierno venezolano a cooperar plenamente con la Fiscalía de la CPI en su investigación y en el marco del acuerdo de cooperación firmado con ella.