La comunidad de Piquiá de Baixo, Açailandia -MA- Brasil, hace más de 30 años sufre como consecuencia de la polución causada por diferentes empresas siderúrgicas y carboníferas. De acuerdo con el informe publicado en 2011 por la FIDH junto con sus organizaciones miembro y aliadas en Brazil, Justiça Global y Justiça nos Trinlhos, entre los impactos sufridos por estas comunidades se encuentran afectaciones al medio ambiente que han tenido un impacto significativo sobre la salud y la integridad física de los miembros de las comunidades, las condiciones de vida se han degradado, adicionalmente los han encontrado dificultades en acceder a la informaciónsobre las empresas y los proyectos desarrollados en la zona, irregularidades en los procesos de aprobación de los estudios de impacto ambiental y ataques a la honra, reputación y la libertad de expresión de los defensores y actores sociales a favor de las comunidades afectadas.
En consequencia de la importante contaminación constatada durante el proceso de documentación, se iniciaron desde 2011 y con el apoyo de la FIDH, discusiones con la oficina del procurador de Acâlandia y miembros de la comunidad, con el fin de lograr un acuerdo para su reasentamiento, como una posible medida de mitigación de algunos de los impactos documentados.
Luego de que dicho proyecto de reasentamiento fuera seleccionado para ser financiado por el Programa Mi Casa Mi Vida, del gobierno federal, la comunidad espera, hace ya casi un año, la aprobación del proyecto ejecutivo del nuevo barrio por la Gerencia Habitacional de la Caja en San Luis, que ha colocado diversos obstáculos, algunos de los cuales contradicen a la propia ordenanza del Ministerio de las Ciudades para el programa y la legislación urbanística vigente en el municipio.
En solidaridad con las comunidades afectadas de Piquia de Baixo hacemos un llamado al Ministerio de las Ciudades y a la Caja Económica Federal, para que el proyecto ejecutivo sea definitivamente aprobado y la selección complementaria sea luego efectuada, para garantizar el reasentamiento y proteger así el derecho de las comunidades a una vida digna.