La FIDH acoge favorablemente la confirmación, por parte de la Corte Suprema de justicia chilena, de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago levantando definitivamente la inmunidad parlamentaria de Ausgusto Pinochet. Esta decisión constituye una prueba suplementaria de la madurez de la sociedad chilena en su delicado camino de transición hacia la democracia.
La FIDH considera que la justicia chilena ha manifestado de esta manera una vez más su independencia respecto de las presiones múltiples ejercidas por el ejército chileno. Si la detención de Augusto Pinochet en Londres durante 17 meses ya representó un avance considerable de la justicia penal internacional en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad, la importancia de la decisión de la Corte Suprema, más allá de su carácter simbólico, debe considerarse desde la perspectiva de la espera de las familias de las víctimas y de los defensores de los Derechos Humanos, que realizan en este sentido un combate atrevido y pertinaz que la FIDH acoge con entusiasmo.
La FIDH subraya que, mediante esta decisión, que permite que el dictador rinda cuentas ante la sociedad chilena, la justicia de este país no sólo evita la exoneración del principal responsable de los crímenes cometidos durante la dictadura, sino que también, de manera más general, persiste en la lucha contra la impunidad, que ha permitido la detención de varias decenas de oficiales superiores y de responsables militares, culpables de crímenes de asesinato y de tortura.
La FIDH desea que el proceso judicial se produzca e invita al gobierno chileno a continuar su transición democrática, elaborando una nueva constitución que sustituya a la actual, indigna, que fue escrita e implementada por el mismo General Pinochet en 1981 y que tenía como único objetivo el de permitir al antiguo dictador mantenerse en el poder.