Los representantes de la comunidad Piquiá de Baixo, en el Estado de Maranhão en Brasil firmaron el pasado Lunes 17 de Septiembre el contrato que autoriza el inicio de la construcción del nuevo barrio donde serán reubicadas 312 familias. Esta noticia llega después de más de treze años de lucha de los habitantes de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil frente a las empresas siderúrgicas y mineras responsables de la degradación ambiental que ha puesto en peligro la salud de los habitantes. El desarrollo del proyecto del nuevo barrio se llevó a cabo por los mismos habitantes de Piquiá, con el apoyo de una asesoría técnica elegida por ellos, tras su decisión de ser reasentados después del daño irreparable causado por las empresas. Los costos de financiar la construcción fueron asumidos por el Estado y en una menor parte, por las empresas y la comunidad.
En 2011, la FIDH, Justiça Global (JG) y Justiça nos Trilhos (JnT), publicaron un informe denunciando las consecuencias de las actividades de Vale S.A., el gigante minero, y las industrias de acero en su cadena de suministro sobre los derechos humanos de las poblaciones Piquiá de Baixo y California, en Açailândia, en el Estado de Maranhão.1 Los resultados del informe alertaron sobre la contaminación generalizada y numerosos problemas de salud de los miembros de la comunidad – en particular problemas respiratorios – ; señalaron el acoso de defensores de derechos humanos que han denunciado los impactos adversos vinculados a las actividades de Vale, así como las inombrables dificultades para la obtención de reparación por daños sufridos. Siete años después, la firma del contrato de construcción es un logro para la población local. Sin embargo, el camino para lograr la reparación integral aún es largo. Este avance debe dar pie al reconocimiento de la responsabilidad por parte de las empresas y del Estado, y permitir avanzar hacia la reparación integral de toda la poblacion afectada. Con ocasión de la firma del contrato de construcción del nuevo barrio, nuestras organizaciones esperan que tanto el Estado como las empresas garanticen que el proceso de reubicación avance sin grandes dificultades, para que la reubicación se efectúe lo más pronto posible.