El Estatuto de la CPI ha sido ratificado hasta la fecha por 90 países, de los cuales casi la mitad son Estados miembro de la ONU, y al mismo tiempo, los Estados Unidos acentúan su ofensiva contra la primera jurisdicción penal internacional permanente. Es absolutamente indispensable que los Estados que se comprometieron a luchar eficazmente contra la impunidad de los autores de los más graves crímenes opongan resistencia a las presiones políticas y económicas que buscan sabotear la institución misma de la Corte.
La FIDH hace un fuerte llamado a dichos Estados para que resistan tomando una posición firme y clara contra los acuerdos bilaterales de los Estados Unidos, quienes para garantizar la inmunidad de sus ciudadanos contra toda acción penal ante la CPI, llevan a cabo los acuerdos con una gran ofensiva con el objetivo de socavar el desarrollo de la CPI (ver el informe de posición de la FIDH "No a la excepción norteamericana: con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, los Estados Unidos emprenden una ofensiva contra la Corte Penal Internacional" ( http://www.fidh.org/justice/rapport/2002/cpi345n8esp.pdf )
Estos acuerdos bilaterales, promovidos por la administración norteamericana, fundados falazmente sobre el artículo 98 del Estatuto de Roma, podrían atentar gravemente contra el derecho internacional y contra los principios y objetivos de la Corte. Al 25 de junio del 2003, más de cuarenta Estados aceptaron dichos acuerdos, cantidad que podría ir en aumento teniendo en cuenta que los Estados Unidos han amenazado a diversos países con bloquear su apoyo militar si al primero de julio del 2003 no llegaban a un compromiso aceptable.
Según informaciones concordantes, el debate acerca de la aceptación de un acuerdo bilateral estaría en la agenda de la visita oficial de la delegación norteamericana conducida por el presidente Bush los días 6 y 7 de julio de este año en Senegal, primer país en ratificar el Estatuto de la CPI. El rechazo de las autoridades senegalesas con respecto a la firma de dicho acuerdo constituiría un verdadero símbolo de apoyo al primer aniversario de la CPI y a los países que hacen de la lucha contra la impunidad un objetivo prioritario.
En la víspera de la llegada del presidente Bush a Senegal, la FIDH hace un llamado a las autoridades senegalesas para que resistan a la presión norteamericana y de esta manera demostrar que le dan prioridad a la fuerza del derecho antes que al derecho de la fuerza.
La FIDH recuerda que con 90 Estados-Parte y con las elecciones llevadas a cabo durante este año (de 18 jueces el 7 de febrero, del Fiscal Luis Moreno Ocampo el 21 de abril y del secretario judicial Bruno Cathala el 25 de junio), esta institución se encuentra actualmente en marcha.
La CPI constituye un instrumento indispensable para los millones de víctimas que reclaman su derecho a la justicia. Para que su sufrimiento sea tomado en cuenta y para que sus prejuicios sean reparados, la Comunidad Internacional debe unirse e imponer la Corte Penal Internacional, instancia complementaria de las jurisdicciones nacionales, como instrumento de un nuevo orden mundial basado en la justicia y en los derechos de las víctimas.
La FIDH destaca que las iniciativas norteamericanas, que no constituyen sino un chantaje, se realizan en perjuicio del principio fundamental del derecho de las víctimas a un recurso efectivo.
Los expertos gubernamentales, universitarios y ONGs consultados por la Coalición Internacional por la CPI (CICC), de cuyo Comité Coordinador hace parte la FIDH, estiman que los acuerdos bilaterales propuestos por los Estados Unidos están basados en una interpretación errónea del Artículo 98-2 del Estatuto de Roma. Suscribirse a dichos acuerdos colocaría de manera particular a los Estados-Parte del Estatuto de Roma en contradicción flagrante con el derecho internacional, sobre todo en lo que respecta a las obligaciones establecidas en el Estatuto de la CPI.
Las organizaciones intergubernamentales que incitan a los Estados a abstenerse de firmar dichos acuerdos se van incrementando, como ocurrió el pasado abril durante el establecimiento del partenariado entre los Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico por un lado y la Unión Europea por el otro.
Con ocasión del primer aniversario de la CPI, la FIDH hace un llamado urgente a todos los Estados que hubieran firmado ya dichos acuerdos para que los anulen, y a los otros, a que rechacen categóricamente todo procedimiento norteamericano, sea cual fuera su forma, que terminaría hipotecando la eficacia de la CPI, en un momento en que ésta, por el contrario, necesita ver su legitimidad y su credibilidad fortalecidas.