En las declaraciones a la prensa del 17 de marzo del secretario de Estado, Mike Pompeo (en inglés), la intimidación al personal de la CPI alcanzó un nuevo punto álgido al nombrar específicamente a dos personas de la Fiscalía antes de hacer extensivas las amenazas a ellas y a sus familias. Esto se produce tras las medidas adoptadas el año pasado por la administración estadounidense contra la CPI y la fiscal, con la retirada punitiva del visado de esta última por intentar investigar, de forma independiente e imparcial, presuntos crímenes cometidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las fuerzas militares de EE. UU. en el conflicto de Afganistán.
La comunidad internacional debe condenar firmemente estas flagrantes tácticas intimidatorias, que constituyen terribles ataques contra los principios fundamentales del Estado de derecho. Estos principios establecen claramente que nadie está por encima de la ley y que no pueden quedar sin castigo delitos que han sacudido la conciencia de la humanidad. Se debe mantener, con medidas urgentes y significativas, la promesa realizada por 123 naciones de poner fin a la impunidad mediante la creación de una Corte internacional e independiente, con el mandato de investigar las atrocidades –independientemente de su autoría– debe mantenerse a través de acciones urgentes y significativas. Esto supone brindar un apoyo inquebrantable a la Corte y a su personal, a quienes los Estados partes han encomendado hacer realidad esa visión. Es una promesa que debe cumplirse: están en juego el legado, la integridad y el futuro del sistema del Estatuto de Roma, al igual que las perspectivas de verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas, cuyo último recurso para obtener justicia es la CPI.
En sus declaraciones, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a la Corte como una "vergüenza" y un "organismo político" antes de rechazar su competencia, por el simple hecho de negarse a considerar que la conducta de los ciudadanos estadounidenses está por encima de la ley. A pesar de sus afirmaciones de que se exigirán responsabilidades ante los tribunales a aquellos de sus ciudadanos responsables de presuntos crímenes en el conflicto de Afganistán, hasta el momento la administración se ha negado a enjuiciar estos delitos, una lamentable omisión en el historial de derechos humanos del país. Además, el doble rasero de EE.UU., al apoyar las intervenciones de la CPI en determinadas situaciones, al tiempo que las rechaza en otras –sobre todo cuando se somete a examen a ciudadanos estadounidenses y a sus aliados– proyecta aún más dudas sobre sus motivos y el respeto del Estado de derecho.
La falta de respuesta adecuada de los Estados partes ante este patente intento de desmantelar el trabajo de generaciones para construir un sistema mundial en pro de la rendición de cuentas y el Estado de derecho, es, simplemente, vergonzosa. El abrumador silencio de los Estados sobre esta cuestión podría allanar el camino hacia el retorno a la ley de la selva donde los poderosos gozan de impunidad mientras se niega acceso a justicia y reparación para el resto.
Desde la creación de la Corte, los Estados partes han desempeñado un papel instrumental a la hora de conformar las actividades y el futuro de la misma. Aunque reconocemos los esfuerzos de los Estados para mejorar el desempeño de la Corte, estos deben revisar sus respuestas a las amenazas contra la Corte –amenazas persistentes y crecientes– y dar un paso al frente. En estos momentos es indispensable que los Estados partes respalden firmemente a la Corte, defendiendo, de manera pública y bilateral, su integridad, mandato y actividad.
Nuestra Federación reitera su apoyo a la Corte y a su misión, y condena todo intento de socavarla, entre otras formas, mediante la intimidación de su personal y las amenazas contra sus familias.