Justicia Internacional

Promover la justicia internacional contra la impunidad de los delitos más graves (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura o secuestros) contribuye a restablecer el respeto de los derechos humanos y de la norma jurídica en la sociedad y a hacer efectivos los derechos de las víctimas. La FIDH documenta estos delitos, asiste a las víctimas ante los tribunales y defiende la puesta en marcha y el funcionamiento efectivo de procesos independientes y de mecanismos judiciales eficaces.La FIDH interviene ante los tribunales nacionales, incluso en aplicación de la competencia extraterritorial o universal de los Estados, ante las jurisdicciones mixtas como las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya (CETC) y ante las internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).

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La FIDH ha adquirido una experiencia sin par en la lucha contra la impunidad, siendo la única organización internacional de defensa de los Derechos Humanos con vocación generalista, que actúa regularmente en el seguimiento judicial de las víctimas de delitos internacionales.

La FIDH interviene ante los tribunales nacionales, incluyendo en aplicación de la competencia extra-territorial o universal de los Estados y ante jurisdicciones internacionales como la Corte Penal Internacional y las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya.

La FIDH garantiza también que al definir y ejecutar actividades y estrategias, las instituciones y jurisdicciones internacionales respeten efectivamente los derechos de las víctimas.

- Corte Penal Internacional (CPI)
- Jurisdicción Extra-territorial e Universal
- Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC)

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El Grupo de Acción Judicial (GAJ) de la FIDH es una red de abogados, magistrados, juristas y académicos que, junto con el Área de Justicia Internacional del Secretariado Internacional de la FIDH, trabaja para que las víctimas tengan acceso a la justicia, para que se les restablezcan sus derechos y para que puedan beneficiarse de medidas de reparación. La FIDH brinda así asistencia jurídica a las víctimas constituidas como parte civil en juicios a nivel nacional y ante las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC por las siglas en inglés), y a las víctimas que participan en los procedimientos ante la CPI.

El mandato del GAJ consiste en:
- Acompañar a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos ofreciendo asistencia jurídica directa, aconsejándolas, representándolas y apoyándolas en cualquier acción judicial iniciada contra los presuntos responsables de los crímenes de los que son víctimas.
- Reunir los elementos jurídicos y factuales que permitan iniciar y apoyar las diligencias judiciales necesarias para la sanción de los autores de crímenes internacionales ante un juicio o presentar amicus curiae ante jurisdicciones nacionales, regionales o internacionales.
- Iniciar acciones judiciales ante jurisdicciones nacionales e internacionales para reforzar el acceso de las víctimas a la justicia y a la sanción de los autores de violaciones de derechos humanos.

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Patrick Baudouin, abogado en París y Presidente honorario de la FIDH, con a su lado

Clémence Bectarte, abogada en París, coordinan el Grupo de Acción Judicial.
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  • Corte Penal Internacional (CPI)

    La adopción del Estatuto que establece la Corte Penal Internacional (CPI), el 17 de julio de 1998, constituyó una etapa histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves. Por la primera vez, las víctimas tienen derecho a participar directamente en procesos penales internacionales.

    La entrada en vigor del Estatuto de la CPI el 1ro de julio de 2002 permite a la Corte ejercer su competencia a partir de esta fecha para juzgar individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

    La Corte es competente si esos individuos son nacionales de Estados que han ratificado su estatuto o han cometido crímenes sobre el territorio de dichos Estados. Estas condiciones no se aplican cuando es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien solicita la intervención de la Corte. Además, la Corte sólo puede intervenir si el Estado respectivo no cuenta con la capacidad o la voluntad de llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos.

    La CPI es una jurisdicción permanente y a vocación universal. Más de la mitad de los Estados ya han ratificado su estatuto. Aunque los Estados Unidos inicialmente entabló una activa campaña anti-CPI, su oposición tiende hoy en día a atenuarse, ya que se ha comprobado que su estrategia de debilitamiento de la Corte era ineficaz y que sus preocupaciones eran infundadas.

    La FIDH ha participado activamente en el establecimiento de la CPI. La organización ha trabajado por la ratificación y la implementación de su estatuto por la gran mayoría de los Estados. Hoy en día, la FIDH sigue los procesos ante la Corte y contribuye al diálogo entre la sociedad civil y la CPI, incluso por medio de su participación en la Coalición internacional de ONG por la CPI, que ha jugado un rol determinante en la creación de la CPI, y de la cual es miembro fundador; como también del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas. Asimismo, la FIDH alimenta los análisis preliminares e investigaciones de la Fiscalía de la CPI a través del envío -junto con sus organizaciones miembros en el país respectivo- de comunicaciones que informan sobre los crímenes cometidos en ciertos países y sobre la ausencia de investigaciones y procesos judiciales a nivel nacional. Además, a través de su Grupo de Acción Judicial (GAJ), la FIDH apoya concretamente a víctimas que participan en procesos ante la Corte.

    El Fiscal de la CPI ha abierto investigaciones en la República Democrática del Congo (junio de 2004), en Uganda (julio de 2004), en Darfur, Sudán (junio de 2005), en la República Centroafricana (mayo de 2007), en Kenia (marzo de 2010), en Libia (marzo de 2011), en Costa de Marfil (octubre de 2011) y en Mali (enero de 2013). La Fiscalía analiza igualmente la posibilidad de abrir investigaciones en otros países, incluyendo Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria, República de Corea y los Territorios palestinos. La CPI se enfrenta actualmente a numerosos desafíos: reforzar la cooperación -todavía insuficiente- de la parte de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales, hacer efectiva la participación de víctimas, implementar el principio de "complementaridad positiva", informar y sensibilizar a las poblaciones afectadas sobre los procesos ante la Corte, y encontrar el equilibrio entre la confidencialidad de las investigaciones y el respecto del derecho al debido proceso.

  • Jurisdicción Universal
  • Tribunales mixtos y ad hoc
  • Tribunales nacionales

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