París, Bogotá, 14 de Septiembre de 2020.- La FIDH, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) muestran su grave preocupación por la ola de violencia y masacres en las últimas semanas en Colombia. La no implementación del Acuerdo de Paz por el Gobierno de Duque, entre otras causas, exacerba la violencia en el país, y la hace más visible en un contexto de pandemia. Estos hechos reflejan una violación múltiple de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y a la dignidad.
Por ello, implementar los Acuerdos de Paz es una consigna imprescindible para disminuir la ola de violencia y garantizar la vida y dignidad, en especial de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, de defensores de derechos humanos, de líderes y lideresas sociales, así como de los firmantes de la paz. El desmantelamiento y desestructuración de los grupos paramilitares hacen parte de los compromisos del Acuerdo, y hasta ahora, las acciones del gobierno han sido deficientes e insuficientes.
En los últimos días se han producido varias masacres en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander y Bolívar, que han cobrado la vida de más de 40 personas. Jóvenes, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, se encuentran entre las principales víctimas de estos trágicos hechos. Muchas de las personas asesinadas en estas masacres eran víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Estos hechos vienen a revictimizar a sus familias y reactivar situaciones de violencia estructural. En lo que va de 2020 han ocurrido más de 40 masacres con un saldo de más de 180 personas asesinadas [1] , lo cual representa un aumento considerable en comparación a 2019 donde hubo 36 masacres con 133 víctimas mortales en todo el año. [2]
Sumado a esto, la persistencia de los asesinatos de lideresas, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos que en lo que va del 2020 alcanza 205 y de 42 firmantes de los Acuerdos de Paz [3] enciende las alarmas del recrudecimiento y exacerbación de la violencia en el país, así como la necesidad desde la comunidad internacional de acompañar y seguir monitoreando la implementación de dicho acuerdo. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, 971 líderes y lideresas sociales han sido asesinados, de los cuáles 681 casos hacían parte de organizaciones campesinas (342), indígenas (250), afrodescendientes (71), ambientalistas (6) y comunales (79). [4]
A su vez, a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) se ha constatado un aumento de las agresiones contra personas defensoras, así como la falta de superación de las causas estructurales que generan la violencia contra ellas, como la persistencia de la estigmatización, la impunidad y el paramilitarismo. Lamentamos que Colombia sea uno de los países en donde las personas defensoras del medio ambiente se encuentran siendo amenazadas y hostigadas en el ejercicio de su labor. Vea: «Cinco países mortíferos para defensores del medio ambiente ». DW, Julio 2020
Recordamos que ninguna sociedad democrática y en paz se construye en la base de la impunidad. Consideramos que es necesario que no ocurra como en los casos de ejecuciones extrajudiciales en donde las dinámicas de impunidad persisten y hasta ahora, no se han investigado a sus responsables ni garantizado los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación ni garantías de no repetición de las víctimas.
Frente a lo expuesto, la FIDH y sus organizaciones miembros exhortan al Estado colombiano a:
– Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las masacres ocurridas en las anteriores semanas, garantizando la lucha contra la impunidad y búsqueda de la verdad.
– Dar cumplimiento a los Acuerdos en materia de reforma rural integral, planes de desarrollo con enfoque territorial, garantías para la participación política, la preservación de la vida, seguridad e integridad personal de líderes sociales, excombatientes, reincorporados y sus familias, los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y las garantías para la reincorporación social, económica y comunitaria de los excombatientes. [5]
– Poner fin a todo tipo de amenazas, atentados y actos de hostigamiento, y asegurar garantías para todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
La FIDH y sus organizaciones miembros invitan al Estado colombiano a cumplir con su obligación de proteger a la población colombiana e instan a la comunidad internacional a ejercer un papel de vigilancia y observación para que se esclarezcan los hechos ocurridos recientemente y se sancione a los responsables.