"Los autores de numerosas y graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas en territorios que no están bajo el control de las autoridades ucranianas siguen actuando sin que se les exija rendir cuentas como correspondería. Ucrania no reconoce la existencia de un conflicto armado, por lo que no se aplica ningún cuerpo legal adecuado, nacional o internacional. Sin embargo, estos delitos pueden constituir crímenes de guerra o delitos contra la humanidad bajo el Estatuto de la Corte Penal Internacional."
La impunidad reina en los territorios no controlados por el Gobierno de Ucrania, lo que constituye un duro golpe para la protección de los derechos humanos en el país. Abogados y activistas locales en favor de los derechos humanos documentan delitos cometidos desde el inicio del conflicto que muestran numerosos problemas relacionados con la falta de respeto del Estado de derecho.
El intercambio de prisioneros es una preocupación creciente para ambas partes del conflicto. Este intercambio ocurre en un vacío legal, que empeora el problema de las desapariciones forzadas en ambos bandos. Aproximadamente 3.000 prisioneros militares y civiles ucranianos en manos de las "fuerzas DNR-LPR" han sido intercambiados por separatistas capturados desde el principio del conflicto en 2014, de acuerdo con el Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) [1] Además de no estar regulado por ningún cuerpo legal, las circunstancias que rodean el intercambio se mantienen en secreto, incluso las localidades usadas para las detenciones temporales, las condiciones de cautiverio y el destino final de estos prisioneros intercambiados. Esta práctica ha pasado de afectar a casos individuales a convertirse en una práctica sistemática carente de toda transparencia y fuera del marco legal.
La monopolización de las negociaciones dirigida al intercambio de prisioneros por los Servicios de Seguridad se aceleró aún más desde la adopción de los acuerdos Minsk II en febrero de 2015, que exigen que ambas partes "velen por la liberación y el intercambio de todos los rehenes y las personas retenidas ilegalmente, con base en el principio de ‘todo para todos’" [2] El problema ha empeorado debido al requisito de amnistía, cuyo texto, además, no está bien redactado, y no define a las personas a las que afecta la amnistía ni las condiciones o procedimiento de una posible amnistía.
"Reiteramos que la amnistía para delitos internacionales y violaciones de derechos humanos graves es contraria a la legislación internacional y a las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ucrania y solo contribuiría a que prevaleciese la impunidad."
Desde el inicio del conflicto, las organizaciones de derechos humanos ucranianas han informado de un importante aumento de los casos de asesinatos y desapariciones forzadas, tortura y maltrato, detención ilegal y destrucción de la propiedad. Se han denunciado casos de delitos sexuales y por razón de género tanto contra mujeres como contra hombres, aunque sigan estando muy poco documentados. Por tanto, las conclusiones alcanzadas en el informe de la FIDH "Civiles atrapados en el fuego cruzado" [3] sobre la naturaleza sistemática y generalizada de los delitos cometidos en los territorios fuera de control del Gobierno ucraniano siguen siendo pertinentes. Se debe abordar urgentemente estos problemas. El conflicto armado en las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania ha generado vulneraciones serias de los derechos humanos, que pueden considerarse delitos internacionales. Se deben investigar estos incidentes de forma adecuada, a nivel nacional o internacional, y se debe identificar y procesar a los autores de delitos de guerra y de crímenes contra la humanidad.