En septiembre de 2019, la FIDH y la LDH, con el apoyo del PEJ, el Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz y el Monitor de Derechos Humanos de Sudán, presentaron una denuncia penal contra el banco en nombre de nueve demandantes sudaneses, en lo que supuso el primer intento de establecer la responsabilidad penal de una institución financiera francesa por su presunta complicidad en los crímenes internacionales cometidos en Sudán. En la denuncia penal contra BNP Paribas y su filial suiza, los demandantes alegan que el banco es responsable de complicidad en tortura, genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Sudán al menos entre 2002 y 2008, además de los delitos financieros de blanqueo de dinero y aprovechamiento del producto de un delito.
"PEJ cree firmemente que las partes secundarias que se benefician de atrocidades masivas son responsables del papel que desempeñan en la comisión de las mismas. La apertura de esta investigación judicial es un paso más hacia la justicia y una oportunidad para que se escuchen las voces de las víctimas".
PRÓXIMOS PASOS
A raíz de la decisión del juez superior de instrucción francés del Tribunal de París de abrir una investigación judicial sobre el papel del banco en las violaciones cometidas en Sudán, se procedió a nombrar tres magistrados/as de instrucción para el caso. De este modo, los nueve demandantes sudaneses, así como la FIDH y el LDH se constituyen en partes civiles en este caso. Pronto se permitirá a las partes civiles acceder al expediente confidencial del caso (a través de su defensa letrada) y podrán contribuir activamente a la investigación presentando escritos, mociones procesales y solicitudes de medidas de investigación.
Si en el curso de la investigación los/as magistrados/as de instrucción consideran que existen pruebas suficientes, procederán a citar y a presentar cargos contra los sospechosos. Los jueces de instrucción podrán decidir si presentan cargos contra el BNPP y su filial suiza en calidad de personas jurídicas, así como contra cualquier persona física a la que se considere responsable, en particular los principales directivos del banco en el momento de los hechos alegados. Habida cuenta de la complejidad del caso, se prevé que la investigación judicial dure varios años.
"Esperamos que los jueces franceses logren hacerse rápidamente con los resultados de la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos —lo que sería fundamental para el avance de su propia investigación—, y den un paso más para que quienes sufrieron torturas, crímenes de lesa humanidad y genocidio obtengan justicia. Las partes civiles sudanesas que representamos están impacientes por testificar ante los tribunales franceses",
En caso de que se los condenase por esos delitos, los directivos podrían ser condenados a una pena de prisión. El BNPP, como sociedad anónima, podría enfrentarse a una multa hasta cinco veces superior a la aplicable a los particulares, así como a una amplia serie de medidas, como la disolución, la imposición de una supervisión judicial o la prohibición de recibir financiación pública. Además, las partes civiles pueden reclamar al BNPP una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la conducta delictiva del banco.
ANTECEDENTES
Descrito como el "banco central de facto" de Sudán, BNP Paribas (BNPP) ha admitido haber actuado como principal banco extranjero del gobierno sudanés entre 2002 y 2008. Durante este periodo, el gobierno -a través de sus fuerzas militares y de seguridad y de las milicias Janjaweed- cometió violaciones generalizadas de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales (como tortura, crímenes contra la humanidad y genocidio) contra civiles sudaneses en Darfur, así como en otras zonas marginadas dentro de Sudán. Como consecuencia de las acciones del gobierno sudanés, decenas de miles de activistas sudaneses y civiles de a pie fueron asesinados, desplazados por la fuerza de sus hogares, detenidos, torturados y sometidos a tratos inhumanos o violados y sometidos a otras formas de violencia sexual.
En 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI está investigando las acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur desde el 1 de julio de 2002. La CPI emitió varias órdenes de detención en el marco de su investigación sobre Darfur, incluso contra el ex presidente Omar al-Bashir. Recientemente, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido como Ali Kushayb, se entregó al tribunal. Es sospechoso de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur.
No es la primera vez que el banco francés se enfrenta a una acción judicial en relación con Sudán. La estrecha relación de BNPP con el gobierno sudanés salió a la luz en junio de 2014 en el marco de un proceso penal contra el banco en Estados Unidos. BNPP fue acusado de violar las sanciones estadounidenses que restringen las transacciones financieras con Sudán, Irán y Cuba.
En virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, BNPP confiscó casi 9.000 millones de dólares. El Departamento de Justicia intentó destinar una parte de estos fondos a los supervivientes del conflicto de Sudán. PEJ ayudó a algunos de estos supervivientes a rellenar las solicitudes de restitución al Departamento de Justicia. Sin embargo, los supervivientes sudaneses no recibieron finalmente ninguna indemnización, ya que el Congreso de Estados Unidos desvió los fondos a las víctimas de atentados terroristas nacionales. El PEJ comenzó entonces a buscar otras vías de justicia en nombre de los supervivientes y, finalmente, se asoció con la FIDH para llevar a cabo un caso en Francia.