Pinochet, en el proceso abierto en marzo de 2000 por el juez Juán Guzmán Tapia, se encontraba acusado en tanto que encubridor de 57 homicidios y 18 secuestros, perpetrados por comitiva militar denominada "Caravana de la muerte". La sentencia de la Corte Suprema, dictada por cuatro votos a favor y uno en contra, confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinaba que Pinochet no se encuentra en un estado mental adecuado para enfrentar un juicio.
Según Hugo Gutiérrez, abogado del caso y miembro de CODEPU (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo), organización miembro de la FIDH, dicha decisión comporta un elemento positivo ya que la Corte reconoce que Augusto Pinochet es responsable de los crímenes que se le imputan. Sin embargo, las consideraciones políticas han prevalecido una vez más sobre las consideraciones jurídicas, lo que ha permitido la persistencia de la impunidad del dictador chileno. La FIDH comparte la apreciación de Gutiérrez, según quien "La opinión pública lo tiene muy claro: Pinochet no está loco, no está demente". Esta decisión de la Corte es particularmente preocupante porque la defensa de Pinochet podrá utilizarla en otros procesos contra el dictador por crímenes cometidos durante la dictadura ante la justicia chilena.
Ante la persistencia de la impunidad de Pinochet en Chile, la FIDH confía en que los procesos iniciados en otros países, como por ejemplo en Francia, según el principio de competencia universal, del que la FIDH es parte civil, sigan su curso y determinen las responsabilidades de Pinochet en estos asesinatos. Ante la incapacidad de la justicia chilena para juzgar algunos de estos asesinatos graves, la FIDH recuerda la importancia de la justicia internacional para poner remedio a esta carencia manifiesta.
El mismo 1 de julio en el que la justicia chilena dicta el sobreseimiento de Pinochet, entra en vigor la Corte Penal Internacional. Dicha jurisdicción permanente, que posee competencia para juzgar los crímenes más graves, como los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de agresión, podrá juzgar crímenes como los cometidos por Pinochet a partir de esta fecha, cometidos por un nacional o sobre el territorio de un Estado parte de la CPI, en caso de que estos crímenes no sean juzgados por las jurisdicciones nacionales.
Chile, junto a México y Guatemala, entre otros, constituye uno de los pocos países en América latina que no ha ratificado el Estatuto de la Corte, lo que nos hace temer una escasa voluntad por parte de las autoridades de castigar a los autores de los graves crímenes cometidos en Chile.
Para evitar cualquier tipo de ambigüedad en lo que se refiere a este tema, la FIDH urge a las autoridades chilenas a que depositen en el más breve plazo sus instrumentos de ratificación de los Estatutos de Roma.