Pena de muerte

La FIDH se opone a la pena de muerte para cualquier delito y en cualquier circunstancia y trabaja activamente junto con sus organizaciones miembros para conseguir su abolición universal. La pena de muerte constituye un tratamiento inhumano e incluso una forma de tortura. Además, la FIDH ha demostrado que la pena de muerte, en general, se pronuncia tras juicios injustos y su aplicación a menudo tiene un carácter discriminatorio. Por último, la FIDH recuerda que su supuesto efecto preventivo nunca se ha demostrado. La última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hacía un llamamiento por una moratoria universal de la utilización de la pena de muerte y que fue aprobada por 117 países en diciembre de 2014, confirma la creciente dinámica internacional a favor de la abolición.
Hoy en día, más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Por lo tanto, la FIDH pide la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones, la ratificación universal de los tratados que establecen la abolición, incluido el Segundo Protocolo facultativo del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos. La FIDH es miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

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