• La primera hace del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible un derecho internacionalmente reconocido, y sitúa plenamente la protección del medio ambiente en el ámbito de los derechos humanos (43 a favor, 4 abstenciones, 0 en contra).
• La segunda crea un mandato para la designación de un Relator Especial (experto de la ONU) sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático (42 a favor, 4 abstenciones, 1 en contra).
El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano permitirá desarrollar obligaciones para los Estados y una legislación medioambiental más fuerte y mecanismos judiciales más fuertes para hacer valer este derecho. Es especialmente importante para las comunidades afectadas por las empresas contaminantes y para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que luchan a diario para proteger el planeta.
Se trata de la consolidación de dos luchas que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y más de un millar de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, expertos y diplomáticos han llevado a cabo durante años.
En septiembre, la FIDH lanzó #SeeYouInCourt, una campaña cuyo objetivo central era exigir el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente sano en nombre de las comunidades afectadas por las empresas contaminantes.
"La ONU da un paso histórico al reconocer el derecho fundamental de todos a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible y al reforzar su arsenal de lucha contra el cambio climático. Llena un vacío legal que beneficiaba a los Estados y a las empresas contaminantes. Pero hay urgencia, y nuestra movilización no ha hecho más que empezar"
Con la fuerza de este primer paso, la FIDH mantiene la presión para que los Estados actúen rápidamente en respuesta a la crisis medioambiental y climática. En particular, insta a los Estados que se reunirán en la COP26 en noviembre, así como a la Unión Europea, que actualmente trabaja en un proyecto de directiva sobre el deber de diligencia, a regular a los actores económicos para responder al punto ciego de las políticas climáticas y medioambientales: la responsabilidad de las empresas.