La coalición Don’t Buy into Occupation (DBIO) [No contribuya a la ocupación] es un proyecto conjunto de 25 organizaciones palestinas, regionales y europeas con sede en Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Reino Unido, entre las que se encuentran la FIDH y sus organizaciones miembros Al-Haq y el Instituto de Derechos Humanos de El Cairo. La coalición investiga las relaciones financieras entre las empresas que actúan en los asentamientos ilegales israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y las instituciones financieras europeas. [1]
Proporcionar oxígeno económico
Los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional y constituyen actos por los que se incurre en responsabilidad penal individual, así como crímenes contra la humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). A pesar de ello, las instituciones financieras europeas continúan invirtiendo miles de millones en empresas que participan activamente en la economía de los asentamientos israelíes.
La reciente investigación realizada por la coalición DBIO muestra que, entre 2018 y mayo de 2021, 672 instituciones financieras europeas, entre ellas, bancos, gestores de activos, aseguradoras y fondos de pensiones, mantuvieron relaciones financieras con 50 empresas que participan activamente en los asentamientos israelíes. [2] Aportaron 114 000 millones de dólares en forma de préstamos y suscripciones. En mayo de 2021, los inversores europeos eran titulares de 141 000 millones de dólares en acciones y obligaciones de estas empresas.
Estas empresas e instituciones financieras desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar el crecimiento y la viabilidad económica de los asentamientos israelíes.
"Las actividades que estas empresas llevan a cabo en relación con los asentamientos –a través de inversiones, préstamos bancarios, extracción de recursos, contratos de infraestructuras y acuerdos de suministro de equipos y productos– les proporciona el oxígeno económico indispensable que necesitan para crecer y prosperar."
Responsabilidad empresarial
Las empresas, los acreedores y los inversores tienen la responsabilidad de garantizar que no participan en violaciones del derecho internacional y que no son cómplices de crímenes internacionales, y deben asimismo responder a cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos derivado de sus actividades empresariales y relaciones financieras.
Se espera que las empresas den una respuesta rápida y consideren la posibilidad de desvincularse de forma responsable. Las instituciones financieras internacionales, entre ellas, los bancos y los fondos de pensiones, también tienen la responsabilidad de utilizar su influencia para garantizar que las empresas en las que invierten actúan de forma responsable y cumplen las normas del derecho internacional, así como de desvincularse de aquellas que no puedan o quieran hacerlo.
Recientemente, diversas instituciones financieras y empresas han asumido su responsabilidad y se han desprendido de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes. Los dos ejemplos recientes más importantes son los de Kommunal Landspensjonskasse (KLP) y el Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). KLP es el mayor fondo de pensiones de Noruega, que en julio de 2021 se desprendió de 16 empresas vinculadas a los asentamientos israelíes. Del mismo modo, el GPFG anunció en septiembre de 2021 que excluiría a tres empresas que participan activamente en los asentamientos israelíes. Las 19 compañías que KLP y GPFG excluyeron figuraban en la base de datos de la ONU sobre empresas que participan en determinadas actividades relacionadas con los asentamientos israelíes en los TPO, que había sido encargada por el Consejo de Derechos Humanos en 2016, y que se publicó en febrero de 2020.
"A pesar del carácter ilegal de los asentamientos israelíes según el derecho internacional, las instituciones financieras europeas siguen proporcionando un salvavidas financiero a las empresas que operan en los asentamientos. Las instituciones financieras europeas deben asumir su responsabilidad y seguir el ejemplo de KLP y GPFG. Deben poner fin a todas las inversiones y flujos financieros hacia los asentamientos israelíes, y no contribuir a la ocupación israelí".