Resolución sobre el proceso de paz en Colombia por una paz estable y duradera en Colombia

19/11/2019
Declaración

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) reunida en Taipei, Taiwan del 21 al 25 de octubre de 2019 en su 40 Congreso Mundial, hace pública su preocupación por la baja implementación del Acuerdo de Paz en Colombia e insta al Gobierno del presidente Iván Duque Márquez a que se comprometa con la realización efectiva de los compromisos allí incluidos:

CONSIDERANDO

1. Que en su 39º Congreso celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, la FIDH y sus 178 ligas celebraron la suscripción del Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno Nacional y la guerrilla FARC-EP, el cual puso fin a una confrontación armada de más de 60 años.

2. Que la FIDH viene observando con esperanza, pero con aguda preocupación los desarrollos del proceso de paz en Colombia. En particular a través del Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) ha constatado un aumento de las agresiones contra personas defensoras, así como la falta de superación de las causas estructurales que generan la violencia contra ellas, como la persistencia de la estigmatización, la impunidad y el paramilitarismo.

3. Asimismo, la FIDH y sus ligas monitorean en el marco de su mandato, y con apoyo de la Unión Europea la implementación del punto 5 del Acuerdo de Paz sobre derechos de las víctimas, y procura a las víctimas el acceso a los órganos creados para la realización de sus derechos: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBP). Si bien, los órganos se encuentran en funcionamiento, la FIDH ha llamado la atención sobre los obstáculos que ha puesto el Gobierno a la firma de la Ley Estatutaria que garantizaría el funcionamiento pleno de la JEP, así como a las barreras de participación, seguridad y acceso a la información que han encontrado las víctimas en diferentes momentos. Preocupa igualmente la desfinanciación de los órganos que podría afectar el cumplimiento de su misión.

4. De implementarse efectivamente, el Acuerdo de Paz puede realizar la voluntad de quienes en Colombia y desde la comunidad internacional de derechos humanos, han luchado por la construcción de un país en el que se realice el ideal de integralidad de los derechos humanos. El Acuerdo, tiene una proyección transformadora de las realidades rurales y los territorios, de los derechos políticos de los actores, de la participación política de las comunidades, de la solución a la problemática de las drogas ilícitas, de la afectación particular que sufrieron las mujeres, niñez, población LGBT y comunidades étnicas, y de los derechos de las víctimas en un nuevo modelo de justicia transicional.

5. Hoy la débil y lenta implementación del Acuerdo pone en riesgo lo alcanzado. Particularmente, los puntos de Reforma Rural Integral (punto 1) y Solución Integral al Problema de las drogas ilícitas (punto 4) sufren graves retrasos, mientras que a nivel de legislación y políticas públicas se promueven iniciativas de militarización, erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y desarrollo basado en el extractivismo en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz que contradicen su espíritu y propósitos.

6. Igualmente, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, en sus informes al Consejo de Seguridad (S/2018/874, S/2018/1159, S/2019/265, S/2019/530) ha llamado la atención sobre los obstáculos socioeconómicos del proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes, la persistencia de grupos sucesores del paramilitarismo, así como el aumento del asesinato de excombatientes y sus familias. También se ha advertido un incremento de los disidentes del proceso, factor creciente de riesgo en los territorios.

7. El mundo requiere, que este esfuerzo de Colombia y la comunidad internacional, sea cumplido y continuado por el Estado Colombiano, como parte de lo que significa que las guerras y conflictos se detengan, y se anteponga el carácter imperativo de unas sociedades más justas y democráticas, como la mejor forma de proteger los derechos humanos y de prevenir su violación.

El Congreso de la FIDH, insta a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a continuar rodeando el proceso de paz en Colombia, reconocer su significado en materia de salvaguarda de miles de vidas de integrantes de la fuerza Pública, excombatientes, civiles, y defender su implementación.

Igualmente, exhorta al Gobierno Nacional de Colombia a:

1. Dar cumplimiento a los Acuerdos en materia de reforma rural integral, planes de desarrollo con enfoque territorial, garantías para la participación política, la preservación de la vida, seguridad e integridad personal de líderes sociales, excombatientes, reincorporados y sus familias, los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y las garantías para la reincorporación social, económica y comunitaria de los excombatientes.

2. Garantizar la independencia de la labor de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, su adecuada financiación que permita su despliegue territorial, protección a las víctimas y efectivo desarrollo de su mandato. Asimismo, prorrogar la vigencia de la ley de Víctimas (ley 1448 de 2011) y del Sistema Nacional de Atención y de Reparación Integral a las Víctimas.
4. Detener la estigmatización e incitación a la violencia contra líderes sociales, excombatientes, y sus familias, miembros de los PDETS y PNIS, e implementar las instancias y mecanismos de protección establecidos en el Acuerdo, tales como la Comisión de Garantías de Seguridad y la construcción de una política de desmonte del paramilitarismo, el Plan Estratégico de Seguridad y los Programas de Protección para comunidades, excombatientes, reincorporados y sus familias.
5. Fijar, apropiar e implementar sin más dilaciones, los recursos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones, para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS), el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRNR).
6. Construir en una política de paz integral, que incluya el sometimiento a la justicia de los grupos sucesores del paramilitarismo y la reanudación de diálogos formales con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y avanzar en la suscripción de acuerdos y compromisos humanitarios.

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